UNA OPORTUNIDAD PARA JOVENES INDOCUMENTADOS
Ann Arbor, Michigan- El pasado 15 de junio de 2012, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, adoptó por orden ejecutiva una nueva política de inmigración que aunque no es una reforma total de las leyes de inmigración, si le ofrece amparo a millares de hijos de indocumentados que cursan estudios en Estados Unidos. Bajo la nueva orden, aquellos hijos de inmigrantes ilegales que entraron a Estados Unidos antes de los 16 años y han logrado un diploma de escuela superior podrán solicitar legalizar su residencia y solicitar permiso para trabajar en Estados Unidos legalmente.
El impacto es tremendo. De los aproximadamente 12 millones de indocumentados que viven y laboran en Estados Unidos, la política de Obama en esencia le ofrece amnistía a aproximadamente 800,000 jóvenes que pueden solicitar empleos y conseguir licencias de conducir sin temor a ser deportados de ser detenidos. Estos estudiantes pueden ingresar y aportar a la fuerza de trabajo de estadounidense. Esto quiere decir que no se tiene que quedar como sus padres, haciendo trabajos a escondidas so miedo de deportación, en los empleos de baja paga, tal como empleadas domésticas, empleados de mantenimiento, ayudantes de cocina, trabajo de agricultura, entre otros talleres tras bastidores.
Según Daniel Chávez: “ahora puedo ser dueño de mi propio negocio de jardinería, en vez de trabajar para otro el resto de mi vida a $7 dólares la hora.” Para Paola, una joven recién graduada de escuela superior, la iniciativa de Obama significa que: “ahora puedo solicitar para estudiar en la Universidad de Michigan, y lograr mi ambición, que es convertirme en abogada para ayudar a mi gente.”
La medida de Obama, sin embargo, no esta libre de sus peligros, ya que se da en un marco político desprovisto de estabilidad. Por varios años consecutivos, el Congreso se ha rehusado actuar sobre una pieza legislativa titulado el DREAM Act, que le hubiese concedido estos beneficios. Ante la inacción del Congreso, el Presidente actuó unilateralmente, por decreto ejecutivo. Al ser una Orden del Presidente, y no una ley del Congreso, esto significa que es meramente una política administrativa que no tiene el vigor o la permanencia de una de ley. Un futuro Presidente, léase el contrincante Republicano Mitt Romney, la pudiese derogar de la noche a la mañana de un plumazo.
Pero al adoptar la política por decreto ejecutivo en año electoral, un año en que el voto latino puede decidir el resultado de las elecciones, la ofensiva de Obama pone a Romney contra las sogas. De declararse en contra de la iniciativa de Obama, Romney arriesga enajenar el voto latino y posiblemente perder las elecciones. Hasta ahora, Romney se ha limitado a denunciar la medida como un parcho, que no atiende de una manera seria y a largo plazo la problemática de la inmigración ilegal. La renuencia de Romney de expresarse claramente en torno a la medida, sin embargo, afecta su implantación, ya que su posible retracción expone a que aquellos jóvenes que soliciten los beneficios de trabajo baja la ley, se identifiquen públicamente como jóvenes indocumentados sujeto a deportación, de eliminar Romney el acto de Obama. Por el momento, sin embargo, este peligro no afecta a Paola: “la ley es tan justa que tengo fe en Dios que quien quiera que sea electo, hará lo correcto y la mantendrá.”