La publicación reciente del Centro de Estudios Puertorriqueños de City University of New York (CUNY) de un número especial dedicado exclusivamente a temas vinculados a la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños (as) no debe pasar desapercibida. Se trata del volumen 25 de la Revista del Centro de Estudios Puertorriqueños editado por Pedro Cabán, dedicado a un tema de especial interés para todo aquel que pretende comprender críticamente las coordinadas principales del PR contemporáneo.
Pedro Cabán, uno de los investigadores más serios y de larga trayectoria sobre temas de historia política y social de PR, con una fructífera trayectoria académica, es el editor invitado de esta publicación esencial para continuar una conversación informada de uno de los procesos jurídico-políticos decisivos que afectó, de forma determinante, el aún incompleto proceso de autodeterminación política de PR. Este volumen es una lectura imprescindible para todo aquel que pretenda hacer una reflexión seria, no dogmática, de las implicaciones políticas, sociológicas, normativas e históricas de la imposición de la
ciudadanía. Es una muestra concreta sobre todo lo que tiene que aportar la comunidad académica puertorriqueña residente en EEUU sobre el proceso de repensar nuestra relación política con EEUU y con el mundo. Lo estoy utilizando como material en mi clase de relaciones entre PR y EEUU y he recibido una recepción muy favorable entre mis estudiantes.
A medida que se acerca el 2017, centenario de la ciudadanía de EEUU en PR, esto es lo que correspondería hacer en el ámbito académico: promover investigaciones que produzcan nuevo conocimiento y un entendimiento sobre procesos que afectan decisivamente tanto a los puertorriqueños (as) que residen en PR como al creciente número de boricuas que, mayormente impulsados por razones económicas, han emigrado a los estados de EEUU. Esto se logra muy bien en este volumen al promoverse en sus trabajos una mirada compleja y multidisciplinaria de un asunto que no es sencillo y que tiene vertientes simbólicas, legales, geopolíticas, militares y sociológicas, que resultaron ser determinantes en el siglo XX puertorriqueño el cual, dentro de mi perspectiva, terminó con la salida de la Marina de EEUU de Vieques en el 2003.
Este es un número de fácil acceso para los profesores y estudiantes de nuestro sistema superior público de enseñanza por medio de las bases de datos digitales. El tema de la ciudadanía de EEUU en los territorios de EEUU es uno que no da visos de extinguirse. En días recientes el Gobierno de EEUU enfrenta una solicitud de los nacionales de EEUU, residentes en Samoa, dirigido a que se le reconozca su derecho automático a la ciudadanía de EEUU por razón de nacimiento en el territorio en el caso TUAU v. US. Ese reclamo es respaldado por varios estudiosos y defensores de los derechos humanos en EEUU. La posición oficial de la administración Obama es que Samoa Americana es un territorio no incorporado de EEUU que, al igual que PR, no está destinado a ser estado, y sujeto a que el Congreso decida sobre asuntos de ciudadanía de EEUU.
Al mismo tiempo siguen produciéndose nuevas investigaciones que cuestionan interpretaciones tradicionales de la historia de Puerto Rico sobre la ciudadanía de EEUU y los factores que llevaron a EEUU a imponerla colectivamente sobre el conjunto social de la Isla. Franqui[1], del propio Centro de Estudios Puertorriqueños, por ejemplo, acaba de publicar un ensayo muy persuasivo en Colombia que cuestiona la centralidad del reclutamiento militar como como móvil principal para la imposición de la ciudadanía del 1917. Ello es consistente con la investigación de José Cabranes sobre el particular aunque no es contradictorio con otras perspectivas como las expuestas por Rodríguez Beruff.[2]
Coincido con los que plantean que el asunto del libre tránsito de los puertorriqueños a EEUU es ya un tema esencial que adquiere, para los puertorriqueños, la jerarquía de un reclamo de derechos humanos de primera magnitud. Una parte importante de la población, por ello, considera la ciudadanía de EEUU como un derecho humano adquirido, esencial e irrevocable ya que es el instrumento legal que viabiliza más fácilmente esa interacción humana y comunitaria. Soy uno de los que así piensa. EEUU impuso las reglas de juego que impidieron el desarrollo de un capitalismo nacional fuerte y provocaron un modelo de industrialización por invitación muy favorable para el desarrollo de la inversión externa y la migración forzada de la población a EEUU. Si bien existe amplia evidencia de que el gobierno local de PR impulsó esa migración como “válvula de escape” también es cierto que el marco estructural de esas decisiones fue de factura norteamericana. Aquí la responsabilidad es claramente compartida. Por eso, entre otros, cualquier negociación futura sobre el llamado estatus de PR tiene que partir de la necesidad, por lo menos, de garantizar ese libre acceso de los puertorriqueños residentes en la Isla como un derecho adquirido.
