Hoy recorro Bolivia, y me encuentro con un modelo similar de legislación socio-económica. En particular a partir de una vieja ley, la Ley del 15 de julio de 1938, se había promulgado que el gobierno central acaparaba el 11% de los ingresos brutos de la venta de hidrocarburos, y luego los distribuía en los departamentos en los cuales se divide el país. En total son nueve departamentos, los cuales a su vez se sub-dividen en provincias y en municipios. La mala implementación de dicha legislación llevó, en parte, a una revolución moderna en Bolivia en el 1952. También llevó a un movimiento cívico, liderado por el departamento de Santa Cruz de la Sierra, por una justa distribución de la riqueza. Aunque importantes procesos, no es hasta el 2006 que el recién electo presidente Evo Morales comienza la implementación de esta legislación de forma eficiente.
Hoy Bolivia goza de un desarrollo de 4% anual. Más aún, han logrado controlar toda la producción y riqueza en torno a la industria de hidrocarburos, lo cual ha permitido una justa distribución nacional de la riqueza. Esto se traduce en mucha obra social a lo largo de todo el país, lo cual incentiva al sector privado, corporativo y comunitario, a incidir en la economía.
No digo que todo es perfecto, también la corrupción hay que fiscalizarla adecuadamente. No obstante, lo que han logrado estos dos modelos, es que se den, a partir de un estado directivo, grandes transformaciones en la calidad de vida de la población. De esto trata el desarrollo también. Habrá que pensar, cual es el rol del estado en este siglo 21.
Hace unos años vivía en África del Sur cuando el gobierno de Nelson Mandela, en el 1994, incorporó el programa de reconstrución y desarrollo (Reconstruction and Development Programme). Este modelo fue uno muy exitoso el cual llevó al país a transformar muchas instancias de desigualdad social. En particular, en el comienzo de la nueva sociedad democrática en la década de 1990.