La Junta de Supervisión y Administración Fiscal federal (JCS) vino a Puerto Rico y rechazó la propuesta fiscal del gobierno colonial. La oposición a la JSF no ha adquirido niveles masivos.
Sugiero rediseñar la estrategia frente a la deuda pública de Puerto Rico. La respuesta de la metrópolis ha sido una sindicatura de administración al Estado Libre Asociado (ELA) territorial colonial mediante la ley Promesa y la Junta de Supervisión Federal. Hasta el momento la respuesta de sectores puertorriqueñistas ha sido de oposición a la Junta de Control.
En oposición al ELA, que es también un engendro colonial, hemos estado desde que se anunció la Ley 600 en 1950. Una lucha anticolonial no puede centrarse nada más que en una oposición al mecanismo administrativo colonial utilizado. La lucha es contra el colonialismo, lucha prolongada del pueblo.
Hay que cambiar el centro de acción y el mensaje. Tiene que ser un mensaje y acción a la ofensiva. La deuda pública es una deuda odiosa colonial proscrita por el derecho imperativo internacional, es responsabilidad del gobierno federal causada por el control de todos los poderes de soberanía necesarios para proteger y generar riqueza.
Hace un año intentamos crear una comisión intersectorial estratégica, pero las divisiones partidistas y electoralistas de siempre, la miopía de ciertos sectores en ese momento, y otras razones, no permitió que cuajara la misma. ¿Cuánta falta hace? Pronto comparto un ensayo largo explicativo de estos asuntos.
En este momento es necesario un congreso anticolonial de todas las fuerzas que creen que Puerto Rico es una colonia, con dos asuntos en la agenda: (1) convocar una asamblea constitucional de estatus solvente, permanente e inclusiva, con participación de estadistas, soberanistas, independentistas, todos los istas menos los inmovilistas que creen en el arreglo colonial. (2) Y el reclamo de la anulación de la deuda colonial odiosa de los estados de la nación puertorriqueña, para que la asuma el gobierno federal en reparación de agravios. Se puede convocar esa convergencia mediante una declaración de propósitos limitada a los asuntos de consenso. El país lo necesita.
Deberían convocar ese Congreso Anticolonial una convergencia de los partidos y sectores de la isla y la diáspora que tengan poder de convocatoria: Alexandra Lúgaro, Manuel Cidre, Vargas Vidot, el PIP, el Colegio de Abogados, el tercer sector de entidades sin fines de lucro, sectores soberanistas fuera del PPD, Ricardo Rosselló si entiende que va a seguir la experiencia de Tennessee (quienes organizaron una Asamblea Constituyente para descolonizar su territorio como fuerza para reclamar la estadidad), congresistas boricuas y organizaciones representativas de la diáspora.
Poderes tiene el gobierno federal para crear un fondo de expropiación de los créditos buitres al precio en que adquirieron los mismos, y responsabilidad tiene para crear un fondo de compensación que le pague con prioridad a bonistas pequeños como cooperativas y fondos de pensión.
Ese reclamo del Congreso Anticolonial y luego de los delegados de la asamblea constitucional de estatus hay que llevarlo a todos los rincones de la isla y la diáspora, al centro de poder de la metrópolis: Washington DC y los foros internacionales. Comenzó la tormenta, va por categoría 2, pronto, en febrero será categoría 6. Más vale que nos preparemos como pueblo. No podemos desgastarnos en luchas defensivas que ya han cumplido su función.