El resultado de un referéndum convocado por el Gobernador Luis Fortuño indica un disgusto con su gestión como primer mandatario que se extiende hasta los más fieles seguidores de su Partido Nuevo Progresista (PNP), muchos de los cuales no fueron a las urnas para respaldar sus propuestas enmiendas a la Constitución, que hubiesen eliminado el derecho absoluto a la fianza y reducido la Legislatura.
Ambas medidas apelaban al corazón de los puertorriqueños, que viven aterrados por una ola de crimen que no pierde fuerza y perciben a los legisladores como corruptos y no aptos para ocupar sus puestos a la vez que resienten sus altos salarios y beneficios. Fortuño ha querido adoptar planes de derecha conservadora en Puerto Rico, y llegó a despedir al menos 30,000 empleados públicos. No ha tenido éxito en mejorar la economía con su política de privatización ni en traer inversión a Puerto Rico. Cuando anunció el referéndum fue criticado por utilizar esos comicios para resaltar su candidatura a la reelección y su pobre imagen. Así también fue vista su decisión de celebrar un plebiscito en el que los puertorriqueños votarían sobre su relación con Estados Unidos el mismo día de las elecciones generales, el 6 de noviembre.
El PNP favorece el que Puerto Rico sea un estado de los Estados Unidos; es lo que une a los que dicen ser miembros del partido, pero a la misma vez el PNP también es un partido sombrilla, enlazando a ambos ricos y pobres, banqueros y empleados públicos, neo-liberales y activistas de los gremios. Pero la población está descontenta con la falta de trabajo, una economía colapsada y la política neo-liberal de Fortuño. Solo poco más de 30 por ciento de los electores votaron en el referéndum, y el PNP perdió en ambas propuestas por un margen de 55 a 45, sorpresivo para el partido más grande de la Isla.
Las reducciones de asientos legislativos que conllevaba la propuesta habrían afectado la participación de las minorías políticas en la Legislatura y puesto mucho poder en manos de pocos. En el Senado, por ejemplo, se obtendría una mayoría con solo nueve votos. También para una Isla de casi cuatro millones de habitantes la enmienda hubiese dejado un número de asientos muy bajo, lo cual atentaría con la apropiada representatividad.
Analistas dicen que la mayor parte de los legisladores del partido de Gobierno y sus alcaldes no estaban de acuerdo con la propuesta de reducción de asientos, y por ende no movilizaron a sus votantes ni hicieron campaña. El PNP hizo mucha campaña a favor de la propuesta de fianza, que hubiese eliminado la fianza absoluta para varias modalidades de asesinato en primer grado, incluyendo la que define el delito: matar usando premeditación, deliberación o acecho. Esa campaña fue en su mayor parte engañosa y no apta para mentes pensantes, lo cual pudo haber causado malestar entre los votantes. La oposición estuvo a cargo mayormente de una coalición que incluía a tres partidos de minoría, el Colegio de Abogados y algunas figuras importantes del principal opositor Partido Popular Democrático, quién como partido no participó activamente en la contienda.
La medida constitucional tardó tiempo en pasar la Cámara, y por otra parte, el Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz advirtió que un referéndum el mismo año de unas elecciones generales podría ser muy riesgoso. Resultó ser exactamente eso, especialmente para un hombre que tal vez debe reconsiderar su candidatura por eso de no anular las oportunidades de su partido en las elecciones generales.