(San Juan, 11:00 a.m.) La vista del caso Puerto Rico v. Franklin y otros, la cual se celebró en la mañana del martes en el Tribunal Supremo de los EE.UU., dejó una impresión muy clara a los allí presente: muchos de los problemas que tiene la isla hoy se deben a la incompetencia del Congreso Federal.
Desde el año 1900, a partir de la Ley Foraker, y luego de los llamado casos insulares de 1901 a 1922, quedó meridianamente claro, que Puerto Rico existe como territorio no incorporado de los EE.UU. a partir de los poderes plenarios de la cláusula territorial de la constitución de dicho país. Siendo esto así, uno pensaría que el administrador del territorio colonial de Puerto Rico, es decir, el Congreso, debe hacerlo con plenos poderes y deberes. En otras palabras, debe ser un poder diligente. Pero en la práctica, nada que ver.
Lo que ha demostrado el llamado caso de la Quiebra Criolla, el caso de Puerto Rico v. Franklin y otros, ante el Tribunal Supremo Federal, es el hecho de que el Congreso ha sido incompetente en su sana administración de los intereses y del bienestar de Puerto Rico y sus habitantes. Cuando los EE.UU. se encontraban en la Guerra Hispanoamericana de 1898, en paralelo a ese proceso militar, se legisló en dicho país la primera Ley de Quiebras Federal (1 de julio de 1898). La misma permitió que tanto los estados como los territorios, pudieran acogerse a dicha legislación.
Hasta el año 1984, Puerto Rico gozó del beneficio de acogerse a la Ley de Quiebra Federal. No obstante, una reforma que no tiene sentido en dicho año, excluyó a Puerto Rico, como a Washington DC, del beneficio de que sus “municipios”, es decir, las corporaciones cuasi-públicas del territorio, pudieran acogerse a la ley de quiebras. A partir del 1984, sin razón alguna, Puerto Rico está excluido.
En otras palabras, el Congreso que legisló desde los tiempos de la invasión y el inicio del colonialismo la inclusión de Puerto Rico a los beneficios de la Ley de Quiebras Federal, nos excluyó sin razón alguna hace 32 años. En este sentido, por un acto del Congreso, hoy Puerto Rico no tiene protección alguna ante los bonistas que controlan los préstamos de las corporaciones cuasi-públicas. Se trata, a fin de cuentas, de un acto de irresponsabilidad fiduciaria por parte del Congreso.
La forma cómo el Tribunal Supremo Federal resuelva el caso de Puerto Rico v. Franklin y otros, es a fin de cuentas un misterio. Lo cierto es que la decisión judicial puede que tenga el efecto de rectificar los errores cometidos por el Congreso Federal. La vista del pasado martes evidenció esta situación: los jueces y juezas allí presentes, estaban maravillados por el hecho de que sin razón alguna el Congreso excluyó a Puerto Rico de los beneficios de la ley en el 1984. Es, por decir lo mínimo, un acto incompetente por parte del Congreso.
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