La “Agenda País 2019-2024” es un documento en que se trazan objetivos de corto y mediano plazo para 4 áreas de trabajo del próximo gobierno: educación, Caja de Seguro Social y salud pública, institucionalidad y crecimiento económico. Podemos avizorar dos fuertes motivos de conflicto: la reforma a la Caja de Seguro Social y el tema de los subsidios a los pobres frente a las exoneraciones e incentivos fiscales empresariales.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) ha elaborado un documento denominado “Agenda País 2019-2024”. Ahí está contenido el programa del próximo gobierno, que los sectores dominantes de la economía exigirán al próximo gobierno, sea quien sea el que gane.
La CCIAP propone dividir la CSS en dos entidades, pasando el programa de salud, maternidad y riesgos profesionales a un Sistema Integrado de Salud dirigidos por el MINSA, dejando la entidad solo con el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Culpa a la “transición demográfica” del déficit actuarial del sistema de Beneficio Definido, cuando en realidad es culpa de la reforma de Martin Torrijos de 2005, que dividió el sistema de jubilaciones pasando a los jóvenes a un sistema mixto.
En Panamá no hay una inversión de la pirámide generacional en que hay más viejos que jóvenes; tampoco es cierto que haya exceso de beneficiarios, pues estos han disminuido en 9% entre 1998 y 2016; ni hay una disminución de cotizantes, pues estos han aumentado 52% entre 1998 y 2016; tampoco hay una disminución de los aportes a las cuotas, las que, por el contrario, aumentaron 72% entre 2007 y 2017. El problema es la Ley de la Muerte impuesta por el PRD en 2005, la cual hay que derogar.
En concreto en la página 19 propone la CCIAP: “Seguimiento y monitoreo de los beneficios de los subsidios y/o becas. Se debe eliminar toda ayuda que no responda a necesidades reales y que solo tiene fines partidistas”. Es decir, eliminar todos los programas sociales de ayuda a los más pobres, que ellos llaman “subsidios”. Pero no menciona lossubsidios a los ricos, como las exoneraciones fiscales e incentivos al sector privado que más bien sugieren ampliarlos, que son los que hacen un gran déficit en los ingresos del Estado. Tampoco se habla de la corrupción y las licitaciones amañadas.
Pretende que el estado subsidie: el turismo, con B/. 20 millones para el Fondo de Promoción; la industria, que se impleméntela Ley 25 de 2017 que dicta medidas de fomento a la industria; el comercio, propone eliminar la burocracia y regulaciones que les afectan.
Sobre la construcción, proponen modificar los códigos de edificación (Reglamento Estructural-REP 2014, y Reglamento de Seguridad Humano-NFPA) porque consideran que “aumentan los costos de manera injustificada”, y revisar los Parámetros de Densidad y el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Panamá.
Respecto a la electricidad, proponen convertir ETESA en sociedad anónima (privatizar) y construir la Cuarta Línea de Transmisión, que nos costará 500 millones de dólares y sólo servirá para que lucren exportando energía los dueños del sector.
En vez de depositar falsas esperanzas en las elecciones y expectativas irracionales en el “nuevo” presidente(a), los sectores populares debemos empezar a organizarnos para enfrentar el conjunto de medidas antipopulares planificadas por la Cámara de Comercio, verdadero poder político detrás del Ejecutivo.