La legalidad o no de las sustancias controladas o drogas no se funda en una valoración moral susceptible a un escrutinio racional. Por lo general, el control del Estado es solo una extensión del interés de los grupos tradicionales de poder: la iglesia, las corporaciones y el patriarcado, o, en el caso de Puerto Rico, otro estado. Este es el caso de las drogas ilícitas y de la marihuana en particular.
El día 20 de abril (4/20) se ha convertido en un día festivo entre los usuarios y partidarios de la legalización del cannabis. Si bien en un inicio tal movimiento era únicamente equiparado a la escena hippie, desempleada y/o iconoclasta de nuestra sociedad, en estos últimos años, la cara del movimiento abolicionista de la marihuana se ha limpiado la cara y ha incorporado a poderosos aliados quienes, con estudios y evidencia científica y social, han destruido muchos de los mitos que el estado y un sector importante de la industria agrícola y farmacéutica han diseminado por años sobre la marihuana “demoniaca”.
El principal mito que ha caído ha sido la fallida Guerra contra las Drogas impulsado por EE.UU. desde finales de la década de 1970. Dicho programa ha desatado una guerra verdadera y sangrienta, sobre todo en los países en vías de desarrollo (productores de la materia prima para una diversidad de drogas aún ilícitas) y los estratos más discriminados de los países desarrollados, como es el caso paradigmático de las poblaciones hispanas y negras de los EE.UU., por solo mencionar el caso que más nos atañe.
El sostenido ataque contra la Guerra contra las Drogas, ha motivado a que poco a poco los activistas de la legalización del cannabis adelanten su misión, hasta el punto que varios países y estados estadounidenses hayan legalizado y/o medicalizado el uso recreacional y/o medicinal de la yerba. En EE.UU., la campaña se ha enfocado en romper la visión del usuario como un delincuente adicto y a demostrar el increíble gasto del erario en los arrestos, procedimientos criminales y cárcel por posesión de esta droga, además de evidenciar el alto costo social que la ilegalidad ha engendrado en los sectores más vulnerables del país.
De los múltiples estudios y artículos que diversos grupos profesionales han elaborado sobre la irracionalidad de seguir criminalizando la posesión y uso de la marihuana, salta a la vista el preparado por el American Civil Liberties Union (ACLU), “The War on Marijuana In Black and White”, donde se demuestra la grave injusticia social y discrimen que las políticas anti marihuana han perpetuado en las comunidades de perfil racial no blanco y pobre de los EE.UU. Si usted cree en la justicia y en la igualdad de todos los seres humanos y hasta ahora no ha apoyado la descriminalización de la marihuana, una vez lea este estudio es muy probable que cambie de opinión.
Las revelaciones que contiene este importante trabajo de la ACLU han sido discutidas académica y legalmente en Puerto Rico por reconocidos jueces, abogados activistas y estudiantes de Derecho. Inclusive, se han llegado a radicar proyectos en la legislatura del PPD, pero no han progresado, lo que demuestra los serios escollos presentes en enmendar la ley vigente que pone a la marihuana como una droga extremadamente peligrosa, con penas de cárcel desproporcionadas, que al final generan un daño más grave al imputado y a la sociedad.
Debe quedar claro, sin embargo, que favorecer la legalización y despenalización de la marihuana no equivale a que se fomente su uso ni que se otorgue una carta blanca a su consumo, distribución y venta. Precisamente, la anarquía que fomenta la ilegalidad es lo que propicia toda una red de entramados ilícitos, que muchas veces acaban en asesinatos y robos, y que sirve de apoyo al narcotráfico internacional. Es solo mediante la legalización que se puede controlar más efectivamente una industria como la de la marihuana (o de cualquier otra droga ilícita). Bajo el escrutinio y control público se fomenta una mayor educación y se transparentan los efectos positivos y negativos de la sustancia, eliminando de este modo, otros vicios de la ilegalidad mucho más nocivos a la sociedad como la pobreza, la desigualdad y la violencia.
Hay pues muchas razones válidas y bien estudiadas para ratificar la lucha que representa el 4/20 hoy y que no necesariamente conlleva encender un pitillo o porro. Una de ellas es perseverar en el reclamo de justicia social para acabar con la doble moral de un estado secuestrado por los grandes intereses que no les importa que los pobres nos sigamos desangrando por culpa del narcotráfico internacional.
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