Si bien existen avenidas, más bien abstractas o puramente legales, para quitarles a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense de forma colectiva, las posibilidades de que eso ocurra en el mundo real de las relaciones PR-EEUU del siglo XXI son remotas, como ha demostrado José Julián Álvarez de forma convincente.[1] Este es un asunto en el que no deben prevalecer los discursos del miedo. El electorado de Puerto Rico no va a apoyar masivamente opciones de estatus que no consideren favorablemente el libre tránsito de personas entre nuestro país y Estados Unidos y muchos de ellos prefieren que la ciudadanía de EEUU sea el mecanismo legal que lo continúe viabilizando. El trámite del Congreso de EEUU, por otro lado, de una revocación colectiva es más bien fantasioso y más propio de la manipulación local de la clase política con las ansiedades normales producto de la dependencia económica extrema en “la acción benéfica gubernamental”. Ello, sin tomar en cuenta, que existe, nos guste o no, una asociación mental entre muchos puertorriqueños que remite la existencia de derechos humanos y civiles a su condición de ciudadanos de EEUU. Ello forma parte importante de la hegemonía política de EEUU en Puerto Rico, según lo han examinado Efrén Rivera Ramos y Wilfredo Matos Cintrón, a profundidad, en varias investigaciones.
Paradójicamente, la ciudadanía estadounidense en PR, si bien garantiza un acceso migratorio a EEUU que es la envidia de otras comunidades caribeñas y latinoamericanas pobres, también es una imposición colonial que ha provocado una dura respuesta de sectores nacionalistas. Estos han utilizado los foros legales de PR y EEUU para demostrarlo. El primer ensayo del número especial del Centro Journal titulado Confronting a Colonial Legacy: Asserting Puerto Rican Identity by Legally Renouncing U.S. Citizenship, de Jacqueline N. Font Guzmán, hace precisamente eso. Se detiene a examinar la estrategia desarrollada por un grupo de independentistas de PR de renunciar a la ciudadanía de EEUU como forma de utilizar el foro legal para exponer las contradicciones del colonialismo.
Como se sabe el arquitecto de esta estrategia lo fue Juan Mari Brás, quien se trasladó a Caracas, Venezuela y renunció allí a la ciudadanía de EEUU para sorpresa de los funcionarios de la embajada de EEUU en Venezuela. Luego, en 1997, también para asombro de muchos, emitió su voto respaldado por su condición de ciudadano de Puerto Rico luego de una decisión del Tribunal Supremo de PR (Ramírez de Ferrer v Mari Brás, 144 D.P.R. 141 (1997). En todo ese proceso se distinguió el esfuerzo legal de Juan Santiago Nieves, quien también realizó gestiones infructuosas para la renuncia de su ciudadanía de EEUU.
