Es muy conocida la vocación de la administración de turno, así como de otras en el pasado, de reducir la burocracia, de empequeñecer el aparato administrativo estatal para hacerlo “funcionar mejor”. No hay duda de que ése ha sido uno de los iconos más distintivos que el gobierno dirigido por Luis Fortuño Burset ha tenido. Todo, según la visión de ellos, tiene que tender a ser menos en cantidad para alcanzar mayor calidad. En este caso, mientras menos, mejor. La lucha en contra del gigantismo gubernamental ha sido celebrada desde múltiples gradas y hasta ahora, visto desde una perspectiva puramente práctica, no ha resultado ser la bonanza que se prometió ni ha llegado a cumplir con las expectativas de servicios de excelencia. Interesantemente, la reducción va de la mano con las miras futuras de la privatización o de, por lo menos, la cesión de tales instancias a empresas privadas por un término de tiempo a través de aquello que ha sido denominado como Alianzas Público Privadas.
El pasado 11 de julio, el superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, anunció la descentralización de la institución que dirige y la reducción de 13 regiones policíacas a 4. Pesquera afirmó que dicha transformación ayudará a agilizar los planes de trabajo (acortando las líneas de mando) y a reducir la burocracia, aspectos que van de la mano con la visión estructural que desde el gobierno central se ha tenido en relación con el gigantismo burocrático gubernamental. Sin embargo, y aunque parezca demasiado oscuro, yo no he leído la palabra descentralización de una manera literal. El lenguaje de la descentralización forma parte, a su vez, de un lenguaje más abarcador, según el cual el gobierno central, ante su inminente fracaso de proveernos un país seguro reduciendo las desigualdades sociales que en muchos casos originan la criminalidad, está optando por zafarse del paquete de tener que seguir a cargo de un sistema que simplemente no sabe ni puede hacer funcionar efectivamente. En ese sentido, la descentralización, en el fondo, consiste en lavarse las manos y comenzar por disolver el vínculo estrecho entre gobierno central y la Policía. Si desde la centralidad la Policía ya ha sido objeto de señalamientos de violaciones de las libertades civiles por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles, entre otras organizaciones, no sería muy insensato pensar que esto podría empeorar cuando la administración de seguridad pública se tome matices regionales.
En este contexto, la descentralización suena, de hecho, al paso previo que el gobierno central está dando para pavimentar el camino que lleva a la posible privatización de la Policía en Puerto Rico. ¿Quién asegura que la reducción de regiones policíacas disminuirá significativamente la violencia general en Puerto Rico? Sólo algunos. Podría sospecharse quiénes. Sin embargo, no es difícil imaginar cómo, los mismos que hoy están al frente de esta descentralización, eventualmente tendrán que afirmar que eso no resultó y que el Estado considerará privatizar la Policía. ¿Suena descabellado? ¡No! Para nada. Un país que se llevó a la reducción apabullante de la industria agrícola en nombre del “progreso”, cosa que no es difícil entender que resulta ser fatal para la existencia y promueve la dependencia alimentaria, no es de extrañar que las fuerzas de seguridad pública eventualmente sean entendidas como aquellas que para funcionar bien, tendrán que estar en manos privadas.
Puerto Rico es la isla del encanto para los inversionistas. Mucha de la vida pública está en venta y habrá quienes no dudarán en apoyar a los mejores postores en una gran subasta que tiene como “productos” más cotizados los elementos fundamentales de nuestra vida social.