Con dos meses de diferencia el país se encuentra ante otro lamentable incidente en el que jóvenes al volante arrollan a peatones y se dan a la fuga. Dentro del sensacionalismo y morbo con que los medios crean un espectáculo de un proceso tan doloroso, muchas veces no nos queda espacio para preguntarnos dos cosas. La primera es cuestionar un sistema legal en el que la aplicación de la justicia se ajusta más a la profundidad de los bolsillos de los acusados. La segunda es entender las múltiples variables para que el choque y fuga se esté convirtiendo en una trágica modalidad en Puerto Rico. En ambos supuestos la Justicia que le hemos dado al país tiene mucho que responder.
Por un lado, es ya infame la facilidad con que ciertos personajes de holgadas finanzas y con amigotes en las estructuras del poder lucen más confiados y desafiantes ante la responsabilidad que deberían asumir por sus actos negligentes y/o criminales (sin sonar farandulero, preguntémonos seriamente sobre el caso de Ana Cacho, por ejemplo). Mientras estos señoritos y señoritas “hacen y deshacen” a su antojo, el ciudadano común y corriente (o sea, el que representa a la mayoría pobre y asalariada del país) tiene que enfrentarse a toda la maquinaria de un estado opresor, alimentado por la sed de venganza que promueve la prensa amarillista y, recientemente, el odio que destilan las redes sociales. La posición desventajosa con la que estos ciudadanos comienzan sus procesos judiciales es la causa para que muchos tomen acciones desesperadas para evitar enfrentarse a la policía y a los tribunales. El temor y miedo mandan aunque siempre el cuadro sea más complejo. Esta situación límite, a su vez, incrementa los casos como los de Ivania y Santiago.
Pero ahora problematicemos un poco, quizás adentrándonos en resquicios algo incómodos. Ivania: mujer educada, blanca y perteneciente a la clase artística. A ella inmediatamente le han organizado un numeroso grupo de apoyo en las redes que ha sacado a la luz pública la realidad de un estado sexista, en necesidad urgente de una buena dosis de equidad de género. Sin embargo, y a pesar de haber plasmado esta realidad, también (y entendemos que indirectamente) se ha demonizado al joven negro de escasos recursos que la atropelló, tirándolo contra las cuerdas, influenciando decididamente los procesos judiciales, descascarando así la presunción de inocencia con la que el Derecho debería cobijarlo. Aunque nos siga doliendo la partida temprana de nuestra Ivania, este tipo de casos ejemplifican muy bien lo malograda que sigue estando nuestro país en asuntos de equidad racial y acceso a la justicia.
Sobre Kiara, pareciera que se repite la historia, solo que la identidad de la víctima y el victimario se ha trastocado. Kiara es una joven mujer negra dominicana que por su negligencia mata a un hombre trabajador puertorriqueño. El acto de fugarse es criminal y la hace una persona irresponsable, es cierto. Pero es entonces cuando se activan los miedos de un sector marginalizado de nuestro país que prefiere seguir agravando sus actuaciones negligentes con el afán de no enfrentarse a una justicia que para muchos de ellos y ellas ya ha dejado de serlo.
Por esto hacemos estas preguntas un poco desconcertantes. Entendemos que son necesarias para que estos sucesos tan terribles puedan ser afrontados -en ese país mejor que todos estamos construyendo- desde una realidad más justa y solidaria.
Crédito foto: Silvio Tanaka, Wikimedia Commons, bajo licencia de Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en)