Para analizar una situación, evidentemente compleja, vinculada con una coyuntura internacional caótica que escapa a la capacidad de acción de cualquier país, especialmente del Sur, se debe salir de explicaciones simples reduciendo los procesos sociales a un voluntarismo colectivo o personal, que desembocan sobre acusaciones mutuas, sin excluir la utilización de la violencia institucional o espontánea.
Tampoco se puede negar la lucha de intereses económicos, que tanto al nivel nacional, como internacional, dominan el panorama, orientando las políticas y colonizando las mentes. También, hay varias maneras de concebir la lucha contra la hegemonía del capital y sus pertinencias pueden solamente ser juzgadas por sus resultados. Por eso en una primera sección se analizará el contexto local y global y en una segunda, los eventos de agosto 2015.
En este texto se trata de elaborar hipótesis destinadas a ser discutidas. La utilización del término modelo no contiene ningún sentido axiológico en sí mismo. Es un objeto social articulado en función de una lógica, que actores sociales adoptan para finalidades que ellos determinan. Cuando hablaremos de un modelo de modernización de la sociedad, no cuestionaremos la intención de cambiar una sociedad para su progreso, pero trataremos de analizar el contenido del concepto de modernidad y sus consecuencias sociales.
1° El contexto de las protestas de agosto 2015
La doble dimensión, nacional y mundial, del contexto es bien clara. En el conjunto del continente se nota en cada país elementos específicos que caracterizan las etapas de un agotamiento del modelo. Sin embargo, los efectos de la crisis global los afectan a todos y tal vez constituyen el elemento más importante.
1. Al nivel nacional
El paro sindical y el “levantamiento” indígena de agosto 2015 fueron el resultado de una situación que se deterioró ya desde hace bastante tiempo. Después de un periodo de caos político que caracterizó en Ecuador la salida progresiva de la era neoliberal, se elaboró en 2008, una constitución y el país conoció una estabilidad, que permitió la elaboración de planes de desarrollo, de restablecer un papel activo del Estado; de reconstruir los servicios públicos y de dar un mejor acceso de los más pobres a la salud y a la educación.
- El cambio económico y social
Gracias a mejores precios de las commodities y a una política fiscal nueva, transformaciones socioeconómicas fueron posibles. Hubo medidas sociales importantes en favor del trabajo formal, un aumento del salario mínimo; avances en el seguro social; reconocimiento del trabajo de las amas de casa que para quienes se afilien, tienen derecho a una pensión jubilar mínima y también inversiones importantes en los sectores de la salud y de la educación. Grandes obras públicas para acceder a la soberanía energética están en ejecución. Ecuador cuenta con centenares de kilómetros de carreteras nuevas.
Sin embargo, a poco más de dos años del segundo mandato del presidente Rafael Correa, protestas se generalizaron en el país, no solamente en las varias ramas de la derecha, sino también en los sectores populares. Muchos elementos intervienen para explicar tal situación. Entre ellos un factor central: el agotamiento de un modelo de modernización de la sociedad que ha tenido logros sociales importantes y ha permitido inversiones públicas numerosas, pero que no transformó el modo de acumulación y sus contradicciones fundamentales: grave destrucción ambiental; proletarización de los campesinos; desintegración de la culturas indígenas; urbanización poco controlada. Se trata, como expresa el presidente Rafael Correa, de un “capitalismo moderno” basado en una nueva matriz productiva que posibilite acelerar las exportaciones de productos fósiles (petróleo, minas) y agrícolas (banano, azúcar, palma, brócoli, agro-combustibles por medio de monocultivos); disminuir las importaciones; asegurar la soberanía energética; reemplazar el petróleo que está llegando a su pico por la extracción minera y el agronegocio.
En síntesis, es un proyecto que busca crear de manera rápida y eficaz el progreso del pueblo ecuatoriano, con un liderazgo dinámico y la adopción de conocimientos y de tecnologías avanzadas. De verdad, el Ecuador es probablemente el país de América Latina que supo aprovechar lo mejor de los logros de este modelo. Además que jugó un papel protagónico para la integración latinoamericana y la imagen del país al exterior se transformó de manera positiva.
