Una medida legislativa que crearía una sala judicial especializada para dilucidar crímenes de cuello blanco está bajo consideración de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico.
La medida enmendaría la Ley de la Judicatura de 2003 y seguiría los pasos de tribunales especializados tanto en Puerto Rico como en otras jurisdicciones, tales como los especializados en la leyes de violencia doméstica y narcóticos. La sala se llamaría Sala Especializada en Delitos Económicos.
“Los delitos económicos son todas aquellas conductas ilícitas cometidas por personas naturales, personalmente o a través de personas jurídicas, que afectan el patrimonio de una o más víctimas, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o el mercado en general”, dice la exposición de motivos de la medida, el Proyecto del Senado 1018. La pieza legislativa se refiere a los llamados delitos de cuello blanco, sean delitos que conllevan estafar a agencias de Gobierno, como pasa regularmente con el Departamento de Hacienda, como a personas en particular; cubre varios incisos del Código Penal de Puerto Rico como leyes especiales penales.
La sala cubriría delitos de estafas hasta complejos ilícitos financieros, aduaneros o tributarios. Estos casos conllevan tanto multas simples “como ocurre con algunos delitos contra la propiedad intelectual hasta penas que consisten en 15 años de privación de libertad”, en caso de violaciones de delitos de mayor impacto.
La sala especializada operaría en coordinación con entidades públicas tales como el Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda y la Policía de Puerto Rico. Dice la exposición de motivos que la sala tiene el propósito de proveer eficiencia procesal y un mayor grado de peritaje en estos casos. Expresa la medida que similares salas especializadas han demostrado ser exitosas.
Varias preguntas quedan en el aire, pero ni el Senador Miguel Pereira, el autor de la medida, ni el ayudante especial que ayudó a redactarla, estuvieron disponibles para aclarar las dudas de El Post Antillano. Una incógnita en cuanto a la legislación es cómo se seleccionarían los jueces para tal sala, y que bagaje de experiencia profesional tendrían que tener. También queda en el aire qué clase de entrenamiento especial recibirían estos magistrados.
Recientemente, se han dilucidado en las salas civiles de Primera Instancia casos que tienen que ver con complejas transacciones financieras o de Hacienda, tales como el caso de Doral Bank, que demandó al Gobierno para hacer valer un presunto crédito que le había otorgado el Departamento de Hacienda. Aunque el caso de Doral fue civil y no criminal, se ha cuestionado fuertemente la decisión de la jueza que vio el caso. Esta jueza le dio la razón a Doral valiéndose en una obligación contractual, a pesar de que la obligación acordada va en contra del Código de Rentas Internas de Puerto Rico.
En cuanto a los delitos aduaneros, la sala tendría competencia para tratar con asuntos que tienen que ver con la evasión de impuestos en los muelles o la cadena que seguiría el propuesto Impuesto de Valor Añadido que comienza imponiendo un tributo a la entrada de bienes por los muelles de Puerto Rico.
Crédito foto: KellyB., www.flickr.com, bajo licencia de Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)