El territorio no-incorporado de Puerto Rico no tiene representación en el Congreso norteamericano donde se presenta le legislación queÂÂ se aplica al territorio. Solo tenemos un representante con voz pero sin voto en la Cámara de Representantes del Congreso. Los ciudadanosÂÂ americanos de Puerto Rico tampoco pueden votar para escoger a los congresistas ni al presidente norteamericano. Esa privación es la máxima injusticia que ejerce el colonizador sobre el colonizado. Al territorio de Puerto Rico nunca se le ha permitido ejercer el derecho a su auto--determinación como pueblo. Aunque se han realizado múltiples plebiscitos ninguno ha contado con el aval del Congreso. Nunca el Congreso ha asumido lo que es su responsabilidad de acatar la votación mayoritaria del pueblo con relación al asunto del estatus colonial
La solución a muchos o casi todos los problemas que confronta Puerto Rico dependen en gran medida de las decisiones que se toman en el Congreso norteamericano. Cuando surge un problema en nuestro país ahí mismo comienzan nuestros sobresaltos. Antes del Huracán María ya teníamos a la Junta de Supervisión Fiscal impuesta por el Congreso para ayudarnos a resolver nuestra quiebra económica. Son muchas las decisiones del Congreso que tienen a Puerto Rico en vilo. Solo señalaré algunas: salud, económica y cultural.
Entre los problemas que nos aquejan tomemos por ejemplo el problema de la salud y los fondos asignados para la Reforma de Salud del Gobierno. Dependemos de que se asigne una cantidad de dinero comparable a la que proveyó el Obamacare. Se trata de alrededor de $1.3 billones y aun no tenemos certeza de que esos fondos serán finalmente asignados por un Congreso que quiere reducir los gastos de Medicaid. En Puerto Rico se habla de que ocurrirá una crisis humanitaria si no se asignan dichos fondos. Si esos fondos no llegan alrededor de un millón de los recipientes del Plan de Salud del Gobierno se quedarían desamparados. Éste es un susto grande y perjudicial para la población pobre.
Al presente en el Congreso se está discutiendo la Reforma Contributiva en la que se contempla imponer una contribución de 20% a las exportaciones de los productos manufacturados en Puerto Rico por las compañías norteamericanas establecidas en el país. Se estima que algunas compañías pudieran mudar sus operaciones a otros países creando por consiguiente desempleo en el país. El asunto es si Puerto Rico debe ser considerado como una jurisdicción doméstica o foránea. Anteriormente, Puerto Rico gozaba de un trato preferencial con relación a las exportaciones hacia Estados Unidos, pero luego de los tratados de NAFTA y los tratados de libre comercio con países latinoamericano perdimos ese privilegio.
Ese peligro ha obligado al Gobernador Rosselló, a la Comisionada Jennifer González y al sector privado a solicitar al Congreso que traten a Puerto Rico como una jurisdicción de Estados Unidos y no como jurisdicción foránea. Es increíble que Estados Unido intente tratar a Puerto Rico como una jurisdicción foránea si desde el primero de los casos insulares, Downess v Bidwell del 1901, se determinó que Puerto Rico pertenece, pero no es parte de Estados Unidos; por tanto somos domésticos. El país está a la expectativa de cómo finalmente la Reforma Contributiva ayudará o perjudicará a Puerto Rico. Éste es un susto bien grande.
Con relación a nuestra cultura se está evaluando en el Congreso la Ley de Protección de los Animales (Animal Welfare Act) que pudiera prohibir las jugadas de gallos en Puerto Rico. Este es un pasatiempo que se practica desde mucho antes de la llegada de los norteamericanos a Puerto Rico. La aprobación de esta ley por el Congreso crearía más desempleo y alteraría la cultura del puertorriqueño.
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