Los obstáculos interpuestos por las autoridades estadounidenses al desarrollo de esta estrategia nacionalista de resistencia muestra que la misma fue exitosa a un grado tal que obligó a las autoridades de EEUU a imponerle restricciones para evitar tener que lidiar con el problema que habría significado para ellos el que muchos puertorriqueños renunciaran a la ciudadanía estadounidense y pretendieran recibir trato de “ciudadanos de Puerto Rico” negándose a rendirle lealtad y obediencia a las autoridades federales. Finalmente, como se sabe, las autoridades de EEUU le retiraron a Mari Brás la aceptación de su renuncia alegando, de forma absurda, que el hecho de que Mari continuara residiendo en Puerto Rico constituía evidencia de su intención de retener la ciudadanía de EEUU.
Font considera que el experimento jurídico de la renuncia de la ciudadanía estadounidense fue exitoso en la medida en que proveyó un espacio de afirmación nacional cultural que le abrió reconocimiento a realidades de honda significación simbólica aunque su base propiamente legal fuera impugnada en los foros administrativos o legales correspondientes. La autora enfatiza el valor de acciones imaginativas con efectos desconcertantes sobre la narrativa del poder colonial. Ella se muestra confiada en que la singularidad cultural seguirá siendo una fuerza indispensable en las conversaciones futuras sobre el futuro político de Puerto Rico. Coincido con ella.
Haría falta, por otro lado, el surgimiento de nuevas investigaciones que miren la subjetividad de otros sectores de la población puertorriqueña hacia la ciudadanía de EEUU. Me sospecho, a base de los pocos estudios disponibles, que el cuadro es complejo y heterogéneo. Para algunos, la ciudadanía de EEUU podría ser una extensión de una lealtad primaria a EEUU mientras para otros no es mucho más que un mecanismo práctico de acceso a fondos federales. Ese vínculo entre las llamadas “ayudas federales” y la ciudadanía de EEUU en Puerto Rico fue muy inteligentemente analizado por Yomarie García[1] en una investigación colectiva en el 2001 de los estudiantes de comunicación pública de la UPR. Un análisis de la complejidad social no puede desconocer ese flanco que ocupa la cotidianidad de una mayor parte importante de la población que está al margen, y muchas veces en abierta oposición, a las prácticas de resistencia del nacionalismo independentista. Ello es una realidad, aunque no se base en datos correctos, ya que muchos de los “beneficios federales” que llegan a Puerto Rico no llegan por causa directa de la ciudadanía individual de las personas (pueden beneficiar, por ejemplo, a los hijos de dominicanos residentes en Puerto Rico que no sean ciudadanos estadounidenses) sino por la política pública que aprueba el Congreso.
Charles Venator, en su excelente ensayo Extending Citizenship to Puerto Rico: Three traditions of Inclusvie Exclusion, provee un marco histórico de largo alcance sobre el tema de la ciudadanía de EEUU en Puerto Rico y ofrece nuevas pistas investigativas en torno al problema. Su investigación cubre el periodo crucial entre 1898 y 1940, en el cual se transita de la indefinición del Tratado de Paris, la ciudadanía de Puerto Rico de la Ley Foraker, la designación de los puertorriqueños como nacionales de EEUU por el Tribunal Supremo de EEUU, la ciudadanía estadounidense extendida a los puertorriqueños de la Ley Jones y los subsiguientes alteraciones a las leyes federales sobre el asunto. Termina analizando
la normativa presente que hace de los puertorriqueños ciudadanos de EEUU por razón de su nacimiento en un territorio de propiedad jurídica internacional estadounidense: Puerto Rico.
Al igual que en el ensayo de Edgardo Meléndez, Venator insiste en la apreciación que reconoce la ciudadanía de EEUU en PR como un mecanismo de inclusión y exclusión. Inclusión de Puerto Rico en la órbita territorial de EEUU (es decir miembros de la “orbita imperial”) pero exclusión de los puertorriqueños residentes de PR de la comunidad política de EEUU. Todo ello, según Venator y Meléndez, debido a una fuerte carga racista y etnocentrista. Esa política de la ciudadanía le permitió a los EEUU decidir cuándo se debía de tratar a Puerto Rico dentro del esquema constitucional de EEUU y cuándo no. Venator, al igual que Thompson en Imperial Archipielago[1], diferencian la política de expansión colonial (que implicó los asentamientos de poblaciones blancas anglo sajonas) de la expansión imperial dirigida a controlar el territorio de poblaciones consideradas como extranjeras. Este es un marco de análisis novedoso y prometedor en futuras investigaciones sobre temas relacionados.
