Puerto Rico es una nación caribeña con estatus político colonial, que “pertenece” a Estados Unidos. Su gobierno interno es de tipo republicano teniendo tres (3) ramas de poder: el ejecutivo (ejercido por el gobernador colonial), el legislativo (con dos Cámaras Legislativas: Senado y Cámara de Representantes) y un Sistema Judicial: Tribunal “Supremo,” Tribunal de Apelaciones y Tribunales de Primera Instancia). Todas las decisiones tomadas por algunos de estos cuerpos pueden ser apeladas en última instancia a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Hace más de 65 años el Gobierno de Puerto Rico mantiene Autonomía Fiscal, impone y recauda sus propios impuestos, prepara un presupuesto y administra todos los recursos económicos gubernamentales. Este gobierno tiene la capacidad de obtener préstamos, regularmente mediante la emisión de bonos en el mercado de valores de Estados Unidos.
Desde hace más de treinta años el gobierno de Puerto Rico fue emitiendo bonos para el financiamiento de la infraestructura, aumentando así la deuda pública. El asunto se agravó cuando distintas administraciones tomaron dinero prestado para “cuadrar el presupuesto gubernamental” y pagar la nómina de los empleados públicos. La Constitución de Puerto Rico establece que todo presupuesto gubernamental tiene que estar balanceado. Para presentar una solución políticamente correcta, se recurrió a la renegociación de la deuda pública, como forma de obtener fondos para el funcionamiento gubernamental y hacer obras visibles al pueblo. Muchas de las emisiones de bonos fueron emitidas sin una fuente de repago. Por otro lado, las corporaciones públicas, que son entes gubernamentales (por ej. Autoridad de Puertos, Autoridad de Energía Eléctrica, y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) emitieron una enorme deuda sin fuente de repago que ha puesto al gobierno central en la insolvencia.
Por la enorme deuda acumulada por el gobierno de Puerto Rico, ($75,000.00 millones de dólares) las casas que acreditan el mercado de valores, han devaluado el crédito de Puerto Rico a nivel de chatarra. En caso de que se consiga algún préstamo, los intereses que tendrá que pagar son leoninos o casi al nivel de usura. Ya se ha detectado que los fondos “buitres” (Fondos de inversión de riesgo) son dueños de una tercera parte de esta deuda. El gobierno actual del gobernador Alejandro García Padilla, (Partido Popular Democrático) ha elevado los impuestos y arbitrios de una forma astronómica a la clase media y trabajadora. Sin embargo no ha hecho lo mismo con las grandes corporaciones. Como partidario del neoliberalismo ha creado las condiciones para que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres. Las medidas económicas que ha tomado este gobierno, en su mayoría no mejoran ni mucho menos resuelven este problema. Una reforma contributiva propuesta por esta administración para captar más impuesto en el consumo, el IVA, fue derrotada por la oposición y por miembros de su propio partido. En las vistas públicas celebradas por la Asamblea Legislativa, el proyecto recibió el repudio de múltiples asociaciones profesionales y populares que crearon presión para que el proyecto fuera derrotado.
La crisis económica mundial que comenzó en el año 2007,
no da signos de recuperación en Puerto Rico. El desempleo ha alcanzado niveles preocupantes. Las propiedades, especialmente las residencias se han devaluado considerablemente. Son muchas las hipotecas sobre las misma que han sido ejecutadas por la banca.
Se está produciendo una enorme emigración hacia Estados Unidos que incluye a familias y jóvenes puertorriqueños en busca de un mejor futuro. Contrario a otras emigraciones, ésta se ha dirigido principalmente a la ciudad de Orlando, en la Florida Central. Es preocupante que esta emigración incluya numerosos profesionales formados en Puerto Rico. Entre estos profesionales, emigran ingenieros, médicos, industriales, maestros, enfermera(os), dentistas y otros. También están saliendo del país, numerosos técnicos calificados. Todas estas personas son esenciales para el desarrollo de una nación.
De acuerdo a la evidencia diaria publicada en el diario El Nuevo Día, este es un gobierno con una extrema falta de transparencia. El gobierno oculta información a los periodistas, que es de vital importancia para el pueblo. Como consecuencia se ha creado una crisis de credibilidad en las diferentes decisiones tomadas por el gobierno. El caso se agrava en los municipios donde los alcaldes asumen actitudes omnipotentes.
Teniendo los abogados y otros profesionales necesarios para consultas, el gobierno contrata numerosos asesores y bufetes y otros profesionales, con altísimos sueldos y gastos. También utiliza costosos cabilderos en el Congreso de Estados Unidos y nadie conoce los resultados de su efectividad. Todas estas prácticas dañinas para una efectiva administración gubernamental, están unidas a una gran corrupción. Una distinguida Contralora, la licenciada Ileana Colón Carlo, calculó que el gasto de la corrupción gubernamental le cuesta a Puerto Rico un diez (10%) de su presupuesto. Los altos sueldos y bonos de sus funcionarios son muy onerosos. En la mayoría de los casos superan los sueldos de la empresa privada. Los legisladores del país reciben unos sueldos y beneficios fabulosos, mayores que los de las legislaturas estatales de Estados Unidos.
Mientras existan estas graves faltas administrativas, el gobierno de Puerto Rico continuará en una acelerada picada que conllevará su inmediata paralización. Los economistas han señalado que hay que reducir el gigantismo en el
gobierno y reducir notablemente el gasto gubernamental.