Las recientes movilizaciones que exigen la renuncia de Ricardo Rosselló no han sido comprendidas en su esencia por los miembros del PNP que controlan el ejecutivo y el legislativo.
Dicho por los propios participantes del pueblo, estaban allí no solo en rechazo al gobernador. Estaban allí en rechazo a las medidas de austeridad que han cerrado escuelas a sus hijos, denegado servicios educativos a los niños discapacitados mientras Julia Keleher cometía fraude con los fondos destinados al Departamento de Educación; que estaban allí porque les denegaron servicios médicos de salud en casos de vida o muerte mientras la Administradora de ASES y Alberto Velázquez Piñol retrasaban la distribución de fondos para favorecer a sus allegados de la empresa privada. Estaban allí porque esperaban con angustia la entrega del cadáver de un ser querido mientras el gobernador y su pandilla hacían chistes sobre echar los cadáveres a los cuervos para resolver el asunto del Instituto de Ciencias Forenses. Los jóvenes estaban allí porque la situación laboral en Puerto Rico con despojo de derechos laborales, o peor aún, el desempleo, ha afectado adversamente su calidad de vida. El pueblo manifestó además su rechazo a la Junta de Control Fiscal.
Por eso, sustituir a Roselló por una persona como Tomás Rivera Schatz, que se ha destacado por atacar las manifestaciones del pueblo a macanazo limpio, gases lacrimógenos e inclusive con disparos, como fue aquel 30 de junio; que cierra las galerías de la legislatura para prohibir que el pueblo pueda oír la discusiones en la legislatura sobre asuntos de interés público, que se burla e insulta a sus oponentes políticos, no puede ser una alternativa para el pueblo.
Tampoco puede ser un Pedro Pierluisi, representante de la Junta de Control Fiscal, cuñado del presidente José Carrión Tres Palitos, quien se enriqueció en sus gestiones como Comisionado Residente, que defiende a las carboneras, los planes médicos que le deniegan servicios al pueblo, que gestiona privatizaciones de todos los servicios públicos.
La Constitución de Puerto Rico deja poco espacio de maniobra al pueblo. No hay referéndum revocatorio, ni elecciones especiales, ni representación proporcional para los partidos de minoría. El Art. VII que provee para una Asamblea Constituyente está atada y limitada por la Ley 600 y la Cláusula Territorial.
Por eso el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano entiende que la única solución es que el pueblo no deje las calles y debe exigir que no sea el PNP, maquinaria corrupta, quien decida a espaldas del pueblo, quién es el próximo gobernador. Que el gobernador que se escoja tiene que responder a los justos reclamos del pueblo. Como sabemos que el PNP no ha entendido lo que reclama el pueblo, hay que hacérselo saber continuando la lucha en la calle y preparando al pueblo para una Asamblea Constituyente paralela a una Asamblea Constitucional de Estatus para salirnos de la Ley 600 y la Cláusula Territorial, que de hecho, fue ya expresamente rechazada por el pueblo en el plebiscito del 2012.