El pasado domingo 6 de diciembre el pueblo venezolano fue convocado nuevamente para ejercer su derecho al voto en elecciones parlamentarias. La misma se produce luego de la elección presidencial llevada a cabo el 20 de mayo de 2018. Aquellas elecciones habían estado previstas para efectuarse el 10 de diciembre de 2016 pero debido a la inestabilidad política creada por la Oposición venezolana promoviendo el caos social y la violencia en el país, debieron ser aplazadas temporalmente por el presidente Nicolás Maduro Moros, ello con el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE). En dichas elecciones, el presidente Nicolás Maduro Moros, con el voto del 67.84% de los 6, 245, 862 electores participantes, resultó electo. El principal candidato de la oposición, Henry Falcón, obtuvo 1,927,895 votos o el 20.93% de los electores participantes.
Dos décadas antes, en 1998, se efectuaron elecciones en Venezuela donde el comandante Hugo Chávez Frías fue electo presidente. Con posterioridad a ello y cumpliendo su promesa de campaña, en 1999, a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo venezolano escogió sus delegados y éstos a su vez, redactaron una nueva Constitución la cual fue refrendada por la mayoría de los venezolanos. A partir de entonces, con una frecuencia apenas ininterrumpida, los venezolanos han ido participando de elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias para la selección de sus diputados, elecciones regionales para la elección de los gobernadores de los diferentes estados que componen Venezuela, y finalmente, elecciones a nivel municipal.
Ha sido también mediante el voto, la manera en que se ha procedido cuando se han planteado modificaciones a la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999. Conforme a lo que ésta dispone, el pasado 1 de mayo de 2017 el presidente Maduro, convocó por tercera vez desde la llegada al poder del chavismo, a una Asamblea Nacional Constituyente para escoger los integrantes de la Asamblea que habría de asumir la responsabilidad de proponer la reformulación del Estado venezolano.
En la historia reciente de Venezuela, con sus alzas y bajas en cuanto a participación, las elecciones han sido un paradigma importante en la legitimación ante el pueblo de la Revolución Bolivariana. En las elecciones de 2005 la participación electoral de los ciudadanos con derecho al voto fue muy baja, limitándose a 25.26% de los electores inscritos. En ellas, la llamada Oposición boicoteó el proceso electoral. Sin embargo, en las elecciones efectuadas el 27 de septiembre de 2010, sin que hubiera tal boicot electoral, la participación aumentó a aproximadamente un 65% de los electores inscritos, limitándose la abstención a un 35%. El resultado en ambos casos, sin embargo, aunque por márgenes distintos, fue el triunfo electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) junto con las otras fuerzas electorales que apoyaron su programa de gobierno.
En las elecciones parlamentarias de 2010 participó el 66.45% de los electores inscritos. El sector adepto a la Revolución Bolivariana, agrupado bajo el PSUV, obtuvo el 48.13% votos con un total de 98 escaños de los 165 que integra la Asamblea Nacional; mientras que la Oposición de la derecha, agrupada en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), obtuvo el 47.22% de los escaños para un total de 65 diputados. La organización Patria para Todos, por su parte, obtuvo el 3.14% de los votos acumulando dos diputados. En estas elecciones el PSUV no logró obtener el número de 110 diputados necesarios para obtener las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, lo que se conoce bajo el artículo 203 de la Constitución como “mayoría cualificada”.
En las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 el pueblo venezolano compareció nuevamente a las urnas para seleccionar quiénes pasarían a ser los integrantes para un nuevo quinquenio de su Asamblea Nacional. Para entonces el registro electoral lo componían 19.5 millones de electores. La participación electoral ascendió a 74.17% de los electores inscritos. En ella, la Oposición organizada bajo la MUD obtuvo 109 escaños en el parlamento, a pesar de que captaron el 56.25% del total de los votos. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), junto a otras organizaciones agrupadas bajo el Gran Polo Patriótico (GPP), obtuvo 55 escaños a pesar de captar el 40.91% de los votos; es decir, con apenas 16% menos de los votos, obtuvo la mitad de los escaños que alcanzó la MUD. En estas elecciones hubo también tres diputados electos por las comunidades originarias. Esta representación se articuló con un diputado electo por dichas comunidades, uno en la Región Occidental, otro de la Región Oriental y un tercero de la Región Sur.
