En el año 2008, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) inició una investigación sobre un presunto patrón o práctica de uso de fuerza excesiva, registros y allanamientos inconstitucionales y prácticas policiacas discriminatorias de la Policía de Puerto Rico.
Estos esfuerzos culminaron con la publicación en marzo de 2011 de un Plan de Reforma Interno para la Policía de Puerto Rico, mejor conocido como el Plan de Excelencia. Las reformas del Plan de Excelencia incluyen el desarrollo y la implementación de nuevas políticas sobre el uso de fuerza y el adiestramiento de todos los correspondientes integrantes de la Policía de Puerto Rico; la adopción de un sistema de disciplina modificado; la mejora de los procedimientos de querellas administrativas; el fortalecimiento de los esfuerzos de alcance comunitario a través de los Comités de Interacción Ciudadana; y una revisión del personal para mejorar la proporción entre supervisores de la Policía de Puerto Rico.
Así las cosas, en el mes de julio de 2013, como parte del caso ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, las partes alcanzaron un acuerdo para asegurar que la Policía de Puerto Rico ofrezca servicios policiacos que respeten los derechos civiles garantizados por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
La noticia sobre los arrestos de los agentes Máximo Cano Díaz, Iris Rivera Figueroa, Antonio Rodríguez Ortiz y el ex-policía Javier Ortiz González lastimosamente no nos toma por sorpresa. Estas acusaciones por parte de las autoridades federales han puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad de realizar evaluaciones e investigaciones continuas sobre los componentes de la fuerza.
El informe emitido en 2011 y el acuerdo alcanzado entre las autoridades federales y estatales en el 2013 fue solo un primer paso en el camino largo y tendido que nos queda por recorrer. Aunque somos conscientes del elemento de confidencialidad propio de estas investigaciones y evaluaciones, resulta imprescindible, una vez culminadas, dar a conocer estos esfuerzos y sus resultados. Estamos, lamentablemente acostumbrados a actuar con impunidad y sin conocer consecuencias. La violación a los derechos fundamentales y a la dignidad del ser humano tiene que respetarse y garantizarse por todos los entes, públicos y privados, de un pueblo.
Esperamos que las transformaciones que se aspiran alcanzar por medio del mencionado Acuerdo finalmente se traduzcan en mayores protecciones a la seguridad pública, a prácticas policiacas dignas, constitucionales y humanas y a rehabilitar la confianza de las personas en la Policía de Puerto Rico. Entretanto, limpiemos la casa y procuremos que la gestión de los agentes y las agentes que sí cumplen cabalmente con su deber, no desluzcan por la conducta inadecuada de algunos cuantos.