El gobernador de Puerto Rico se está convirtiendo en un gran diversioncita político. Tiene una alta tasa de criminalidad en el país a pesar de que pagamos un cuarto de millón de dólares a un zar de la seguridad que más bien es un azar. Altas tasa de desempleo que obligan a muchos bien preparados a migrar del país. Más de un cuarto de la población vive sin facilidades de energía eléctrica. Tenemos una Autoridad de Energía Eléctrica que cobra tarifas abusivas e infundadas a los consumidores y un secretario de Asuntos del Consumidor ineficaz, que no los defiende ni se mueve a investigar el abuso de poder de dicha corporación. Hay personas sin techo desde septiembre y FEMA ofrece para reparar sus casas, sesenta o setenta por ciento de lo que realmente se requiere en costos de materiales y mano de obra. Nadie los defiende de forma articulada y eficaz.
Ante ese cuadro de devastación social y económica, el gobernador firma una ley simbólica para que se vote por el presidente de Estados Unidos, aun cuando allá el voto no es directo sino por delegados.
Esa ley es el más craso y burdo uso de fondos públicos para adelantar fines privados: “los intereses del PNP para que en Estados Unidos sepan que queremos votar por el presidente y acercarnos más a la estadidad”.
El gobernador sabe que para que otorguen el voto presidencial, se requiere una enmienda constitucional de dos terceras partes de Senado y Cámara federal. Eso es más difícil de obtener que la búsqueda de un presupuesto balanceado que el gobierno de Estados Unidos no consigue hace una década.
La Constitución de Puerto Rico, en su artículo VI, sección nueve, prohíbe el uso de fondos públicos para fines privados. Ni aun dando la vuelta de Matusalén, se puede argumentar que es uso de fondos públicos para fines públicos, votar simbólicamente por el presidente de Estados Unidos. El programa del PNP, aun si lo tenía en su plataforma, no puede cambiar el hecho jurídico de que en Estados Unidos no existe voto directo por el presidente de ese país. Gracias a eso tenemos a Donald Trump en el poder. Eso es un hecho histórico no sujeto a rectificaciones ni sortilegios creativos de los juristas que interpreten un cuestionamiento de la constitucionalidad de esa ley.
El diversionismo es un arma política para desviar la atención, en situaciones críticas en las que el gobernante ve erosionada su base de poder, su aprobación popular. Es una táctica “malandrosa” pero no cuadra presupuestos, no crea empleos, no corrige servicios esenciales, ni trae energía eléctrica. Tampoco es un uso racional y científico con fines morales, de los fondos que se confiaron al gobernante.
Su efectividad depende de un pueblo enajenado de lo que es la verdad, un pueblo que no ejerza un juicio crítico hacia aquellos a quienes se les confió el poder y el bien común. La privatización de la AEE y lasescuelas chárter, que es privatizar, bajo la premisa de que la empresa privada lo hace mejor, va en la dirección diversionista que hemos descrito.
Los padres, los trabajadores, los estudiantes que emitirán su primer voto, los que se fueron provisionalmente porque el gobierno no creó condiciones para quedarse y resistir, tienen la obligación moral de reconstruir a Puerto Rico. Hay que mejorar la educación y las condiciones en que trabajan nuestros maestros. Ello no se hace desacreditando la escuela pública, sino dirigiendo el presupuesto no a leyes punitivas, sino al desarrollo pleno de nuestros niños en un ambiente educativo que los estimule a aprender y a crear.