El pasado viernes, en medio de un centro comercial de uso común los ciudadanos de a pie, agentes de seguridad del gobierno de los EE.UU, realizaban una transacción con unos supuestos narcotraficantes. La historia tiene varias versiones, pero la dominante es que seis narcotraficantes vinieron a comprar cinco kilos de drogas a unos sujetos que resultaron ser parte del operativo federal. Así las cosas, cuando los compradores presentaron 300 mil dólares, los federales indicaron que era un operativo y se desarrolló en ese momento una balacera. Dos de los narcotraficantes fueron asesinados en el acto, los otros tres fueron arrestados.
Para nosotros esto constituye un acto de violación a la ley de Puerto Rico, en la medida que en nuestra ley no se puede asesinar a una persona, salvo que se reclame legítima defensa. En el caso de los EE.UU, estos simplemente reclaman que la situación se desarrolló de dicha forma. Nadie los investiga, y dos puertorriqueños, hombres, pobres, y en las edades de de mayor productividad (menores de 29 años) son una vez más asesinados.
Habrá que detener el patrón de violencia que ejercen todos los sectores en Puerto Rico, incluyendo las agencias del gobierno federal. Lo interesante e importante es el hecho de que dichas muertes, como otras que hay ocurrido en el pasado, pasan de forma impune. Los federales en este sentido se han convertido parte del problema.