Bajo el argumento de que la criminalidad está fuera de control y que se necesitan penas más severas contra los criminales, el gobernador de Puerto Rico firmó hoy un nuevo Código Penal para Puerto Rico, el cual remplaza existente de 2004. Las justificaciones son terreno común en la lucha del gobierno contra la criminalidad. No obstante, lo que si parece un asunto para preocuparse, es que bajo el Código Penal hoy firmado, se violentan múltiples derechos de libertad de expresión, lo cual constituye un atentado particular contra la cultura y vida democrática que se conoce en el país.
Esta acción tomada por el gobierno de Puerto Rico hoy, es común con la tendencia global de criminalizar la protesta social. En particular, en algunos países de América Latina, los EE.UU y Europa, es común prohibir o limitar severamente la protesta. Lo que es elevarlo a un nivel distinto, en el caso de Puerto Rico, es que se prohíba entrar a la Asamblea Legislativa y realizar un acto de protesta, lo cual constituye una intervención indebida por parte del estado con el derecho de libertad de expresión del pueblo.
Las medidas adoptadas hoy por el gobierno de Luis Fortuño, del Partido Nuevo Progresista, son consistente con el patrón de conducta que se ha perfilado por parte de esta administración en los pasados cuatro años. Es una administración que se ha dedicado a coartar derechos y reprimir abiertamente a la población.
Hoy estamos a menos de 100 días de las elecciones del 6 de noviembre. Ya veremos que hacen los electores.