San Juan- La relación de los sindicatos con el gobierno puertorriqueño se tensó por el impago del bono de navidad, en medio de la crisis fiscal que tiene al país al borde del colapso.
El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, reiteró la disposición del gobierno a entregar la bonificación, aunque no se hará dentro de la fecha límite, el 20 de diciembre, debido a la falta de liquidez.
Para cumplir con esta obligación con los trabajadores públicos, la administración del gobernador Alejandro García Padilla deberá desembolsar 120 millones de dólares, a lo que se añade el pago de la nómina de la última quincena de diciembre.
Cruz Batista aclaró, al reconocer la responsabilidad legal del gobierno, que "vamos a pagar, pero no necesariamente vamos a poderlo hacer antes del 20 de diciembre", como establece una ley de 1979.
"El espacio que tenemos para cumplir con el término que se da por ley se va reduciendo, prácticamente nos quedan dos días laborables, así que ese espacio, esa ventana, se va cerrando", dijo el titular de la OGP.
Lamentó no tener en caja los 120 millones de dólares necesarios para pagar ese bono a los empleados públicos ni otras obligaciones pendientes, incluidos los suplidores del gobierno.
El ministro de Hacienda, Juan Zaragoza, anunció hace unos días una merma de 15,4 millones de dólares en los ingresos netos contabilizados al Fondo General en noviembre, que totalizaron 488,6 millones.
Explicó que en términos acumulados, el total de ingresos de julio a noviembre asciende a tres mil 51 millones de dólares, unos 149,5 millones más que el año anterior para el mismo período, pero 23,9 millones menos que lo estimada para el año fiscal en curso.
Debido a este comportamiento en los ingresos acumulados, el ministro de Hacienda dijo que se revisó el estimado de ingresos del presupuesto del año fiscal 2015-2016, que era de nueve mil 800 millones y se redujo a nueve mil 292 millones de dólares, unos 508 millones menos.
Ante esta situación, los gremios de trabajadores públicos se mostraron indignados porque mientras tanto se hacen esfuerzos mayores por cumplir con los acreedores de la deuda pública de 70 mil millones de dólares sin hacer una auditoría, pues una parte está cuestionada.
En el transcurso de la semana distintos gremios del sector gubernamental han protestado en diversos escenarios, incluida La Fortaleza, sede del Ejecutivo, debido al incumplimiento del Estado Libre Asociado (ELA) con esta obligación monetaria.
Con carteles que advierten que "Con mi bono no se juega", decenas de miembros de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, organización afín al oficialista Partido Popular Democrático (PPD), bloquearon hoy la entrada de las oficinas principales del Ministerio de Educación, en el sector capitalino de Hato Rey.
"Cobraron municipios, cobraron corporaciones públicas y ahora la Rama Judicial. ¿Por qué para unos sí y otros no? Estamos cansados del abuso, marginación y trato injusto", planteó Noel Cedeño, secretario general de la Local Sindical de la Asociación de Maestros.
Además, los trabajadores de corporaciones estatales, como la compañía de electricidad y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, han iniciado protestas en reclamo al cumplimiento de los acuerdos económicos tomados con el gobierno, que implicó sacrificios en sus conquistas.
Miembros de la Unión General de Trabajadores (UGT) bloquearon este miércoles la entrada de La Fortaleza, en el Viejo San Juan, y luego de una reunión con funcionarios de la administración que ofrecieron "un cuadro totalmente crítico".
El secretario de UGT, Jerson Guzmán, reveló que "nos presentaron un cuadro totalmente crítico y que el gobierno de Puerto Rico no tiene liquidez suficiente para garantizar el pago del bono", a la vez que acusó a la administración de García Padilla de subcontratar servicios que tiene disponible en la agencias públicas.
"Si consiguen dinero para pagar a los bonistas y a los amigos del gobierno, el dinero de los trabajadores no puede seguir perdido; los trabajadores tenemos que darnos a respetar", advirtió Guzmán.
Igual reclamo hicieron frente a la sede del Ministerio de Hacienda, integrantes de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), encabezados por su presidenta Mercedes Martínez, quien afirmó que el gobierno "tiene opciones para cumplir sus responsabilidades con los trabajadores y la gente".
"Lo que pasa es que ha decidido administrar para los grandes intereses, para los empresarios que viven del presupuesto y para los bonistas buitres que mantienen de rehén a Puerto Rico", alegó.
Martínez dijo que FMPR aboga por la imposición de un gravamen de 10 por ciento a las ganancias de las megatiendas extranjeras que sacan anualmente del país más de 35 mil millones de dólares.
"Para ellas, que poco o nada aportan al presupuesto de Puerto Rico, no hay crisis; la crisis (del gobierno) la deben pagar esas empresas millonarias", reclamó.
Otros sindicatos, como la poderosa Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), han advertido que tomarán la calle para reclamar sus derechos frente a un gobierno que sólo se preocupa por cumplir con los grandes intereses.
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