Escribo estas líneas en el contexto de la aparición de tres importantes informes sobre la realidad puertorriqueña. La American Civil Liberties Union hace patente la necesidad de profundizar los procesos de cambio en la Policía de Puerto Rico para combatir la rampante corrupción e impunidad en dicha institución. La Comisión Especial del Colegio de Abogados sobre Fiscalización del Estado Actual de los Derechos Constitucionales, apunta a que el acelerado deterioro del respeto a los derechos civiles en la Isla obedece a la alevosía de una elite gubernamental que medra en los despojos del agotado modelo económico colonial. En el tercero, un consorcio de cuadros de los Departamentos de Economía y Ciencias Políticas del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, identifican el crecimiento de la corrupción como el mayor lastre del desarrollo económico del país. Este último texto es el que se me antoja que ejemplifica mejor el caos en que se ha tornado nuestro sistema político.
El escenario que pinta este informe sobre la corrupción en nuestra Isla, nos coloca en una situación parecida a la que padecía Cuba en la era pre-Batista. En esa época un poco conocido Fidel Castro era candidato a la Cámara de Diputados por el Partido Ortodoxo. El teatral suicidio de Eduardo Chibás, Senador y candidato presidencial de esa colectividad, lo lanzaría al centro del ruedo político. Chibás había entablado una controversia pública con un ministro al que acusó de desfalco. El aludido calificó de calumnia a la imputación en un agrio discurso televisivo. El país se mantuvo en vilo esperando el desenlace del duelo político. Chibás no pudo reunir la prometida evidencia para sostener su acusación. El pundonoroso líder pagó con su vida este error. El domingo 5 de agosto de 1951, Chibás concluyó su programa de radio semanal arengando a sus correligionarios a no dejarse arredrar en su lucha contra el Presidente Carlos Prío Socarrás y de inmediato se disparó en el estomago.
Castro no olvidó la lección del trágico final de su antiguo mentor. Para vengar su muerte decidió hacer de la denuncia de la corrupción el eje de su campaña. Su objetivo era hacer tambalear al gobierno del propio Presidente Socarrás. Eventualmente, sus investigaciones le llevaron a descubrir varias instancias de enriquecimiento ilícito del Primer Mandatario. Socarrás tenía una hacienda tabacalera con obreros a los que mantenía virtualmente en un estado de esclavitud. Incluso usaba personal del ejército para que trabajaran en ella. Esta y otras muchas fincas fueron adquiridas por éste, gracias a la extorsión de empresarios a los que brindaba favores. Armado de fotografías y documentos, Castro acusó a Socarrás en un programa de radio de difusión nacional y creó un inmenso escándalo político.
Todavía se discutían los méritos de su informe jurídico en los medios y los tribunales cuando el golpe de Estado de 10 de marzo de 1952 aplastó su proyecto. Las elecciones fueron dejadas sin efecto por el General Fulgencio Batista. Las injusticias del sistema político cubano le regatearon la victoria electoral. En adelante, Castro dedicó sus esfuerzos a derrocar este régimen mediante la lucha armada. Me pregunto si es igual aquí nuestro destino ahora. Los estertores de nuestro caduco sistema político, silencian las voces de los que intentan redimirlo mediante sus propios procesos. Nuestras investigaciones e informes son víctimas de otros tipos de golpes de estado. El que se perpetra, no por el oficio de las armas, sino bajo el palio de un pasado mandato electoral. El que usa espuriamente sus coyunturales resultados para eliminar la rendición de cuentas al pueblo.