Los diputados en aquella Asamblea Nacional tomaron posesión de sus cargos el 5 de enero de 2016 sin que la MUD hubiera obtenido una mayoría cualificada. De haberla alcanzado, la mayoría parlamentaria de la MUD hubiera tenido la capacidad de disponer de asuntos tan importantes como revocar decretos emitidos por el Presidente; aprobar leyes que fueran por encima del veto presidencial; llevar a cabo referéndums populares; elaborar diferentes proyectos de ley para su aprobación directa; así como intervenir directamente en la aprobación o revocación de tratados, acuerdos internacionales y convenios entre Venezuela y otros países. Entre los convenios que la Asamblea Nacional podría haberse planteado intervenir, se encontraban aquellos negociados y vigentes entre la República Bolivariana de Venezuela y Cuba; como también aquellos acuerdos de Venezuela con países como la República Islámica de Irán y la Federación Rusa.
Una “mayoría cualificada” en la Asamblea Nacional por parte de la Oposición le hubiera permitido en aquel quinquenio, también, intervenir con el Poder Judicial mediante la revocación de jueces y con otros asuntos de la competencia de dicha rama de gobierno. De hecho, previo a aquellas elecciones, ya la Oposición se había pronunciado a favor de aprobar una Ley de Amnistía al amparo del Artículo 187 (5) de la Constitución de la República, para beneficiar aquellos presos encarcelados como resultado de dictámenes judiciales donde resultaron convictos dirigentes de la MUD en disturbios que promovieran en años anteriores. Entre los que podrían haberse beneficiado de tal amnistía se encontraban aquellos culpables por los sucesos de 2013 en los cuales fallecieron 43 ciudadanos dejando, además, el saldo de cientos de heridos, en su mayoría afectos al gobierno de Maduro. Entre los condenados por tales actos se encontraba el dirigente opositor Leopoldo López.
Ya antes de estas elecciones el proceso electoral venezolano mostraba alguna erosión en el voto a favor del PSUV. Por ejemplo, en las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013 hubo una menor participación de los electores con el 58.92%. A pesar de ello, el voto capturado por el PSUV fue de un 49.24%, mientras el voto de la Oposición ascendió a 47.72%. En ellas, 8.03% fueron electores que respondieron a otras agrupaciones en la contienda electoral. Para entonces el universo de los electores capacitados para votar era de 19,066,431 ciudadanos.
Si examinamos las elecciones presidenciales de 2014, la diferencia entre el voto emitido a favor de Nicolás Maduro frente el voto del candidato de la Oposición, Henrique Capriles, se redujo a una diferencia de 1.5%
Otra manifestación de esta realidad se produjo a partir del 1 de mayo de 2018 cuando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente al amparo de los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución vigente de 1999. La convocatoria suponía el llamado a elegir sus delegados conforme al modelo de elección establecido por Decreto Presidencial.
A pesar del boicot promovido por la oposición venezolana, a las 11:49 p.m. de la fecha de la elección para seleccionar los delegados que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó el voto de 8,890,300 venezolanos de un total de 19.447 millones electores inscritos, lo que representó una participación de 41.53% de electores hábiles.
A pesar de que la cantidad de votos emitidos ciertamente reflejó un incremento en el número de votos si se compara los obtenidos por el presidente Maduro en las elecciones presidenciales de 2013, cuando obtuvo poco más de 7 millones de votos; o de las elecciones parlamentarias de 2015, cuando el PSUV alcanzó sólo 5.6 millones de votos frente a 7.7 millones obtenidos por la Oposición; en la ecuación hay que tomar en consideración el incremento en el número de electores inscritos.
En las elecciones del 15 de octubre de 2017, convocadas para elegir los futuros gobernadores de los Estados de Venezuela, de un total de 18,099,391 electores hábiles para votar, participó el 61.03%. En el contexto de sus resultados, el porciento de los votos obtenidos por el chavismo, agrupado esta vez en el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), ascendió al 54% de los votantes; mientras la oposición nuevamente agrupada en la MUD, obtuvo sólo el 44.31%.