Socialmente, se desarrolló una clase media con un consumo importante de bienes importados; se realizó una salida de la pobreza de casi dos millones de personas, con programas eficaces, pero de tipo principalmente asistencialista que crean más clientes que actores sociales; se redujo el poder político de la antigua oligarquía capitalista, se eliminaron los partidos políticos tradicionales denominados como partidocracia. Al mismo tiempo, nuevos grupos capitalistas “modernos” económicamente eficaces se reforzaron, con procesos acelerados de acumulación en los sectores de las finanzas; de la construcción; del comercio; de las telecomunicaciones; del agronegocio y de los intermediarios con los nuevos inversionistas, especialmente chinos. Poco a poco se constituyó una derecha “moderna”, que está tanto dentro de la oposición como dentro del gobierno; se aumentó la recaudación fiscal por medio del IVA y la creación de nuevos impuestos, pero todavía moderada para los más ricos y sin tocar ciertos intereses extranjeros y se recuperó mayor participación de las ganancias de las empresas extractivas para financiar los programas sociales. En la agricultura, el Gobierno apoyó los monocultivos de exportación de alta productividad, pero también destructores del ambiente y del tejido social rural, pero descuidó la agricultura familiar campesina e indígena, a pesar de que produce más del 60 por ciento de la alimentación del país y garantiza su soberanía alimentaria.
La derecha ecuatoriana que se opone al actual gobierno es plural: la antigua oligarquía que no tiene mucho peso político y la nueva que está divida en tres ramas principales: CREO con el banquero y exministro Guillermo Lasso; el Partido Social-Cristiano (hoy Madera de Guerrero) con Jaime Nebot, actual alcalde de Guayaquil y SUMA con Mauricio Rodas alcalde de Quito, en funciones. Cada una de estas ramas está vinculada con intereses económicos específicos. Así, la oposición de derecha no tiene un liderazgo ni un programa único y se caracteriza principalmente por su oposición al presidente Correa y tiene por estrategia infiltrar los movimientos de protesta.
La derecha que está dentro del Gobierno acepta la lucha contra la pobreza que amplía las bases del mercado; el trabajo formal; el seguro social; aún pagar un cierto nivel de impuestos, a condición que la estabilidad política les permite proseguir en ciertos sectores de la economía un proceso de acumulación acelerado.
Varios líderes indígenas se acercaron a personalidades de esta derecha, con la finalidad de exigir en un frente común, la dimisión del presidente Correa, como ocurrió en el pasado con otros mandatarios. Fueron rechazados por la CONAIE. Además, no hay duda que los servicios secretos de los Estados Unidos (CIA y otros) sean activos para fomentar el desorden, como siempre, pero no pueden ser considerados como la primera causa de los procesos sociopolíticos que conoce el país en este momento. La teoría del complot tiene el peligro de velar las causas profundas del proceso.
Por otra parte, ciertos grupos sociales (médicos, trabajadores del petróleo, jubilados, universitarios) han defendido intereses corporativos frente a reformas necesarias, pero a menudo impuestas desde arriba, por deseo de eficacia, muchas veces sin real diálogo y en varios casos de manera arbitraria, obligando a dar pasos atrás para rectificar errores. En el caso de las leyes sobre la herencia y la especulación, el malentendido fue tan profundo, que la derecha logró provocar en una buena parte de la clase media baja y aún de campesinos e indígenas, una reacción de rechazo contra medidas destinadas a repartir mejor la riqueza. Hubo, en este caso, evidente déficit de comunicación, debido a un flujo de información desde arriba, sin suficiente atención a las reacciones de los que la reciben. Fue uno de los efectos de un liderazgo demasiado exclusivo, que ve en una enmienda de la constitución para la reelección, la única manera de asegurar la continuidad del modelo.
El proyecto, que identifica modernización de la sociedad con el “buen vivir”, ha generado progresivamente un malestar generalizado a pesar de sus logros indiscutibles. Por una parte, grupos políticos que habían hecho una alianza con el Gobierno de Alianza País, perdieron su cuota de poder y se separaron.
Por otra parte, movimientos sociales que defienden la naturaleza; los derechos obreros afectados por la nueva matriz productiva; la posibilidad de organizar sindicatos en el sector público; la plurinacionalidad; los territorios y la identidad en tanto que pueblos de los indígenas, fueron considerados como obstáculos al proyecto modernizador. El nuevo código integral penal (COIP) y ciertos decretos presidenciales, como el decreto 16 sobre las organizaciones sociales, son los instrumentos utilizados para limitar sus acciones. Simultáneamente, se crearon movimientos paralelos favorables al gobierno, con una base frágil aunque numerosa, porque fue construida en gran parte sobre ventajas económicas inmediatas o como fruto del modelo de modernización, que hoy en día entra en crisis.
