El reconocimiento del nuevo rey constitucional español significa, para gran parte de la prensa general y los principales partidos políticos del Estado, un mero trámite, incluso una demostración de lo consolidada que está la democracia en España. Paradójicamente, el discurso de abdicación de Juan Carlos apelaba a una necesaria renovación en la persona de su hijo, renovación innecesaria si el sistema político e institucional está tan afianzado como dicen los discursos oficiales. Peor todavía, pese a que el ya rey Felipe pertenece a otra generación, en primer lugar no es tan joven ni ha experimentado los problemas del común de sus coetáneos, en segundo lugar su primer discurso era claramente arcaico y conservador, casi calcado, en las formas y el contenido, a los que pronunciaba su padre.
En cuestiones de género, “el papel de las mujeres” ha aparecido como un tema menor y secundario más, en una larga enumeración que parecía de la lista de la compra y que asumía una perspectiva claramente externa a “las mujeres”, sin reconocerlas como ciudadanía activa o realmente importante (no en vano deben ser como mínimo la mitad de sus súbditos).
La sucesión a la Coronaen sí misma, los mecanismos decisorios y la escenificación del proceso, demuestran el carácter supeditado que se les atribuye a las mujeres. En el discurso del nuevo rey, la persona mencionada con más énfasis y más aplaudida fue la madre de Felipe, la reina Sofía, importante y reconocida como esposa y madre, entre otras cosas por su “dignidad”, en lo que parece una alusión a cómo se mantuvo en su lugar y aguantó lo que fuera de su esposo el rey, quien (se deduce de lo no dicho) por su parte no fue tan ejemplar en su comportamiento público y privado. En cuanto a la sucesión real, las mujeres por ahora, hasta que se realice una actualización de la normativa sucesoria muchas veces anunciada pero nunca realizada, están siempre discriminadas respecto a los varones. En todo el ceremonial, las mujeres fueron meramente decorativas y estaban presentes como hijas, madres o esposas de alguien, no por sí mismas. La nueva reina fue una comparsa de la celebración y se esforzó en todo momento para mostrarse como la madrea afectuosa y atenta a sus hijas, como si esa fuera su única función en la vida, como si fuera esa la capacidad que espera la ciudadanía de ella. Finalmente, yendo a lo fundamental, el principio democrático de la elección de aquellos que se ocupan de la cosa pública y su responsabilidad frente a los ciudadanos está excluida tanto del concepto monárquico como del proceso de sucesión entre reyes, reyes además que siguen mostrándose anacrónicamente más como comandantes militares que como magistraturas civiles. El debate entre monarquía y república ha sido casi completamente coartado a la ciudadanía, incluso a los partidos poli﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽identes, bajo laa los imita la democracia.onales de catalanes, vascos y gallegos), la democracia no es posible sin la íticos disidentes, bajo la cobertura de que la realeza es lo constitucional y que precisamente es la Constitución la que garantiza la democracia. Es decir, como en otros ámbitos (especialmente en el de las aspiraciones nacionales de catalanes, vascos y gallegos), la democracia no es posible sin la Constitución y esta está por encima de aquella: la Ley limita la democracia, los ciudadanos y sus derechos están más restringidos que protegidos por la prácticamente inamovible Carta Magna, la cual marca no solo los límites de lo posible, sino los de lo concebible.
Es una evidencia que el gobierno de Mariano Rajoy ha significado un regreso a políticas más derechistas, incluso cierto retorno al pasado.A primera vista, pareciera que se trata de una oscilación hacia el otro extremo del péndulo, tras los años de progreso y “avanzada” del socialista Zapatero. Sin embargo, pese al evidente avance en cuanto a derechos individuales y reforzamiento de los derechos sociales, el gobierno del PSOE en buena medida se quedó a medio camino, realizó gestos populistas difíciles de justificar (por ejemplo, reparto de cheques para todos los nacimientos) y mantener, además de redactar leyes sin presupuestos que garantizasen su puesta en práctica (caso de la ley de dependencia, que se dejó a cargo de las comunidades autónomas, pero sin asignarles presupuesto adicional para ello).En política económica, se acabó aceptando y poniendo en práctica lo que dictaba Bruselas, no muy diferente de lo que se está haciendo todavía hoy. En cuanto a la justicia y la memoria, se trató de meros gestos, o de políticas a medio camino que ahora han sido completamente revertidas por el gobierno de derechas.Finalmente, en los últimos años, y en aras de la estabilidad y la lealtad constitucional, PSOE y PP han votado conjuntamente unas cuantas leyes y resoluciones y, en cualquier caso, la izquierda mayoritaria ha mostrado ser una oposición no muy entusiasta y en acuerdo en lo esencial con la derecha gobernante: “desafío soberanista”, política económica y servilismo respecto a la monarquía.
El a priori considerado progresista o al menos moderado Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia, ha sido sin embargo el que está impulsando legislación más restrictiva, incluyendo una limitación del aborto muy criticada en todos los ámbitos y claramente lesiva para los derechos de las mujeres. Tampoco hay que olvidar sus cambios en la organización de los tribunales o la imposición de tasas judiciales, innovaciones ambas que ponen en peligro el acceso universal a la Justicia. Finalmente, diferentes ministerios y leyes han ido en el sentido de recentralizar la toma de decisiones, lo que aunado al recorte de prespuesto a las comunidades autónomas ha puesto en peligro parte de la política pública, especialmente los servicios a los ciudadanos, que no están en su mayoría en manos del gobierno central sino de los gobiernos regionales y locales. El intervencionismo en la educación, con la enésima ley al repecto, demuestra una concepción tradicional y uniformizadora de la enseñanza, además de atacar directamente las competencias de las comunidades autónomas y las lenguas que no son la castellana.
