SAN JUAN, Puerto Rico, 4 de julio de 2014 (NCM) – Mientras se acerca la posible quiebra del Estado en medio del asedio de acreedores y obreros, el Gobierno mantiene en secreto la información sobre la nueva ronda de despidos de empleados públicos, en tanto que la baja general sostenida en la creación de puestos de trabajo amenaza con retrasar ese aspecto del mercado laboral a lo que era hace cuarenta años.
De hecho, el promedio mensual de creación de empleos, tanto en el gobierno como en el sector privado, ha bajado 23 por ciento –de 16.200 en 2013 a 12.600 este año- en tanto que las modestas ganancias que se obtienen con cada empleo que se logra crear se esfuman por la enorme pérdida mes tras mes.
Las cifras oficiales indican que de enero de 2013 a mayo de 2014 se crearon 257.000 puestos de trabajo y se perdieron 314.000, para un país donde el empleo total ya ha bajado a 988.000 y tiene una tasa de participación de apenas 39,8 y que también ha seguido contrayéndose.
La situación ha dado relevancia a las bases estadísticas que custodia desde 1947 el Departamento del Trabajo y que documentan un indicador importante para entender la historia del régimen autonomista denominado Estado Libre Asociado. Esas estadísticas recorren desde los años de construcción entusiasta, aunque difícil, el tránsito institucional del bipartidismo, su apogeo y el desastre actual.
Pero pocos tienen el tiempo y la paciencia para estudiar ahora, cuando la aceleración de la crisis provoca una discusión pública cada vez más tensa ante informes de que en muy poco tiempo comienza la quiebra de las corporaciones públicas –para la cual el Gobierno ya aprobó a la carrera una ley- y dada la presión que ejerce Wall Street. En menos de una semana, se decretaron nuevas degradaciones del crédito de Puerto Rico, que se suman a las de hace meses y que mantienen al país en el nivel conocido internacionalmente como “basura”.
La presión también está subiendo en el frente interno y esta semana las columnas masivas obreras lograron paralizar siete centros de gobierno en diversas ciudades del país como parte del aumento de las protestas de los sindicatos de trabajadores del Estado, que realizan paralizaciones esporádicas y ruidosas marchas sorpresivas en
zonas económicas estratégicas.
El Gobierno ha amenazado a las casas clasificadoras de bonos de Nueva York con llevarlas al tribunal por difamación, mientras a la vez mantiene activo un poderoso aparato de propaganda que trata de pintar a los trabajadores del propio Estado como abusadores enriquecidos injustamente a costa del dinero del país
Los acreedores de Estados Unidos, por su parte, habían tomado la delantera en el frente legal, al incoar una demanda judicial en la que alegan que Puerto Rico, que sólo “es un territorio bajo los poderes plenarios del Congreso”, se ha tomado atribuciones reservadas por la Constitución al Gobierno Federal con la aprobación de esa ley de quiebras para las corporaciones públicas. También parecen estar siempre en la delantera los sindicatos, que se mantienen subiendo la masividad y los apoyos preparando un paro general, pero con un plan doble que describen como “creativos e impredecibles”.
Aunque esos son los frente principales, se trata de un ambiente general de protestas que incluye también a transportistas y hasta los propios miembros de la Policía nacional, que protagonizaron en días recientes una inusitada marcha multitudinaria que llegó hasta el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación.
La lucha por el predominio en la información se presenta vital para la estrategia del Gobierno. Por un lado, se anuncia como “creación de empleos” un registro incentivado que apenas ha contabilizado cerca del 20 por ciento de los empleos realmente creados. Los propagandistas del Estado hacen malabares en su intento por convencer.
Al mismo tiempo, el Gobierno trata de mantener en secreto la información sobre las cartas que se están enviando en la nueva ronda de despidos, que potencialmente puede afectar hasta un 20 por ciento de la fuerza laboral del Estado. Se trata de los empleados irregulares –transitorios y otras categorías similares- que suman cerca de 42.000 de una plantilla laboral gubernamental calculada en menos de 200.000.
Ha sido una ruta larga hasta desembocar en el desastre actual en esta pequeña nación isleña del noreste del Caribe y desde 1898 colonia de EEUU, que desde 1952 la gobierna mediante un régimen autonómico. Todo el período, desde 1947 cuando ya se preparaba su implantación, hasta el presente, está documentado en la base de datos del Departamento del Trabajo.
La primera etapa –siempre de acuerdo a la base de datos- cubre el período hegemónico unipartidista de 1947 a 1968 y se caracteriza por subidas y bajadas en el mercado laboral, en momentos en que la creación neta anual de empleos no agrícolas, que llegó a sumar 206.000, perdió impulso con la baja de 143.000 trabajos en la agricultura. Durante esa etapa, los netos anuales de subida sumaron 218.000 empleos y los de baja sumaron 79.000.
En la segunda etapa, de 1969 a 1982, ya con alternancia política de dos partidos, se produjeron las caídas de la industria liviana y la petroquímica, con lo cual las subidas y bajadas produjeron una combinación de netos anuales que sumó 151.000 empleos creados y 192.000 perdidos. A toda esa inestabilidad le siguió el apogeo, de 1983 a 2000, que produjo para Puerto Rico 17 años consecutivos en los que el aumento neto de cada año sumó al final 452.000 empleos y “cero” en la tabla de las bajas netas anuales.
En 1951, el Gobierno pronosticó un crecimiento económico de 11 por ciento para la década, aunque no se cumplió ni la mitad. Al otro extremo, en 2003, el Gobierno no parecía creer que el modelo estaba agotado y pronosticó que para 2010 el empleo total alcanzaría 1.453.509.
El nuevo siglo transitaba terreno pantanoso. La primera mitad tuvo más años de alza que de baja, pero en 2006 comenzó el desastre.