¿Tienen peso las 100 mil firmas?

Derechos Civiles

El título de este artículo hace referencia a la petición virtual que hiciera un ciudadano de Puerto Rico en el sitio web de la Casa Blanca, We the People, que funge como plataforma virtual para recoger el sentir directo de los ciudadanos americanos. Dicha petición, basada en el poder que emana del Artículo IV, Sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos de América (1), le pide al Congreso y a la Casa Blanca que se inicie un proceso de residenciamiento al gobernador en funciones, Alejandro García Padilla.

La sección a la que se refiere el creador de la petición es la de los poderes plenarios que tiene el Congreso sobre los territorios como Puerto Rico y es ahí que se materializa nuestra preocupación: puertorriqueños exigiéndole a la metrópolis que utilice su poder colonial (nos hemos cansado el eufemismo “poderes plenarios”) para desmantelar la restringida autonomía local del Estado Libre Asociado.

Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723 (2008), reconfirmó las doctrinas de los Casos Insulares, donde los jueces de entonces ingeniaron la definición que aún nos aplica: “Puerto Rico pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos de Norteamérica”. Estas decisiones reconfirman el carácter territorial del Estado Libre Asociado y, por ende, la aplicación del Art. IV, Sección 3 de la Constitución de Estados Unidos porque seguimos siendo un mero territorio, propiedad del Congreso.

Las 100 mil firmas lo que representan es el colonialismo, no solo de nuestro país, sino de esos ciudadanos puertorriqueños que prefieren la intervención descarada de Washington en asuntos nuestros. El positivismo normativo que pueda proteger esta petición no lo exime de sincerarse con la realidad. El Congreso, a estas alturas de la historia, no va a ejercer su poder imperial porque no le conviene. Lo podría hacer en cualquier momento, por supuesto, pero hacerlo equivaldría a desmantelar la noción -aunque falsa- de que en 1953 Puerto Rico ya había alcanzado el “self-rule” y, por consiguiente, EE. UU. no tenía por qué rendir informes sobre su posesión.

Falacia sobre falacia, dirán algunos. Pero es la falacia que hemos sostenido en el tiempo, aunque ya todo parezca indicar que su fin está próximo a llegar. Y ese es el peso, si alguno, que se le podría dar a esas 100 mil firmas de esos 100 mil compatriotas que añoran los años del colonialismo burdo: estamos tocando fondo.

(1) “El Congreso podrá disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos. Ninguna disposición de esta Constitución se interpretará en forma tal que pudiere perjudicar cualesquiera reclamaciones de los Estados Unidos o de algún estado en particular”. U.S. Const., Art. 4, Sec. 3.

Crédito foto: americaswildlife, www.flickr.com, bajo licencia de Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)