Recientemente escuchaba a Carlos Gallisá referirse a comunidades especiales como el más grande proyecto de justicia social implantado en Puerto Rico. Ciertamente, el proyecto de Comunidades Especiales que tan exitoso fue en el Municipio de San Juan del 1997 al 2001, se convirtió en el proyecto de país de la primera mujer Gobernadora de Puerto Rico. El mismo estaba basado en tres principios fundamentales: el principio de autogestión y apoderamiento comunitario donde el residente se convierte en el eje central de la planificación y desarrollo; la alianza entre las comunidades, los sectores públicos y el sector empresarial asumiendo las diversas responsabilidades y el enfoque integral al problema de la pobreza que descansa en el convencimiento de que hay que atacarla desde todos los frentes.
Siendo un proyecto social a una escala sin precedentes, con tan poco tiempo de incubación, es claro las oportunidades de aprendizaje son muchas. Sin embargo, la Cámara de Representantes lleva ocho años en una investigación cuya única intención es manchar el trabajo de muchos hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo integral de sus comunidades y de nuestro país. Me parece indignante que nuestras estructuras gubernamentales sean utilizadas para la persecución y la destrucción de una promesa de igualdad. Pretenden decir: primero que la inversión de $1,000 millones no fue correcta y segundo que fue mal utilizada. Yo quiero decir que en un país donde el 50% de nuestra gente es pobre, debería haber una inversión aún mayor en los proyectos que benefician directamente a los más marginados y no a los privilegiados. Quiero además decir que nuestras estructuras gubernamentales deben respondernos a todos y no acallarnos.
Próximamente nuestro pueblo tendrá nuevamente la oportunidad de salir a votar por nuestros gobernantes. Aprovechemos esta ocasión para asumir nuestra responsabilidad y reafirmarnos en lo que queremos para nuestro pueblo, fortaleciendo nuestra sociedad civil, educando para el pensamiento crítico y negociando por la equidad y justicia social