Lios en Dominicana contra Odebrecht [deben comparecer a vista judicial]

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El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una orden de comparecencia contra un ejecutivo de la empresa brasileña Odebrecht, Mauricio Danta Bezerra, que no acudió a testificar ayer, martes, en el juicio de fondo que se le sigue a seis imputados en el caso de sobornos de 92 millones de dólares.

La decisión fue tomada por las juezas Gissel Pérez Méndez y Thania Yunet, con el voto disidente de la magistrada Giselle Naranjo, quien entendía que debía ser citado nuevamente para una próxima audiencia.

Mauricio Dantas Bezerra, fue citado por el Ministerio Público para atestiguar ante el tribunal colegiado  pero este salió del país la semana pasada por lo que no asistió al juicio.

En la audiencia del pasado jueves, el testigo  brasileño compareció pero el juicio fue suspendido. Y ese mismo día Dantas Bezerra se fue al extranjero.

Esto hizo que el órgano acusador solicitara al tribunal que se permitiera declarar mediante videoconferencia, petición que fue rechazada y se ordenó la conducencia, mediante la fuerza pública.

De su lado, el Ministerio Público interpuso un recurso de oposición a la decisión de las juezas, que rechaza el testimonio del ejecutivo a través de video conferencia, alegando que en una semana este no estará presente por las condiciones de pandemia Covid-19 que existe en Brasil.

En el juicio, los abogados de los imputados Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón Rijo, Conrado Pittaluga, Porfirio Andrés Bautista, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez, pidieron a la corte rechazar el testimonio del testigo a través de la videoconferencia.

Alegaron que cuando la constructora Odebrecht firmó el acuerdo con el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, se comprometió a hacer acto de presencia en la audiencia para sus ejecutivos dar su testimonio sobre el pago de las coimas.

De su lado, el Ministerio Público basó su pedimento de los testimonios a través de conferencia virtual a cargo del informante Mauricio Danta Bezerra, debido a que este se encuentra en su país y que su versión puede ser tomada por esta vía, sin necesidad de que se traslade a República Dominicana.

Además de Bezerra, fueron citados a comparecer, Rodrigo Maluf Cardoso, Edris Manuel Javier, María Eugenia Batista Martínez; Marcelo Hofke , Carmen Arisca Álvarez De Maio, Bilmari Leonel Santos, Elvis Manuel Rodríguez, Mabel Roselín Calvo López, Marielis Abad Díaz, Julián Rojas Rosario, Leonardo José Guzmán Fond Bernard, Serafín Wilfredo Bautista García, Esther Jaqueline Jiménez Cruz y Jean Luis Rodríguez Jiménez.

El ministerio público dijo que para el juicio, de ese grupo solo serían escuchados cinco testigos, debido al tiempo que se puede tomar cada uno.

La Constructora Norberto Odebrecht incursionó en República Dominicana en el año 2002 con una obra para abastecer agua potable a cinco provincias. 

Así, bajo el entonces gobierno del presidente Hipólito Mejía se le otorgó la licitación del Acueducto Línea Noroeste en ese año, permitiéndole al conglomerado de ingeniería carioca sentar las bases para constituirse en la constructora favorita del Estado dominicano para la ejecución de obras públicas, entre estas 18 contratos por un monto de 4,540 millones dólares en 12 años, que incluyen una obra adjudicada bajo la administración del presidente Leonel Fernández que no figura ni en los registros del Ministerio Público dominicano ni en las delaciones de los exejecutivos de la compañía, enjuiciados en Brasil por el caso Lava Jato.

Esta investigación muestra cómo, bajo la administración de Mejía y los dos presidentes que lo sucedieron, Leonel Fernández (que fue reelecto) y Danilo Medina, 15 de estos contratos costaron 1,951 millones de dólares más de lo estipulado en el presupuesto inicial, teniendo un costo final de 6,491 millones. 

El caso Odebrecht se sigue en la República Dominicana desde 2017 y a los acusados se les juzga por recibir sobornos de parte de la constructora brasileña para la adjudicación de obras privilegiadas del Estado.

La empresa llegó a un acuerdo con el gobierno local por el que deberá pagar la suma de 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos.