Nadie puede ya dudar que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos bajo el control absoluto del Congreso norteamericano. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Commonwealth of Puerto Rico v Sánchez Valle decidió que Puerto Rico no goza de soberanía. Concluye, además, que la Constitución del Estado Libre Asociado fue redactada para proveerle al territorio poder limitado para tratar los asuntos internos de la colonia. El jaque mate ocurre cuando el Congreso norteamericano crea la Ley Promesa y nombran a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para que administre la colonia y nos ayude a salir de la crisis económica en que nos encontramos.
Hay otro aspecto del status colonial que pasa desapercibido prácticamente para la totalidad de la ciudadanía, en particular para los médicos. Para presentar una demanda por responsabilidad profesional contra un médico solo hay que pagar $50.00 en sellos, no importa la cuantía que se reclame en la demanda. Para probar que un médico se apartó de la mejor práctica de la medicina se necesita un perito médico que certifique que el demandado se desvió de lo aceptado como la mejor práctica de la profesión médica.
Los tribunales de Puerto Rico son muy laxos al admitir las credenciales de los médicos que ejercen como peritos médicos en las demandas por impericia médica. Cualquier médico puede testificar sin importar su especialidad en contra de otros médicos especialistas y expertos en su disciplina. Aunque al testimonio de un especialista el tribunal le puede adjudicar mayor valor que el testimonio de un médico generalista, no siempre ocurre de esa manera. Es el juez o jueza el que debe aquilatar la evidencia y adjudicarle credibilidad al perito en cuestión.
La Asociación Médica Americana pasó una resolución en el 1990 declarando que el actuar como un perito en corte es considerado como práctica de la medicina. En Puerto Rico la Junta de Licenciatura y Disciplina Médicas no ha definido siquiera qué es la práctica de la medicina en la colonia, ni cuándo es que comienza la relación médico-paciente. Es por eso que continuamente vienen a Puerto Rico peritos médicos norteamericanos y ofrecen testimonio sin que se le requiera responsabilidad alguna. No responden a nadie, no tienen licencia para practicar la medicina en Puerto Rico., no pagan la cuota del Colegio de Médicos Cirujanos ni tienen que solicitar permiso a la Junta de Licenciatura y Disciplinas Médicas para testificar en determinado caso. Sin embargo, emiten opiniones que en variadas ocasiones son mentiras, un fraude sin ofrecer evidencia científica para respaldar su testimonio. Si el juez se equivoca y le da total credibilidad a un testimonio no basado en datos científicos, ese juez o jueza comete una injusticia en contra del médico demandado.
En el sistema legal anglosajón, de Estados Unidos se aplica lo que se conoce como la regla de Daubert. El standard de Daubert se utiliza en los tribunales de Estados Unidos al aplicarlo al testimonio de los expertos en las cortes federales. Se supone que el experto documente con datos científicos el testimonio que ofrece al tribunal.
En Puerto Rico tenemos el sistema legal Napoleónico, transferido de Francia a España y de España a Puerto Rico. En nuestro país no se utiliza la regla de Daubert. En su lugar se aplica la Regla 706 de Evidencia bajo la cual en el contrainterrogatorio al perito el abogado le puede solicitar que presente la base científica que respalda su opinión. En la eventualidad de que el perito médico no pueda ofrecer los datos científicos, ese es el momento para impugnar su testimonio. Los conocimientos o ignorancia del juez (a) son muy importantes en esta etapa del juicio. Por ejemplo, si una juez no sabe siquiera lo que significa que una complicación en particular es un riesgo inherente a un procedimiento quirúrgico, demuestra que tenemos un sistema legal lleno de ignorantes. Esto deja mucho que desear cuando se va a adjudicar la justicia en casos médico-legales. Es por eso que los juzgadores en ocasiones deciden arbitrariamente y con prejuicios y hasta como forma de castigo o venganza y no basado en la verdad y justicia.
Los peritos norteamericanos entran a la colonia sin restricción alguna, contrario a otros profesionales. Los ingenieros norteamericanos no pueden venir a Puerto Rico, delinear planos y construir edificios. Eso les está prohibido. Igualmente, los abogados norteamericanos no pueden postular en las cortes locales y sin van a las cortes federales no pueden ir a menos que estén acompañados de un abogado local. Son los abogados de Puerto Rico los que tradicionalmente les han impuesto a los médicos de Puerto Rico que tengan que tolerar la intromisión de peritos médicos norteamericanos. ¿Qué acción ha tomado el Colegio de Médicos Cirujanos, el Gremio Médico o la Junta de Licenciatura de Medicina y Disciplinas Médicas para evitar este atropello? Ninguna, pues esos peritos del norte siguen llegando a Puerto Rico. Conozco que por lo menos en cuatro ocasiones han venido a mentir perjudicando a los médicos locales. ¿Y aun se sorprenden del hecho de que los médicos se sigan marchando a Estados Unidos? Las agrupaciones profesionales que nos representan han sido y continúan siendo muy sumisas.
Existe otro problema y es el de las autopsias subterráneas que hacen algunos patólogos (a) en funerarias o en una escuela de medicina. Esas son las autopsias clínicas, los pacientes que mueren en los hospitales. Frecuentemente, el familiar solicita una autopsia no para averiguar la causa de muerte, sino para demandar al médico y al hospital. La veracidad de esos resultados se ha cuestionado en varios casos. En el pasado he propuesto que esas autopsias se realicen en el Departamento de Patología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Esto le proveerá un taller de enseñanza a los residentes de patología y al mismo tiempo allegaría fondos para la Escuela de Medicina que necesita malamente de nuevos ingresos ante la crisis fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Esa recomendación ha caído en oídos sordos.
Lo que demuestra que en el país no solo las agencias públicas, sino que además las agencias privadas no han sabido poner su organización en orden y lo que es peor es que a nadie le importa.
Un testigo, un mentiroso; más testigos, todos mentirosos.
Proverbio griego.