En Puerto Rico, la corrupción gubernamental se ha convertido en algo tan evidente que los afectados ya están declarando al respecto, aunque sea anónimamente. Parece que la corrupción está tan entronizada que muchos de aquellos que quieren hacer negocios con el Gobierno separan de sus presupuestos una cantidad para asegurar el contrato que solicitan.
Entre los hallazgos del estudio, enumerados en el diario El Nuevo Día en un reportaje en dos partes, está el que un número significativo de los empresarios encuestados tiene o ha tenido presupuestadas partidas para regalos u otros detalles con funcionarios públicos. También, muchos de los entrevistados indican que la corrupción es alta en las esferas intermedias y altas de las agencias gubernamentales. Más aún, una porción grande dijo que se ha visto en la obligación de donar a alguna campaña política a pedido de un funcionario. Es la percepción de 66 por ciento de los empresarios y 56 por ciento de los funcionarios públicos entrevistados que la corrupción ha ido en ascenso en años recientes.
También, hay funcionarios públicos entrevistados que admitieron que han aceptado algún tipo de oferta económica ilegal de parte de personas privadas que tienen la mira en adelantar sus intereses. La economista Alicia Rodríguez Castro, una de las autoras del estudio, le dijo al periódico que aún en países con excesiva reglamentación burocráticas, este patrón de corrupción puede reducir la inversión y el crecimiento económico. Recalcó que a pesar de que hay en Puerto Rico leyes que regulan la contratación con el Gobierno, estas aparentemente no se están implementando.
Otra economista autora del estudio, Eileen Segarra Alméstica, dijo que la transferencia de fondos federales (o del Gobierno de los Estados Unidos) a Puerto Rico tiene mucho que ver con esta corrupción ya que muchas veces los fondos federales van destinados a tareas que sólo pueden ser provistas por entidades privadas. También dijo que los entrevistados dicen que en promedio estarían dispuestos a pagar un 11 por ciento del valor de un contrato con el Gobierno con tal de asegurarlo.
Entre los métodos preferidos de corrupción mencionadas en el estudio, están las de entregar dinero en efectivo, la sobrevaluación al comprar, el tráfico de influencias y soborno o pagos “por debajo de la mesa”.
Un empresario que habló con el periódico dijo que después de años participando en subastas en el área de la construcción, tanto con el gobierno central como los municipales, se dio cuenta que tenía ceder a la práctica de hacer pagos para que se le considerase para un contrato. Había visto durante sus años de jugar limpio que eran siempre los mismos los que se llevaban los contratos, incluyendo a los amigos de los políticos del área.
Recibiendo los “regalos” de los contratistas hay todo tipo de gente, desde las secretarias hasta el director de la agencia, dijo el empresario, aduciendo que estaban involucrados miles de dólares.