Todo comenzó con un reportaje publicado en 2010 sobre una nueva rectora en el Recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico. En el tercer párrafo se menciona que ella reemplazaba a Angel M. Maldonado, quién había renunciado bajo presión, de acuerdo al artículo periodístico.
El principio de no revelar las fuentes es un pilar del periodismo y es un salvaguardas para que se no se intimide a los periodistas que publican información que sería de otra forma inaccesible. Se considera esencial para la libertad de prensa, e inclusive, hay reporteros a través del mundo que han estado dispuestos a ir presos antes de revelar sus fuentes. Esto ha pasado en países democráticos como los Estados Unidos, del cual Puerto Rico es un territorio. Para el abogado de Cotto y Claridad, José Rodríguez Jiménez, el giro que ha tomado el litigio es sumamente peligroso para el periodismo en Puerto Rico. Bajo las antiguas reglas que rigen los litigios civiles, a las partes se les hacía más fácil impugnar ante un tribunal de mayor jerarquía una orden emitida por un tribunal inferior durante el curso de un litigio. Pero esto ha cambiado con las nuevas reglas, dijo el abogado, por lo cual las partes demandadas en este litigio no tendrían la opción de impugnar la orden de la jueza mientras se ve el caso.
El tribunal ha expresado que además de la rebeldía tiene la alternativa de declarar a Claridad y Cotto en desacato, castigo que le corresponde a una parte que inclumple a una orden de un tribunal. Esta última podría hasta llevar a una parte a la cárcel, donde podría estar indefinidamente hasta que revele su fuente.
Un problema que presenta la manera en que la jueza ha manejado el caso es que en los casos de libelo y difamación de figuras públicas estos deben de probar, entre otras cosas, malicia y un menosprecio total por la verdad de parte de la reportera y/o publicación. Siguiendo la ruta normal en los casos de este tipo, los demandados pidieron una sentencia sumaria para terminar con el pleito antes de que se litigase en su fondo. Es en esta etapa que el demandante debe de someter documentos indicando la malicia. Durante este proceso, en que hay contestaciones y réplicas, el abogado dijo que se presentó copia de una resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico que pone fin a una reclamación de Maldonado, el demandante en este caso, contra la Universidad Central de Bayamón, una universidad católica que lo había removido de su puesto años atrás.