Aunque importante acto de denuncia y documentación de los abusos que ocurren en Puerto Rico, no me hace falta un informe para saber que padecemos de la institucionalización de la violencia que se profundizó con la Ley 7 y la pérdida de derechos a la seguridad laboral de los trabajadores de sector público. Los puertorriqueños lo vivimos en carne propia y lo sufrimos día a día. Nuestra policía es el reflejo del gobierno de turno que empuja a una nueva filosofía pública donde solos los sin escrúpulos y protegidos por el gobierno de turno sobrevirán. Porque en la calle o en el mercado eso es lo que impera según los charlatanes que están dirigiendo la política publica basados en sus intereses en el sector privado y no en el bienestar del pueblo.
Tristemente, el concepto del policía de comunidad se abandonó por la mano dura y hoy cosechamos un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles que concluye que en la Policía de Puerto Rico prevalece una cultura de brutalidad y abuso irrestrictos, y no se actúa de manera enérgica para combatir las agresiones sexuales, la violencia doméstica y el homicidio de mujeres por sus parejas. Lo que no dice ese informe es que nuestro sistema judicial es igual de injusto, impune y corrupto. En Puerto Rico el que tiene dinero tiene justicia, el que no… debe esperar y la justicia tardía para los pobres, no es justicia.
El informe denominado "Isla de impunidad: Policía de Puerto Rico al margen de la ley" identifica numerosas falencias o fallas que explican la crisis que atraviesa esta institución, el segundo departamento de policía más numeroso de los Estados Unidos, con más de 17.000 agentes.
El informe se difunde nueve meses después de que el Departamento de Justicia estadounidense presentara un duro informe sobre la PPR, que determinó la existencia de un amplio espectro de violaciones constitucionales, incluidas prácticas generalizadas de uso excesivo de la fuerza. La investigación efectuada por el Departamento de Justicia federal, cuyas conclusiones demoraron en presentarse, se centró en incidentes ocurridos entre 2004 y 2008, y comprobó además que la policía había reprimido los derechos de manifestantes en 2009 y 2010. El informe de ACLU analizó principalmente incidentes ocurridos entre 2007 y 2011, pero también contempla hechos producidos hasta el mes pasado.
ACLU lo invita a que inste al gobernador Luis Fortuño y al jefe de la Policía de Puerto Rico Héctor Pesquera a abordar el grave problema de brutalidad policiaca que afecta a Puerto Rico, a fin de asegurar que las garantías de la Constitución de los Estados Unidos resulten tan efectivas para los ciudadanos de Puerto Rico como lo son para todos los demás ciudadanos estadounidenses.
Link a resumen Ejecutivo en Español - http://www.aclu.org/files/assets/islandofimpunity_executivesummary_spanish_0.pdf
Link a Informe - http://www.aclu.org/human-rights/island-impunity-puerto-ricos-outlaw-police-force
Link para escribir carta a Gobernador - https://ssl.capwiz.com/aclu/issues/alert/?alertid=61480601&type=CU&s_src=UNW120001C00&ms=web_prreportEN_homepage