Recientemente, Puerto Rico ha estado viviendo un intenso tour de casos y comparecencias trascendentales ante el Tribunal Supremo, el Tribunal del Primer Circuito de Apelación de Boston y la audiencia otorgada por la CIDH de la OEA a una delegación puertorriqueña y todas han sido oportunidades para examinar el estado de los derechos humanos en la Isla.
Sabemos que la decisión del juez Martínez en el caso de doble exposición Pueblo v. Sánchez Valle, validó el esquema de los Casos Insulares y determinó que el Estado Libre Asociado nunca había ejercido una soberanía propia o distinta a la que emana del Congreso Federal. Al así reconocerlo, el juez Martínez está abriendo el paso para legitimar la visión pro “derechos civiles” (ideada por Pedro Rosselló y, recientemente, replicada por el abogado estadista y principal fundraiser de los Latinos por Obama, Andrés López) que el Partido Nuevo Progresista ha avalado como estrategia para activar un proceso conducente a la estadidad federada, fundada en la desigualdad de los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico frente a sus conciudadanos en los estados. El grave problema de haber abierto esta puerta es que sobre los derechos civiles se encuentra el universo de los derechos humanos, siendo el primer violador el Congreso de Estados Unidos al someternos al colonialismo, crimen jus cogens según el derecho internacional público. Y esto, sin mencionar la omisión de borrar el carácter del puertorriqueño como entidad nacional distinta a la norteamericana (otra afrenta contra el derecho internacional público, pero eso ya lo veremos en su momento).
En el caso de los derechos, también humanos, de la comunidad LGBTTQ, se dio el caso particular de un territorio conservador (la Isla) avalando las posturas “progresistas” de la metrópolis en cuanto al mal llamado matrimonio gay (en realidad, lo que se pide es el mismo matrimonio para todos los amores). En esencia, el Gobierno de Puerto Rico, en un acto valiente, pero condicionado a la realidad colonial nuestra, tuvo que acudir a un foro de mayor jerarquía para defender una postura de avanzada y justa ante la limitación de los mecanismos territoriales para cambiar dicha situación. ¿Pero una cosa no tiene que ver con la otra? Ya veremos cuándo los legisladores, ante el visto bueno de una decisión apelativa federal, cambien de opinión y busquen modificar el Código Civil “para asemejarnos más a los estados”.
Finalmente, regresamos al punto de partida de todos estos acontecimientos, la audiencia sobre Derechos Humanos ante la CIDH de la OEA. Todo el gran esfuerzo y trabajo quedó corto al no denunciar la principal afrenta a los derechos de todos nosotros: el colonialismo. Una oportunidad perdida, pero que sirva de aprendizaje a que el movimiento de derechos humanos de Puerto Rico no se olvide de condenar un sistema antidemocrático, lesivo e indigno para los puertorriqueños de todos los colores.