(San Juan, 12:00 p.m.) Los resultados de las recientes elecciones generales han tenido como consecuencia, entre otras cosas, una actitud espontánea de colaboración sin precedentes entre alcaldes prevalecientes, salientes y electos con miras a ayudar a sus constituyentes, lo que forma parte de su deber ministerial y lo que se espera de ellos.
Esta postura ha resultado en dar prioridad y sentido de urgencia al tema de los sobre $25 mil millones a punto de perderse y a los cuales el país tiene derecho, bajo el Programa 428 de Asistencia Pública de FEMA, con el aval del COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia), para la reparación y reconstrucción de edificios públicos, estructuras sin fines de lucro, utilidades, parques y carreteras, entre otros, luego de los daños causados por los huracanes Irma y María.
Estos fondos deben ser los justos y negociados por los alcaldes aún en sus poltronas, junto a los elegidos por el pueblo, según dispone la ley que crea la Agencia de Asistencia Pública Federal, que establece como mecanismo para acelerar los procesos de la recuperación de los daños sufridos por los desastres.
Igualmente, líderes comunitarios se están uniendo para instar a sus pares a que, con sentido de urgencia, continúen las gestiones o soliciten la ayuda para que este dinero sea finalmente obligado y que, como hemos dicho, es un derecho adquirido y ya ha sido asignado a Puerto Rico.
Por otro lado, el 31 de diciembre próximo es la fecha límite para haber negociado los estimados de costos fijos (Fixed Cost Estimates) requeridos, luego de contar con un plan específico para el uso de dichos fondos.
Por esto, igualmente, se está solicitando a FEMA que extienda la fecha, ya que la misma no ha sido justa tomando en cuenta todas las emergencias vividas luego del desastre de los huracanes Irma y María.
Sobre el tema de la fecha límite, se entiende que existe una posibilidad, al utilizar como base la más recientes guía de FEMA, publicada el 10 de febrero pasado, (Public Assistance Alternative Procedures – Section 428, Guide for Permanent Work for FEMA-4339-DR-PR), de auscultarse las metas del recipiente del beneficio, previo a establecer un último día, en específico, para cumplir con los requisitos.
“Tenemos ante nosotros un reto sin precedentes que exige un compromiso prioritario con el bienestar social, emocional y económico de nuestro pueblo. Esto incluye no permitir que se desaproveche ni un solo centavo que podamos conseguir para que esto sea posible”, aseguró Jorge “Jorgito” Pérez, recién electo alcalde de Utuado.
Agregó que los fondos del Programa 428 de Asistencia Pública de FEMA son un derecho y solo falta que se haga lo propio “para que nos sean obligados, por lo que desde ya, me encuentro en ese proceso y además solicitando la extensión de la fecha límite para poder cumplir con nuestro pueblo como corresponde y para lo que nos eligieron”.
“Para los municipios resulta sumamente importante estos fondos pues representan la reconstrucción de la infraestructura y la reactivación de la economía. Confiamos y exigimos que se extienda la fecha límite para poder revisar y presentar los debidos planes y que se obligue el dinero ya asignado a los municipios”, aseguró por su parte, Carlos “Tito” Ramírez, recién alcalde electo en Arecibo.
Al mismo tiempo, otro factor que ha incidido en el retraso del otorgamiento de los sobre $25 mil millones en fondos en el Programa de Asistencia Pública de FEMA son los cambios en las guías y la desinformación de los recipientes de no saber cómo manejar el dinero administrativo que le asigna FEMA para contratar especialistas en estos programas.
“No podemos permitir que todos estos miles de millones de dólares, que nos corresponden por derecho y que ya han sido asignados, se pierdan en detrimento de los mejores intereses del bienestar de los residentes de los 78 municipios de Puerto Rico. También debe quedar claro que sería adverso al espíritu del programa permitir que esto pase por manos de aquellos que han sido poco efectivos en divulgar los procedimientos del programa como iban a hacer aceptables”, aseguró Iván A. Casals, presidente de BC Peabody, empresa de consultores, con más de 14 años de experiencia en el manejo de fondos federales, y más de 1,500 clientes en toda la Isla.
Destacó que al mismo tiempo, “nos incentiva ver la actitud y acción de los alcaldes electos, muchos de ellos junto a los que aún están ejerciendo su liderato en sus respectivos pueblos, así como de muchos líderes de gobierno, de tomar acción conducente a reclamar y procesar los requisitos para lograr la reconstrucción de la Isla que, sin duda alguna, redundará en un desarrollo importante de la economía incluyendo la creación de miles de empleos”.
“Es urgente que continuemos en este camino que comenzamos hace mucho, que tantos escollos ha encontrado, pero que ha tomado un nuevo aire con el fiel compromiso de todos los alcaldes, todos remando hacia un mismo lado: el despunte de nuestra economía que, durante los pasados tres años, se ha visto azotada por desastres naturales”, insistió Casals de BC Peabody.