(San Juan, 2:00 p.m.) Por tercera reválida consecutiva, los candidatos y candidatas a ser admitidos al ejercicio de la profesión jurídica en Puerto Rico, han obtenido un porciento de pase, que no supera el 36 por ciento. En esta ocasión, para los resultados que apenas salieron ayer, el 33 por ciento del total de los candidatos, es decir 400 estudiantes candidatos, pasó la reválida. Esto es el porciento más bajo en las pasadas tres reválidas, donde en septiembre del 2015, el porciento fue de 36, y en marzo del 2015, fue de 34 por ciento.
Ahora bien, ¿dónde radica el problema? En reacción ofrecida por el decano de la facultad de derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, el pasado mes de noviembre, esté alegó que el problema yace en la Junta Examinadora para el Ejercicio de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía en Puerto Rico, quienes supuestamente no mantienen una colaboración adecuada entre las facultades y esta institución. La Junta es una dependencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, es decir, es una institución pública.
La reacción de este decano como de los otros, es más cónsono con una mirada neoliberal que existe en los EE.UU. donde el estado no necesariamente controla el examen, sino que lo controlan los gremios legales. De esta forma, el mercado, en el cual co-existen los gremios legales, así como las facultades de derecho, pueden tener mejor administración de los ingresantes al ejercicio de la profesión.
De otro lado, la crítica que sostienen los decanos en Puerto Rico, no reconoce el hecho de que todas las facultades de derecho hoy se encuentran en precaria situación económica, por la cual no pueden pagarle a sus profesores y profesoras a tiempo parcial, y más que nada, y para poder sobrevivir económicamente han ido desregulando el currículo que se ofrecen en las facultades.
Ante esto, los estudiantes de algunas de las escuelas de derecho hoy, sólo tienen que tomar 42 créditos compulsorios, y el resto puede ser en electivas, de un total en promedio de 100 créditos. Dicho esto, los programas de internacionalización que ofrecen oportunidades a los estudiantes a irse un verano o un semestre, tampoco abalan para el aprobar el examen de la reválida. Lo que si logran es darles una exposición a otras culturas a los estudiantes.
Lo interesante es que ya hay demasiados signos en el ambiente que sugieren una urgente reforma de la educación jurídica en Puerto Rico.
Ante la crisis económica de las facultades, ante el pobre nivel de aprobación de los candidatos y candidatas a la reválida, hay que añadir dos variables muy importantes. Por un lado, Puerto Rico es la jurisdicción en todos los EE.UU. con el porciento más bajo de aprobación del examen de reválida; y por otro lado la isla es la jurisdicción donde el 50 por ciento de los que estudian derecho, no trabajan luego en la profesión jurídica.
En otras palabras, ante este cuadro, ¿no deberíamos repensar el futuro de la educación jurídica en Puerto Rico? Ante esto, ¿no deberían los estudiantes de derecho en Puerto Rico demandar a sus facultades, para exigirles que reestructuren los currículos académicos que hoy se ofrecen y los cuales, en parte, son la razón para que no se esté aprobando el examen de la reválida? Pensemos.