-Cambio en la gestión política
Al mismo tiempo, se desarrolló en el país un aparato de Estado bastante amplio, utilizado en varios casos como instrumento partidario para asegurar la continuidad del proyecto en el cual la influencia del ejecutivo es predominante. Se trata de un Estado administrado por una organización política pluriclasista (Alianza País), donde las fuerzas de derecha empezaron a ocupar un espacio siempre mayor en sectores estratégicos, especialmente desde el segundo mandato presidencial.
El conjunto de estos procesos más son el fruto de lógicas sociales, que de cálculos individuales, aún si ellos existen. Son connaturales al ejercicio de un poder que persigue la eficacia y objetivos políticos desde arriba, aún con un apoyo popular fuerte. No son determinismos, sino condicionamientos que siempre pueden revertirse con otra concepción del poder.
-Los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas tienen su especificidad también en esta realidad. En 2007, al inicio del nuevo sistema político que produjo una Constitución muy avanzada que incluye los derechos de la naturaleza; ratifica los derechos colectivos de los pueblos indígenas y reconoce al Ecuador como Estado Plurinacional. Hubo un apoyo de la CONAIE, (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, considerada como un verdadero gobierno de las nacionalidades) y que fue protagonista del levantamiento indígena de 1990.
Poco a poco vino la decepción frente a la no aplicación de la Constitución en materia de territorios, de conducción de la educación bilingüe; la ausencia de reforma agraria; las nuevas leyes y códigos que favorecen los monocultivos; la desposesión del control comunitario del agua en general y de la de los páramos en particular, sin hablar del desprecio, los insultos, y la deslegitimación sistemáticos de parte del poder. En las políticas sociales se consideraron a los indígenas como pobres, como campesinos, o ciudadanos, pero no como comunidades, pueblos, nacionalidades. La gran marcha del 8 de marzo de 2012 no fue entendida lo suficiente por el poder político. El proyecto modernizador apareció más y más como destructor de la identidad indígena. No era necesariamente su objetivo, sino el resultado, aún de parte de personas bien intencionadas, pero con una gran dificultad de entender en su esencia la realidad y la perspectiva indígena. La aceleración de la disolución sociocultural de las comunidades y pueblos indígenas por la urbanización; la desestructuración del tejido social rural propio; el sistema educacional; los medios de comunicación; la sociedad de consumo; la individualización de la propiedad; la folklorización de la cultura y de las cosmovisiones, son factores, que añadidos a la política oficial, han creado dentro de muchos indígenas un sentimiento de verdadera desesperación y desengaño. Por otra parte, un buen número de indígenas entraron en el sistema y se va conformando también una “burguesía” indígena, con reacciones similares a las de la nueva clase media en ascenso.
Para las organizaciones indígenas, la visita del papa Francisco añadió un elemento coyuntural a este estado de cosas, por la invisibilización de los pueblos indígenas y de sus líderes, situación muy diferente a la de 30 años antes, donde un encuentro del papa Juan Pablo II con más de 300.000 indígenas tuvo lugar en Latacunga. En esa ocasión, Monseñor Leonidas Proaño fue proclamado “el obispo de los indígenas”. En 2015, el único que recordó su memoria fue el Presidente de la República en su discurso de bienvenida al Papa. En el resto de los tres días de visita, el silencio fue total.
Evidentemente la alternativa no consiste en crear “reservas” a las que Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, les llama “jardines zoológicos”, sino de reconocer los derechos históricos de los pueblos que fueron desposeídos de sus territorios y de sus culturas al inicio por un capitalismo mercantil y colonial triunfante y más tarde por la integración en un capitalismo globalizado. La alternativa en este caso consiste en reparar la injusticia histórica para permitir a los pueblos indígenas vivir el Sumak Kawsay y mantener sus identidades con las bases materiales suficientes. Apoyar la agricultura indígena; la educación bilingüe; la justicia autóctona; las organizaciones indígenas urbanas; definir los territorios, son algunas de las medidas que podrían contribuir a una transformación que mira al futuro.
Es en este contexto que se deben interpretar las reacciones de las organizaciones indígenas históricas que muchos perciben como irracionales o exageradas.
Crédito foto: Yamil Salinas Martínez, www.flickr.com, bajo licencia de Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/)