En otro orden de cosas, no solo no se han continuado las limitadas políticas de memoria histórica de Zapatero, sino que se evidencia un indisimulado retroceso o simplemente olvido. La figura y las políticas del catalán y Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz resulta sintomática, cuando no esperpéntica. Además de actuar en contradel derecho de manifestación e intentar limitar la libertad de expresión (el último episodio durante la proclamación del nuevo rey, al prohibir las banderas republicanas por razones de seguridad), Fernández Díaz ha otorgado medallas policiales al valor a varias vírgenes y es un asiduo del franquista Valle de los Caídos. Negación de derechos fundamentales y supuestamente constitucionales, puesta en entredicho de la aconfesionalidad del Estado, un cúmulo de despropósitos.
Sin embargo, paradójicamente, el partido gobernante se caracteriza por la presencia en papeles importantes de un buen número de mujeres que son parte integrante de la cara mediática del partido. En efecto, entre los portavoces más importantes del partido y del gobierno están, respectivamente, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría (frecuentemente más protagonistas que el propio presidente Rajoy, especialmente en el Congreso y frente a la prensa) y la también presidenta de la Comunidad de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal. Asimismo, todavía es una figura prominente y mediática la supuestamente retirada Esperanza Aguirre, “lideresa” del Partido Popular en Madrid y, junto al expresidente José María Aznar, cara más conocida de la oposición interna a Mariano Rajoy.
Algo comparable o similar en el PSOE o en la izquierda más radical a nivel estatal, como Izquierda Unida, es difícil de hallar. Los defensores más decididos de la igualdad de género, curiosamente, no han sido capaces de mostrar un protagonismo creíble de las mujeres en el debate político, excepción hecha quizás de Elena Valenciano del PSOE, ahora amortizada como eurodiputada electa. En consecuencia, aunque no es justificable afirmar que sus políticas y propuestas respecto a las mujeres son insinceras, sí que muchas veces acaban sonando tan paternalistas como la frase del rey, faltas como están frecuentemente de protagonismo activo femenino. Falta por ver si anuncian una nueva época la posible candidatura a la presidencia del gobierno de Carme Chacón, el protagonismo de la presidente de Andalucía (ambas en el PSOE) o la preeminencia de ciertas figuras femeninas, en Catalunyaen los movimientos de las sociedad civil (los movimientos soberanistas más arraigados, Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, tienen ambos como portavoces a mujeres, sin olvidar a Ada Colau, exportavoz de la Plataforma de Afectados de las Hipotecas, o a la monja Teresa Forcades) y en varios partidos (Iniciativa per Catalunya o las Candidatures d’Unitat Popular), o con nuevas candidaturas políticas como Podemos a nivel estatal y Compromís en el País Valencià (Mònica Oltra se perfila como candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma y es la cara más visible de la oposición al gobierno actual, del PP).
Finalmente, en la confluencia de las limitaciones de la democracia española y el análisis del discurso en cuestiones de género, se encuentran las declaraciones de varios ministros y figuras políticas españoles que demuestran, además de, en muchos casos, la estupidez y falta de astucia política, lo arraigado de los prejuicios y los estereotipos de género, en la sociedad española en general y en el partido gobernante en particular. La metida de pata del ya eurodiputado Cañete es una muestra clara no solo de lo normalizados que tiene sus prejuicios y visiones distorsionadas de la mujer, sino de la prepotencia e impunidad con la que se vierten ciertas opiniones desde la derecha española (la izquierda, especialmente el PSOE, suele ser un poco más prudente o mesurada, quizás hipócrita en ocasiones, pendiente como está de la posible reacción adversa de la opinión pública). Cañete, tras un debate a dos con la candidata del PSOE al Parlamento Europeo en el que no lució excesivamente brillante, afirmó en una entrevista que era difícil debatir con una mujer sin demostrar superioridad intelectual y ser acusado de machista. En el ámbito del debate acerca de la cuestión catalana, los símiles de pareja han abundado por ambas partes, pero el Ministro de Exteriores, encargado al parecer más del asunto que los otros, declaró recientemente: “Si me dice que le invite a comer, le invito. Si se quiere llevar a mi mujer, como mínimo hablarlo”. Se denota claramente no solo la esposa como posesión (¿dónde está la opinión o decisión de ella en la frase?), sino una asimilación implícita de los catalanes, de una parte de la ciudadanía, con una propiedad del conjunto de España, quizás incluso del gobierno, como en sus concepciones la propia mujer.
El gran problema de ese tipo de expresiones es, además de las ideas y concepciones personales que hacen visibles, que responden a una actitud social mucho más extendida, a unos códigos de comunicación y lógicas machistas que no han cambiado tanto como queríamos creer. En efecto, no solo las críticas a ese tipo de afirmaciones han sido limitadas –y frecuentemente ligadas al debate político-partidista-, sino que, por ahora, y lo mismo podríamos decir respecto a los numerosos casos de corrupción, no han tenido un impacto electoral claro (quizás las últimas elecciones europeas indican un cambio de tendencia). Finalmente, recordemos también, y en el mismo sentido, que el Partido Popular español, así como su entorno mediático y otros movimientos políticos próximos (UPyD) han banalizado recurrentemente el nazismo y lo han asimilado a los movimientos sociales o a las aspiraciones soberanistas catalanas, algo no homologable con los grandes partidos de la Europa Occidental, delito incluso en muchos países.