La explicación sobre cómo las protecciones constitucionales protegían a las poblaciones de los territorios antes y después de la invasión del 98 es especialmente instructiva y relevante. No queda totalmente claro, a mi entender, sin embargo, si el discrimen que queda contra los ciudadanos de EEUU residentes en Puerto Rico tiene que ver tanto, en este momento, con la naturaleza de tal ciudadanía en sí como con el hecho de dónde residan.
Si un ciudadano residente de Puerto Rico “compra” la estadidad y se muda a Florida o Nueva York (como, en efecto ocurre con frecuencia) allí va a tener todas las prerrogativas formales de un ciudadano de EEUU, con la excepción, quizás, de que no pueda ser candidato o candidata a Presidente de EEUU y eso tampoco es totalmente claro. Su condición social como migrante pobre y en algunos casos con dificultades en el manejo del inglés como idioma principal, lo colocará dentro de la estructura
social caracterizada por ejercer muy altos niveles de discrimen social y racial pero no dentro de una clasificación legal de ciudadanía que impacte la naturaleza de sus interacciones sociales cotidianas.
En esas circunstancias parecería que el énfasis de la discusión también debería de ser sobre la localidad y las posibilidades de diversas formas de autodeterminación y no tanto sobre la naturaleza misma de la ciudadanía. Del mismo modo, el estadounidense, con una ciudadanía protegida por la Enmienda XIV de la Constitución de EEUU, al mudarse permanentemente a PR tampoco puede ejercer prerrogativas de su ciudadanía americana por razón de su residencia. ¿Es entonces la localidad entonces el Issue central?
Este asunto requiere mayor elaboración en futuras investigaciones. Ello es especialmente preocupante si tomamos en cuenta que algunos de los enfoques de prensa en EEUU hacia la crisis económica y fiscal de Puerto Rico hacen hincapié sobre la idea de que el espacio geográfico de la Isla es un sitio sucio, deprimido, lleno de desempleados, de drogadictos (zombies han escrito algunos) y donde la economía informal de la droga invade toda la vida social. Si nos fijamos bien, ese enfoque mediático no se limita a explicar los asuntos financieros o económicos (que, de paso, no contextualiza adecuadamente) sino que tiende más bien a degradar el espacio isleño que produce migrantes educados que escapan del “desastre” de la localidad. Propongo que reflexionemos más profundamente sobre este flanco de investigación que se abre ante nosotros con una proximidad enorme.
En The Bordering of America: Colonialism and Citizenship in the Philippines and Puerto Rico Rick Baldoz y César Ayala analizan las presiones contradictorias que tuvo que manejar el gobierno de Estados Unidos entre la necesidad de adquirir formalmente nuevos territorios de alto valor estratégico como Filipinas y Puerto Rico y la urgencia de responder a las presiones dirigidas a garantizar que las nuevas poblaciones de esos territorios no “contaminaran” el cuerpo social estadounidense. La tesis de Baldoz y Ayala, conformada también por las investigaciones de Lanny Thompson en Imperial Archipielago, es que las políticas hacia los territorios no fueron homogéneas y estuvieron muy influidas por percepciones de naturaleza racial. Aprendí detalles de esta narración sobre el proceso de independencia filipino que me resultaron fascinantes, como la oposición de la Iglesia Católica estadounidense a la concesión de la independencia filipina, que le añade densidad desde un punto comparado a las investigaciones que se realizan desde Puerto Rico sobre estos temas. El estudio de Baldoz y Ayala es iluminador sobre las diferencias entre los procesos de Filipinas y Puerto Rico y sus caminos divergentes.
