Cuando era un reportero (más) joven, tuve una jefa de redacción que me envío a la Legislatura de Puerto Rico para que averiguase cuántos proyectos de ley había presentado cada legislador. De acuerdo a su criterio, esta información serviría de vara para medir cuáles legisladores verdaderamente estaban haciendo su trabajo. De mi experiencia cubriendo el Capitolio, como se le conoce a nuestra Casa de las Leyes, me estuvo que esta vara era injusta. Unos cuantos años después estoy más seguro que nunca que esta manera de medir efectividad legislativa es además peligrosa.
Y lo peor es que los mismos legisladores, guiados por tales varas artificiales, se afanen por presentar la mayor cantidad de proyectos de ley posible. El peligro está en que, aunque sea por casualidad, la pieza pase el cedazo de ambas cámaras legislativas y la firma del gobernador de turno la convierta en ley. Las quejas de legislación repetida son algo común entre aquellos afectados de una forma u otra, ya sean consejeros legales o personas directamente afectadas por dichos proyectos. (Especialmente cuando se convierten en ley). Los legisladores tienen varias tareas para demostrar su efectividad y dedicación. Se supone que acudan, participen y aporten en vistas legislativas y que participen en el debate que se da en el Capitolio y en la vida pública. Los que tienen precintos o distritos que atender tienen sus manos llenas atendiendo a sus comarcas. Presentar legislación no es ni debe de ser la única vara para medir su compromiso con el servicio público.
Cuando uno se confronta con leyes como la muy criticada Ley 108 de 1985, según enmendada, que afecta a la industria de espectáculos, es claro que las buenas intenciones y el afán legislativo por medidas de corte populista pueden hacer mucho daño. Dicha ley concede descuentos de un “módico” 50 por ciento por concepto de entrada en instalaciones del Estado a personas de 60 años en adelante. Originalmente, la ley, que se inauguró en el 1985, establecía 65 años como el punto de partida, y entonces vino una enmienda de 1995. Para el horror de todos los que participan en una producción artística, ya sea productores, actores, directores, técnicos o músicos, esta ley también le otorga la entrada gratis a las personas de 75 años en adelante.
La consecuencia de esta ley es que es muy difícil ganar dinero en un espectáculo que se presenta en tales instalaciones. Es demasiado común que un proyecto artístico resulte perdidoso o no sea viable. Ya se está hablando de movimientos en la Legislatura para enmendar la ley. Para agravar la situación los productores de los espectáculos que se presentan en dichas salas tienen que ceder una buena cantidad de los boletos por razones de cortesía, ya sea a funcionarios públicos o miembros de juntas rectoras de las instalaciones mismas. Se dice que se está hablando en la Casa de las Leyes de eliminar estas concesiones y la parte de la ley que otorga libre entrada a envejecientes. Pero esto implica que todas las personas de la llamada tercera edad serían beneficiadas por el descuento de 50 por ciento. Lo insólito es que en pleno siglo 21 se considere los 60 como edad especial o avanzada, ya que no solo estamos viviendo más que nunca, sino que a los 60 para gran parte de la gente se está comenzando otra etapa profesional. Creo que todavía hacen falta más cambios a la ley, tales como asignar solo una cantidad determinada de boletos de descuento, para que se beneficie de veras la industria. Nuestra cultura solo puede resultar beneficiada con más cambios que harían viable más producciones.