Caracas- La aprobación del carácter de "misión de Estado" para una iniciativa dirigida a disminuir la inseguridad, afianza el paso en la lucha contra ese flagelo, una de las mayores preocupaciones en Venezuela.
A juicio del funcionario, la decisión significa un avance en la protección de la vida de un pueblo con "derecho a recrearse, trabajar y vivir con dignidad y seguridad", lo cual constituye uno de los objetivos del proceso de transformaciones liderado por el presidente Hugo Chávez.
Pocas horas antes, Jaua destacó los esfuerzos de la administración, a lo largo de 13 años, para diseñar políticas de combate a la violencia criminal, un enfrentamiento consolidado el 20 de junio último con la presentación de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela.
La iniciativa, convertida ahora en misión de Estado, gira sobre ejes como la prevención integral y la convivencia solidaria, el fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana, y la transformación del sistema judicial, penitenciario y penal.
También potencia la creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, un sistema nacional de atención a las víctimas y, por último, la creación y socialización del conocimiento para la convivencia y la seguridad ciudadana.
En opinión del Vicepresidente, la situación de pobreza del pueblo en épocas anteriores, representó el caldo de cultivo de esta alta cifra de victimarios y víctimas en la sociedad, así que el gobierno comenzó esta batalla contra la delincuencia por la transformación de esas condiciones.
Programas destinados a expandir el acceso a la salud y la educación de modo gratuito, y otros para eliminar la pobreza extrema, el déficit habitacional, y aumentar los niveles nutritivos, no sólo coadyuvan al bienestar social, sino que buscan arrancar la raíz del problema.
Sin embargo, a la disminución drástica de la carencia crítica, la mejoría en los niveles de vida y la implementación de un cambio profundo del modelo policial, debe sumarse la confrontación de una cultura inculcada por el capitalismo.
Jaua consideró que se requiere un gran esfuerzo de todos los sectores e instituciones para cambiar las condiciones culturales que han incorporado en las nuevas generaciones una práctica de violencia como forma de ser reconocidas.
En esa misma línea, el secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, Pablo Fernández, sostuvo que las armas están muy presentes como elementos de reafirmación de la individualidad y de lucha por lo propio en la lógica capitalista.
Tal esquema de valores, absolutamente ajeno a nuestra cultura, lo ha ido asumiendo un sector de la sociedad que para nosotros es fundamental: las nuevas generaciones, subrayó el funcionario este martes.
Según estudios, del total de homicidios en esta nación suramericana, no más del 15 por ciento están vinculados al robo, mientras el otro 85 por ciento responde al ajuste de cuentas -con mucha presencia de jóvenes- y los conflictos interpersonales.
Por esa razón A Toda Vida Venezuela contempla un componente tan fuerte de prevención, y estimula la resolución de diferencias entre vecinos en un ámbito cercano, comunitario, con los tribunales municipales, explicó Fernández.
Igualmente, añadió, se inserta en esta área toda la política orientada a incluir a la juventud, y dejar detrás la concepción de la seguridad desde la lógica de la derecha conservadora, que apuesta por el "plomo al pueblo".
Para conseguir esos propósitos, políticos, especialistas y el propio gobierno han insistido en la necesidad de que, a los empeños del Ejecutivo, se una el concurso de todos los niveles del Estado.
Durante una reunión con gobernadores y alcaldes -incluidos los de oposición- el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, llamó ayer a viabilizar y fomentar un trabajo conjunto en pos de la seguridad ciudadana.
Al respecto, instó a los representantes de formaciones políticas contrarias a la administración a "abandonar el discurso de descalificaciones, manipulaciones y de difamaciones, para comenzar a predicar con el ejemplo".
En tal sentido, aludió al caso de Miranda, estado con mayor incidencia delincuencial del país y gobernado por Henrique Capriles, principal candidato opositor a las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre.
Relevantes figuras del gobierno y autoridades policiales han señalado la escasa cooperación e, incluso, el boicot contra las medidas gubernamentales para enfrentar la criminalidad en los estados y municipios gobernados por la oposición.