Rechaza Venezuela fallo de CIDH acerca de terrorista

Justicia Social

Caracas- El gobierno venezolano rechazó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) favorable al autor de actos terroristas en 2003 contra el Consulado General de Colombia y la Oficina de Comercio de España en esta capital.

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó hoy el repudio a esta decisión que dio a conocer la CIDH el 20 de julio sobre el caso del terrorista Raúl Díaz Peña, quien fue sentenciado el 29 de abril de 2008 a nueve años y cuatro meses de prisión por los delitos de intimación pública, daños a la propiedad pública y lesiones leves.

 

En septiembre de 2010 el sancionado se fugó del país hacia Miami, Estados Unidos, con ayuda de organizaciones de derecha, para pedir "asilo político".

El fallo de la CIDH acusa al Estado venezolano de ser "internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña".

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos continúa erosionando su credibilidad, al emitir una decisión aberrante en un caso que nunca debió admitir, pues en atención a los principios de complementariedad y subsidiariedad, ésta solo debe actuar una vez que se han agotado todos los recursos internos", subrayó el comunicado divulgado por el Ministerio.

Destacó, además, que el caso de Díaz Peña aún sigue abierto ya que, tras beneficiarse con una medida de libertad condicional cuando solo había cumplido cuatro años y cinco meses de condena, este terrorista se dio a la fuga y consiguió refugio en los Estados Unidos.

Con esta decisión -aseveró- la Corte Interamericana deja al descubierto su complicidad con la política de Washington de protección a los terroristas que atentan contra los pueblos de Nuestra América.

Venezuela reiteró su exigencia a la Corte para que aplique los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de Derechos Humanos, y cese su pretensión de colocarse por encima de la legislación interna de los Estados.

El gobierno venezolano "ratifica su compromiso ineludible con garantizar el respeto absoluto de los Derechos Humanos sobre su territorio, conforme al mandato Constitucional y a la voluntad popular, independientemente de las manipulaciones y las mentiras de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", apuntó el comunicado.