El debate sobre la propuesta eliminación del derecho absoluto a la fianza de la Constitución en un referéndum pautado para el domingo 19 de agosto ardió esta semana en la radio con aportaciones de fiscales y ex-jueces a favor y en contra de la medida.
A pesar de que una importante encuesta muestra que los votantes favorecen limitar la fianza ante la insoportable ola de crimen y asesinatos en este territorio de 3.6 millones de personas, el bando que se opone a cambiar la cláusula constitucional no pierde la esperanza de convencer a los indecisos y atraer a aquellos que le dijeron a los encuestadores que no acudirían a las urnas. En el 1994 no obstante una fuerte ola de delitos, los puertorriqueños decidieron rechazar unas medidas anti-crimen que también hubiesen cambiado la Constitución. Una semana antes del voto se publicaron encuestas que mostraban que el público favorecía los cambios, pero una fuerte campaña de los opositores cambió el panorama. La fianza garantiza la comparecencia del acusado a los procedimientos en su contra.
La propuesta de fianza le otorgaría la discreción a los jueces de decidir si establecen la fianza para acusados de asesinato en primer grado en “ciertos” casos: en los que hay premeditación, deliberación y acecho o que ocurriese durante una agresión sexual. También si la muerte ocurre cuando se dispara de un vehículo de motor a otro en un lugar público, poniendo en peligro la vida de más de una persona y cuando se hace durante un secuestro o se mata a un funcionario del orden público cuando este está en funciones. El ex –Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que ha estado en los medios hablando en contra de la medida, ha dicho que la propuesta no es limitada ya que cree que cubre todos los asesinatos en primer grado. Esta apreciación la comparte el ex –Superintendente de la Policía y Juez Superior Pierre Vivoni, quién ayer criticó fuertemente que el Gobierno esté tratando de cambiar la Constitución para tapar su mal manejo de las investigaciones de asesinato y de los crímenes serios en general. La policía de Puerto Rico solo esclarece un poco más de un tercio de los casos de asesinato.
Por primera vez en la radio, el director de los fiscales del Departamento de Justicia Obdulio Meléndez habló extensamente defendiendo la medida. Meléndez, quien ha sido fiscal por casi tres décadas, dijo sin ofrecer muchos detalles que le sorprendían las declaraciones de Andreu García. El Gobierno ha hecho campaña por la propuesta diciendo que las instancias cubiertas son pocas y no trastocan en gran forma la Constitución, pero que estas son necesarias porque, como dijo ayer Meléndez, proveen “herramientas” para que los fiscales puedan asegurarse que sus casos prosperen. El jefe de los fiscales argumentó que el limitar la fianza le permitiría al juez decidir no ponérsela a quien él cree va a amenazar a los testigos en su contra. También citó varios casos verdaderos en que acusados de asesinato en primer grado se fugaron y/o cometieron crímenes, incluyendo contra testigos, cuando estaban libres bajo fianza. Le recordó a los oyentes que el juez consideraría los mismos factores que sopesan hoy día para establecer la cantidad de fianza: el riesgo de fuga, el peligro del acusado para la comunidad y sus nexos con esta, pero esta vez para denegarla y prevenir que haya una vista para rebajarla. Meléndez dijo que las fianzas de millones de dólares que se imponen hoy en día para algunos acusados posiblemente violen la Constitución porque esta prohíbe que se impongan fianzas excesivas.