Atravesamos momentos difíciles en Puerto Rico y los efectos se están empezando a sentir como si fuera el calor de verano, el cual cada año se pone peor gracias al efecto invernadero y a los cambios climáticos. Pero, al igual que el calentamiento global, los problemas económicos de esta isla fueron causados por humanos y son pocas las veces que se discute esto.
Como dato curioso, la tasa de calentamiento está en aumento desde hace 40 años, al igual que la deuda pública de Puerto Rico. Mientras buscamos a quién culpar de eso (y hasta por la reciente degradación de bonos boricuas por Moody's), nuestra situación económica empeora y se pone como el calor de aquí, insoportable.
Por años hemos vivido sin preocuparnos de que nuestro gobierno ha tomado prestado para poder funcionar, que es el equivalente a comprar un aire acondicionado para crear un ambiente “aclimatado” y “cómodo”, sin estar conscientes de cuánto se pagará de luz después o a quién le llegará la factura.
La crisis económica de Puerto Rico, la cual ha sido causada por las malas decisiones políticas tomadas por pasados administradores para solucionar a corto plazo, se ha estado caldeando y sus efectos han sido inevitables a largo plazo.
Por mucho tiempo, ese “aire acondicionado” funcionó de maravilla. Casi no se sentía el calor. Hasta la mayoría de estos legisladores y gobernadores tenían buenas pensiones, bonos y contratos federales (y hasta el corrupto se repartía lo que robaba como Robin Hood). ¿Y qué hacían para pagar la deuda? Nada más ni nada menos que reestructurarla como si fuera una hipoteca. Y pedir más fondos federales.
Como era de esperar de un modelo económico no-sustentable siendo implementado por cuatro décadas, hoy día el país enfrenta un exorbitante déficit en el presupuesto y la peor recesión por la que ha pasado en su historia reciente, pues prácticamente ha durado más de ocho años.
Y, debido a esta notoria crisis de deuda (que ha sido reseñada por periódicos de talla internacional como Bloomberg, The Economist, The Wall Street Journal y Time) Puerto Rico ha sido comparado con Grecia, el primer país de la Unión Europea en declararse en bancarrota, y hasta con Detroit, Michigan (EE.UU).
Como consequencia, las casas acreeditadoras vieron que posiblemente el país no podría pagar su deuda de $72 mil millones de dólares (o un 68% de su producto interior bruto o “GDP”), y que los ánimos de los inversionistas se estaban caldeando.
Se vendieron $3.5 millones en deuda recientemente y como quiera pareciá que ningún esfuerzo era suficiente para salir de las manos de los bonistas, por lo que se aprobó el pasado 28 de junio, una ley que permite la reestructuracion de la deuda de las corporaciones públicas.
Lamentablemente, esto provocó una reacción de este sector, pues son dueños de un gran porciento de la deuda de las corporaciones públicas. Un día después, dos empresas de inversión de Wall Street, Franklin Templeton Investments y OppenheimerFunds Inc., solicitaron en la Corte de Distrito de EE.UU. que el Distrito de Puerto Rico declararar nula e inconstitucional la ley, argumentando que sólo el Congreso está autorizado a crear leyes de bancarrota. Este acto de cabildeo pretende desafiar la nueva ley aprobada en la isla que permitiría a algunos organismos públicos a reestructurar su deuda, diciendo que viola la Constitución de los EE.UU.
Como segundo dato curioso, los fondos gestionados por ambas empresas son de aproximadamente $1.7 mil millones en deuda combinada de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.
El 1ro de julio (dos días después de la intervención de Wall Street para bloquear la ley y tres días después de que esta se aprobara en la Isla), Moody’s decide degradar nuevamente los bonos de Puerto Rico de Ba2 a B2. Consecuentemente, se afectaron los bonos de COFINA, la AAA, y la AEE, que fue severamente degradada de Ba3 a Caa2.
Supuestamente, la razón por la que Moody's Investors Service ha degradado nuestros bonos nuevamente es porque Puerto Rico antepone la prestación de los servicios públicos al pago de sus obligaciones con los inversionistas (que llevan décadas ‘auxiliando’ al gobierno, o mejor dicho, sacándole provecho a nuestras necesidades económicas).
Pero la cuestión es que no se menciona que, ante la demanda de estas dos corporaciones de Wall Street (Franklin Templeton Investments y OppenheimerFunds, Inc.) en la corte federal, esta nueva degradación de Moody’s le quita credibilidad a la presente administración, pues especula que Puerto Rico no podrá pagar la deuda a los bonistas si las corporaciones públicas deciden acogerse a la ley de quiebra.
Como quiera, el hecho es que todavía ni la AEE, ni COFINA, ni ningún otro organismo corporativo público se ha declarado en bancarrota. Así que, hablando de especulación, ¿por qué decidieron degradarnos el crédito basándose en las posibles consecuencias de una ley?
Y, siguiendo el jueguito ilógico de inferencia, me atrevo a preguntar: ¿por qué Moody’s y estas dos empresas de Wall Street creen que es su responsabilidad defender los derechos de los tenedores de bonos y accionistas? Suena a que tienen una agenda en común. Pero es extraño que su encrucijada legal sea sólo para defender los grandes intereses.
El gobernador Alejandro García Padilla, quien ha decidido llevarle la contraria a los bonistas y a las casas acreditadoras por esta razón, aparentemente prefiere decirle “me vale” a Moody’s con tal de defender los derechos de la gente de su isla antes que los derechos de los inversionistas dueños de la deuda pública del país.
Por lo tanto, ya que las cosas se están poniendo “candentes”, hay que dejar de pedir prestado y eso incomoda a muchos sectores… Primero que nada, incomoda a los administradores y políticos de este país pues se ven en la posición de aprobar medidas y leyes de austeridad que representan sacrificio para muchos; segundo, incomoda al pueblo de Puerto Rico pues es al que más le afecta estas medidas; y tercero, incomoda a los bonistas, al ver que no pueden cobrar lo que el gobierno puertorriqueño accedió a pagar en febrero de este año: una tasa de interés histórica que les otorgaría mayores garantías de repago.
Así que, ¿qué es más constitucional: defender los derechos de la gente o defender los derechos de las corporaciones? Esa es una pregunta que debemos ponderar si queremos ver más allá de este asunto de la degradación de bonos por Moody’s y de la demanda federal al gobierno de Puerto Rico por los bonistas. Pero les advierto que la cosa está que arde, igual que la metafórica papa del juego Papa Caliente (y ya no hay nada ni nadie que lo soporte).