Quisiéramos negar la relación territorial/colonial que gobierna entre EE. UU. y Puerto Rico, pero no nos es posible. La isla de Puerto Rico es un territorio no incorporado, que está controlado por el Congreso de EE. UU. y que como tal se ciñe a la voluntad que dicho cuerpo legislativo determine. Así ha sido desde 1901, cuando se definió la política del Gobierno de EE. UU. a los territorios no incorporados, como lo es Puerto Rico.
Pero, en medio de la crisis económica por la cual atraviesa el Gobierno y la población de la isla de Puerto Rico, en el día de hoy el gobernador, Alejandro García Padilla, desvela un informe redactado por un comité de funcionarios públicos de su confianza, titulado Plan de Ajuste Fiscal (PAF). Bajo el mismo, el Gobernador pretende desarrollar un plan de reestructuración del Gobierno, de cinco años, el cual permita mejorar las finanzas gubernamentales del País y, sobre todo, permitir un repunte económico. El PAF está inspirado o basado en el llamado Informe Krueger, que la execonomista del Fondo Monetario Internacional, Anne Krueger, junto a su equipo, le presentó al Gobierno el pasado 1 de julio de 2015.
El informe Krueger, el cual ha sido críticamente estudiado por varios sindicatos de Puerto Rico así como por algunas organizaciones de izquierda, en resumen plantea tres asuntos medulares: recorte de $2 mil millones de dólares en la gestión pública por parte del Gobierno; reestructuración de las relaciones laborales existentes; y transformación de la gestión pública por vía de reducir el tamaño del Gobierno, entiéndase la actividad pública de servicio al pueblo. En adición y de forma colateral, el Informe Krueger sugiere aumentar la capacidad productiva de la población y la reducción de la dependencia económica de la población de los servicios y beneficios del estado asistencial.
Nos parece que lo importante es ver el informe que presente el comité del Gobernador en torno al PAF. Volvamos, toda apuesta que sea meramente para que el pueblo se sacrifique y pierda calidad de vida, mientras que sectores socialmente poderosos lo están pasando bien, no sería aceptable. Esto incluye a los cerca de 500 mil millonarios que bajos las leyes de incentivos contributivos, Ley 22 y Ley 20 de 2012, han sido invitados a vivir en Puerto Rico a cambio de su inversión. Más aún, el Gobierno ahora promueve el programa internacional Start-Up Chile, el cual busca que pequeños empresarios globales se establezcan en Puerto Rico a cambio de incentivos económicos, si invierten en la Isla.
Es decir, si la reducción de la gestión pública va a ser el norte del presente y futuros gobiernos, reduciendo los beneficios sociales que afectan a la población, entonces, no nos deberíamos de entusiasmar con el PAF. Peor aún, si esto conlleva procesos aún desconocidos de privatización o de iniciativas público privadas, a beneficio solo del capital corporativo o de inversionistas extranjeros.
Lo que hoy se plantea por parte del gobernador García Padilla será un nuevo tipo de gobernanza económica y política. Tendremos que ver, para poderlo criticar o apoyar. Nos parece que el movimiento sindical organizado y algunos sectores de izquierdas en Puerto Rico tomaron los pasos correctos de analizar el Informe Krueger, como antesala al PAF. Ahora es el momento de dar críticas sesudas, ya sea rechazando o apoyando parcial o totalmente.
Ahora bien, para un territorio colonial, lo que no está claro es la visita solidaria del gobernador Andrew Cuomo. Se trata de una gestión iniciada por la pasada administración de Luis Fortuño de acercar la crisis de Puerto Rico al Banco de Reserva de Nueva York. Hoy, la visita de Cuomo es como un gesto curioso de solidaridad intracolonial. Pero, ¿nos resuelve algo, más allá de la buena publicidad para el Gobierno de Puerto Rico? Pensemos.