El ensayo de Edgardo Meléndez es una contribución bien pensada y excelentemente documentada de la centralidad del tema de la ciudadanía de EEUU en la configuración de la política colonial de la metrópoli hacia la Isla. En Citizenship and the Alien Exclusion in the Insular Cases: Puerto Ricans in the Periphery of American Empire Meléndez hace una contribución importante al estudio de los casos insulares al insistir en cómo la exclusión de los puertorriqueños de la comunidad política de EEUU ha sido un tema central y continuo en esta narrativa. El haber tenido acceso a las transcripciones de las vistas de estos casos le añade profundidad a su trabajo y un nivel de detalle desconocido hasta ahora.
Meléndez comienza su ensayo estableciendo el colonialismo y la ciudadanía de EEUU como los temas dominantes del proceso político de PR. El planteamiento de este investigador es que la exclusión de los puertorriqueños fue central en las determinaciones contenidas en el Tratado de Paris, en Downes v Bidwell, en el caso de González v Williams y finalmente en Balzac v Porto Rico suscrito por el Juez Presidente del Tribunal Supremo Taft. Al igual que en el caso de Venator, la profundidad analítica que le añade el hecho de que un investigador social, con amplio dominio de la literatura sobre el colonialismo en Puerto Rico, le dé una mirada profunda a estos textos legales, es refrescante. La paradoja de que, a comienzos del siglo XXI exista un territorio compuesto por ciudadanos de EEUU y que se exprese en Informes del poder ejecutivo que es posible disponer de ese territorio de forma unilateral, logra que se devalúe el valor de la ciudanía de EEUU, tal y como previeron algunos de los jueces en los llamados “casos insulares”.
Invito a los investigadores de temas de Puerto Rico a consultar este volumen. Es una contribución importante. En Balzac v People of Porto Rico el Tribunal Supremo estuvo muy cerca de decretar la existencia de una nacionalidad cultural propia de los puertorriqueños. Esa nacionalidad no era asimilable pero los puertorriqueños individualmente sí lo eran. Por ello abrir las puertas de la emigración era una estrategia individual que el Juez Taft, podría decirse, endosaba a comienzos del siglo XX. Curioso pensar que ese caso sigue siendo piedra angular de las deliberaciones sobre el futuro de PR en el siglo XXI cuando la mayoría de la población de PR optó, o ha sido forzada a optar, por la expresión de su nacionalidad en un contexto de nacionalismo estadounidense fuerte y revestido ahora del aura de la nación amenazada por la guerra permanente que representa las nuevas formas de terrorismo. ¿Refuerza este contexto las doctrinas basadas en la centralidad de la localidad? Buenas preguntas para seguir conversando.
[1] TUAU v. US (USCA Case #13-5272).
[2] Mitología nacional: Ciudadanía norteamericana para la gente de Puerto Rico y Servicio Militar
Harry Franqui-Rivera, MEMORIAS, Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe colombiano, 10:21, 2013.
[3] Cabranes, José A. Citizenship and the American Empire, Notes on the Legislative History of the United States Citizenship of Puerto Rico. New Haven: Yale University Press, 1979. Ver también: Jorge Rodríguez Beruff, Strategy as Politics, .
[4] José Julian Álvarez, The Empire Strikes Out: Congressional Ruminations on the Citizenship Status of Puerto Ricans, 27 Harv. J. Legis. 309 (1990).
[5] Yomarie García, “Sectores populares, ciudadanía y medios”, en Comunicación y exclusión en la ciudad, Vida Cotidiana en el residencial público de Puerto Rico, http://copu.uprrp.edu/PDFs/Comunicacion_y_Exclusion_enla_Ciudad.pdf.
[6] Lanny Thompson, Imperial Archipelago: Representation and Rule in the Insular Territories under U.S. Dominion after 1898, University of Hawai‘i Press, Institute of Postcolonial Studies, Melbourne, 2010.