Hace largo tiempo que el movimiento de mujeres viene reclamando en Argentina por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En América Latina es ilegal excepto Cuba, Puerto Rico, Uruguay y el Distrito Federal Mexicano. El resto de los países poseen despenalización por causales (en algunos como Chile es totalmente restrictivo, debate que se puede abrir luego de las recientes declaraciones de la presidenta Bachelet) que en muchos casos están previstas hace casi un siglo en los códigos penales.
Esta es la realidad de Argentina donde el Código Penal del año 1921 penaliza el aborto exceptuando en caso de riesgo de vida de la madre o violación de mujer demente o idiota. Esta última cláusula fue aclarada por un Fallo de la Corte Suprema de Justicia en año 2012 que reafirma el carácter legal del derecho al aborto para toda mujer violada a sola declaración jurada de la mujer sin que medie la necesidad de una denuncia judicial. Por otro lado, insta a la nación y a las provincias a emitir protocolos para su efectivo cumplimiento. Esta recomendación, para los casos denominados como “Abortos No Punibles”, ha tenido un cumplimiento parcial y con dificultades de aceptación en algunas provincias.
Sin lugar a duda, la cuestión del derecho al aborto implica muchas consideraciones para que resulte tan dificultosa su implantación y legalización. En nuestro país existe desde la década del ’60 una trayectoria significativa de demandas por la sanción de una legislación adecuada sostenida por diferentes agrupaciones políticas y sociales, pero más cercanamente (¡y ya son nueve años!) se articuló, en el año 2005 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito organizada desde el movimiento de mujeres inicialmente y con alcance nacional como su nombre lo indica. Poco a poco y al calor de los Encuentros Nacionales de Mujeres, muchísimas organizaciones de todo el país se fueron sumando así como una diversidad importante de actores sociales, corriéndola del lugar exclusivo del movimiento de mujeres.
La consigna que identifica a la campaña es “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. De este modo, pone el eje en una importante ampliación de derechos igualitarios marcando la importancia de la inescindibilidad de los mismos. Esto significa que los derechos sexuales y reproductivos así como el derecho al aborto no pueden ser ejercidos sino existen los derechos económicos y sociales en plena implantación.
La campaña ha desplegado múltiples acciones, pero quizás una de las más significativas, por su persistencia y resistencia, ha sido la presentación de proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados de la Nación. En el 2014 se presentó por quinta vez acompañado por la firma de más de 60 legisladores de los distintos partidos políticos, representación que se supone asume el compromiso de dar el debate en las comisiones ad hoc para que pueda pasar al recinto. El alcance legal de la presentación caduca en dos años si no es tratado, situación que ya se ha dado en innumerables oportunidades. O sea, este año se abre una nueva posibilidad que se espera tenga un camino más fructífero dado el incremento del número de diputados/as firmantes y la evidencia que el compromiso supone una voluntad política de llevar el proyecto adelante. No se trata de la falta de un debate social, como se ha hecho alusión en muchas oportunidades, sino de las reticencias múltiples de la clase política.
La campaña, además de la búsqueda de una legislación, ha desarrollado grupos llamadas Socorristas que acompañan a las mujeres en situación de abortar, por lo que se ha constituido en un interlocutor ineludible para las organizaciones sociales, políticos y medios de comunicación. Así ha colocado en el debate y la agenda social lo que permanecía invisibilizado. La campaña articula su demanda como un derecho de autonomía de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo y, por ende, las estrategias reproductivas y no reproductivas de su proyecto vital, como una cuestión de justicia social y deuda de la democracia. Las fundamentaciones a las que refiere se sustentan en el marco de los derechos humanos.
La negación de este derecho constituye un acto de violencia sobre el cuerpo de las mujeres. La imposibilidad de decidir sobre las pautas reproductivas sugiere un cercenamiento a los proyectos de vida, al ejercicio pleno de la libertad. Numerosas investigaciones sugieren el plus de violencia que es aplicado sobre las mujeres en innumerables situaciones. La imposibilidad de acceder en condiciones seguras a un aborto se inscribe en esa lógica, por el riesgo de vida y el daño subjetivo que implica la situación de clandestinidad.
No hay ejercicio de los derechos humanos sin la posibilidad de decidir libremente sobre el cuerpo, del mismo modo que no hay libertad sobre el cuerpo si no son consolidados los derechos sociales, económicos, políticos y culturales que lo hacen posible. Por otro lado, y como bien lo refieren los fundamentos de la campaña, se trata de una situación injusta lo que implica violentar la buena vida, como acuñaran los clásicos de la filosofía, de cada una de las mujeres que se ven sometidas a estrategias complejas y acciones arbitrarias para poder llevar a cabo sus decisiones.