El pasado 11 de diciembre de 2019, el presidente Donald J. Trump firmó una orden que desde mi punto de vista es más que necesaria no sólo en los Estados Unidos de hoy, también en el Puerto Rico de hoy.
En la comunidad judía, bien entre los de origen askenazi como en los de origen sefardita, tenemos que reconocer que en el presidente Trump tenemos un aliado contra el antisemitismo, muy diferente a lo que tenemos o hemos tenido históricamente en la y los gobernadores de Puerto Rico. De ahí que, como parte del pueblo de Dios, agradecemos la medida ejecutiva tomada por el presidente Trump contra el antisemitismo. Mucho nos agradaría que la gobernadora Vázquez tomara una decisión similar, pero lo cierto es que no podemos seguir esperando cuando ya la certera decisión del presidente Trump fue tomada. En su decisión, Donald Trump toma posición contra un problema que no es nuevo pero que toda la comunidad judía siente y ha sentido en los últimos años que se agudiza sin freno alguno. De ese modo, el Presidente compromete a su administración -la de los Estados Unidos- con el combate contra el aumento del antisemitismo y los incidentes antisemitas en los Estados Unidos y en todo el mundo, lo que a todas luces envuelve a Puerto Rico.
El presidente Trump en su orden reconoce que los incidentes antisemitas han aumentado desde 2013, y que los estudiantes, en particular, continúan enfrentando el acoso antisemita en las escuelas y en los campus o colegios universitarios y universidades públicos o privados. Los empleados y funcionarios también, en especial en aquellos gobiernos cuyo matiz antisemita se entrelaza a su homofobia institucional, como sin duda alguna ocurre en el Gobierno de Puerto Rico, entidad política que regula instituciones educativas de educación superior y no superior como las que ahora regula la orden estadounidense para combatir el antisemitismo en la educación y los programas y actividades que reciben asistencia financiera de Estados Unidos, dentro o fuera de este.
A su vez, la orden del presidente Trump protege a los miembros de aquellos grupos que comparten prácticas religiosas comunes con los judíos, y da paso a que la discriminación contra los judíos pueda dar lugar a una violación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 cuando la discriminación se base en la raza, el color o el origen nacional de un individuo. A partir del pasado 11 de diciembre de 2019, la política pública del poder ejecutivo de Estados Unidos es hacer cumplir la Ley de Derechos Civiles de 1964 contra las formas prohibidas de discriminación arraigadas en el antisemitismo tan enérgicamente como contra todas las otras formas de discriminación prohibidas hasta entonces y desde 1964.
La orden del presidente Trump dispone que a los fines de hacer cumplir la Ley de Derechos Civiles estadounidense e identificar evidencia de discriminación basada en la raza, el color o el origen nacional, el Gobierno de Estados Unidos considere la definición de antisemitismo adoptada el 26 de mayo de 2016 por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés). La misma establece: “El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos, que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo se dirigen hacia individuos judíos o no judíos y / o sus propiedades, hacia instituciones de la comunidad judía e instalaciones religiosas”.
Así también, la orden del presidente Trump dispone tomar conocimiento de los “Ejemplos contemporáneos de antisemitismo” identificados por la IHRA, en la medida en que cualquier ejemplo pueda ser útil como evidencia de una intención discriminatoria. Finalmente, la orden limita la acción de las agencias en cuanto que no podrán disminuir ni infringir los derechos protegidos por cualquier ley de Estados Unidos o por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En consecuencia, toda investigación sobre si un acto en particular constituye discriminación prohibida por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 requerirá un análisis detallado de las acusaciones.
Como antes indicara, la orden del presidente Trump es más que necesaria en el Puerto Rico de hoy; no vendría mal que la gobernadora Vázquez le emulara en la medida de ordenar combatir el antisemitismo en Puerto Rico y el Gobierno de Puerto Rico, antisemitismo que sus antecesores nunca combatieron. Nunca es tarde si la dicha es buena. Combatir el antisemitismo dentro de Puerto Rico debería ser tarea de su gobierno también, no sólo del de Estados Unidos.
Foto: White House.