Mientras en Puerto Rico se celebra la victoria de diferentes sectores de la sociedad civil, movimientos sociales y partidos emergentes de centro-izquierda en el referéndum del 19 de agosto pasado, donde el Estado pretendía eliminar el derecho absoluto a la fianza y disminuir aun más la representación democrática del pueblo achicando el numero de legisladores, en otras partes del Caribe se habla de imponer la pena de muerte y se denuncia el abuso de las fuerzas policiales contra la población.
Las medidas que distintos estados del Caribe han tomado para bregar con el crimen son preocupantes y sugieren una estrategia que se impone en la región, estrategia informada por el modelo punitivo-industrial de los Estados Unidos. Este modelo basado en la guerra, en la vigilancia y el encierro, produce cientos, miles de millones de dólares, además de miles de muertos y prisioneros. Guardias privados y públicos, armamentos, tecnología (cámaras de vigilancia y grabación, rastreo, GPS, etc.), vehículos, construcción de cárceles, sistemas blindados (carros, cristales, puertas)…, la lista es larga e incluye los ya famosos aviones ‘drones’ sin tripulación, son mercancias de gran valor para una industria que crece a niveles gargantuaescos.
El Caribe vuelve a ser frontera de inversión en la gran industria de la seguridad/inseguridad, y de una vez terreno fértil de ideologías anti-democráticas y represivas, las cuales combinan de forma promiscua el neoliberalismo capitalista con el conservadurismo moral. Ante esto habrá que organizar múltiples resistencias que creen nuevas políticas públicas informadas por la justicia social, la solidaridad y la participación democrática.