Hace varias décadas nuestro pueblo fue inducido a creer que había ejercido, por delegación de la soberanía de EE.UU, el derecho a la autodeterminación. Se nos hizo creer que elegimos un status político que nos sacaba de los poderes plenarios del Congreso y de la clausula territorial. Estados Unidos había emergido como la primera potencia del mundo luego de la segunda Guerra mundial, en la década del cuarenta. Eran tiempos en que Muñoz va al Comité de lo interior y le responde a un Senador, que el nuevo status político no iba a cambiar el poder último de legislar sobre Puerto Rico.
La soberanía es un concepto sencillo; se trata de quién tiene la última palabra para gobernar sobre los constituyentes de una nación. Cuando ese último poder está, como en el caso de Puerto Rico, en manos de otra nación, estamos frente a un régimen colonial que es contrario al concepto de la democracia. En el proceso del 1952, EU se reservó la última palabra sobre el destino de Puerto Rico y así lo hizo constar en varias ocasiones del debate legislativo. Muñoz aceptaba una cosa en el Congreso y venía acá y decía otra cosa a su pueblo. Así lo señaló Vicente Geigel Polanco en su libro; La Farsa del Estado Libre Asociado. Van dos ejemplos de lo dicho:
El Congreso se reservó el poder de eliminar artículos de la Constitución que ya habían sido aprobados por el pueblo de Puerto Rico en votación general. Lo hizo con el artículo ll, sección 20, de la Constitución. En el artículo siete, sección tres, se estableció que cualquier cambio a la Constitución tenía que ser conforme a la ley 600, la Constitución federal y el sistema Republicano de gobierno. Eso es reservarse la última palabra sobre el territorio. No son vestigios coloniales, ni déficit de democracia, como dicen algunos, incluso los que proponen pactos de asociación o reformas al ELA actual, dentro de la clausula territorial. Los que están dispuestos a permanecer en el ELA con leves cambios en el área económica, sin personalidad internacional soberana y sin poder legislar para proteger nuestro comercio, transportar en los barcos que queramos y decidir sobre la protección de nuestros recursos humanos y materiales, frente al poder militar de EU, la justificación es la preservación de la ciudadanía “Americana”. Algunos han llegado a creer que la ciudadanía americana es esencial para la felicidad de los puertorriqueños. Trias Monge criticó en su senectud que esa cláusula se insertará en nuestra Constitución (Como Fue, Memorias, 2005). Los defensores del ELA federado, viven anclados en el 1950, cuando EU era la primera potencia, Obama ha comprendido que no lo es y comparte su esfera de influencia con otros países, cuando necesita soluciones militares y económicas a las insuficiencias de su sistema de gobierno.
Estos nuevos ideólogos ignoran que hay una ciudadanía Europea, ya más codiciada por otros nacionales, que la de Estados Unidos. Omiten que para todo residente legal en Estados Unidos, se reconocen los mismos derechos a empleo, servicios sociales, salud, alimentos y vivienda, que para los ciudadanos americanos. El residente legal no tiene derecho al voto, derecho que tampoco tienen los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. Los ideólogos del ELA deben reconocer que algunas de las verdades del progreso que trajo el ELA eran parcialmente ciertas, “elase” una vez que lo fueron, pero ya no lo son.