Es importante destacar la participación histórica de los electores venezolanos en las elecciones efectuadas desde el triunfo de Hugo Chávez a la luz de lo que han sido los porcientos de abstención. Veamos: 1989 se abstuvo de votar el 54.9%; en 1992 se abstuvo el 50.7%; en 1995 se abstuvo el 53.8%; en 1998 se abstuvo el 45.6%; y 2017 se abstuvo el 38.86% de los electores inscritos.
En las elecciones presidenciales del domingo 20 de mayo de 2018, con un abierto boicot de importantes sectores de la Oposición y bajo las más difíciles condiciones económicas que había tenido que enfrentar el presidente Nicolás Maduro en ese momento desde que llegó al poder, de poco más de 20.5 millones de electores hábiles, participaron del proceso electoral casi 9 millones y medio de electores para un total de 46.01%. El número de abstenidos fue de poco más de 11 millones, para un 53.99%. Estos porcientos reflejan una disminución notable en la participación en el proceso si lo comparamos con los años 1989, 1992 y 1995.
De los que sí participaron del proceso, el presidente Maduro obtuvo más de 5.8 millones de votos para un 67.69%; mientras el voto de la oposición se distribuyó entre los candidatos Henry Falcón con un 21.16% de los votos; Javier Bertucci con el 10.75% de los votos; y finalmente, Reinaldo Quijada, con 0.40% de los votos.
En las recientes elecciones parlamentarias del pasado domingo 6 de diciembre, de un total de 20,710,421 electores hábiles para ejercer el derecho al voto, participaron 6,251,080, lo que equivale al 30.5% de los electores inscritos, lo que supone una merma significativa en participación con relación a las elecciones parlamentarias anteriores. En estas elecciones participaron 200 funcionarios provenientes de 34 países en calidad de observadores internacionales quienes certificaron la transparencia y legitimidad de las elecciones. A diferencia de aquellas, en esta ocasión un sector de la Oposición dirigido por Juan Guaidó del cual participan 27 partidos optó por no participar del proceso. Algunos dirigentes opositores como Enrique Capriles y Stalin González que en un inicio habían indicado que participarían del proceso, también optaron por no participar de las elecciones.
De los participantes, el 91.34% de los escaños parlamentarios los ganó el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo que representa 253 de los 277 escaños parlamentarios. En segundo lugar llegó Acción Democrática con 3.97% de los escaños para un total de 11 diputados. En tercer lugar, Avanzada Progresista y El Cambio con tres escaños cada uno; y finalmente, Primero Venezuela, COPEI y el Partido Comunista de Venezuela, con un escaño cada uno. Quedaron pendientes de elección en ese momento, los tres representantes de los pueblos originarios (las comunidades indígenas). No deja de interesar en estos números, que los dos partidos políticos que previo al chavismo estuvieron intercambiándose por años entre sí el poder político en Venezuela, Acción Democrática y COPEI, su desgaste organizativo se refleje en el exiguo número de diputados electos a la Asamblea Nacional.
Al igual que ha venido ocurriendo en los pasados años, el Grupo de Lima; el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela encabezado por Uruguay; la Unión Europea y la OEA, se expresaron previo a las elecciones cuestionando su legitimidad. Lo mismo ha hecho Estados Unidos antes y después de los comicios y su resultado.
Para las pasadas elecciones el Consejo Nacional Electoral habilitó 107 partidos políticos de los cuales 30 son organizaciones nacionales, 53 son regionales, 6 indígenas nacionales, y 18 indígenas regionales. Un total de 14 mil candidatos fueron postulados.
El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, bajo el cual participó el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) logró obtener 3.5 millones de los 5.2 millones emitidos, lo que representa el 67.6% de los votos, frente al sector de la Oposición que concurrió a las urnas. Es importante indicar que no todas la agrupaciones de oposición al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar representan propuestas de derecha o neoliberales. Tal es el caso de la agrupación Alternativa Popular Revolucionaria, integrada por una coalición que incluye al “Partido Comunista de Venezuela”, la organización “Patria para Todos”, el “Movimiento Tupamaro” y la “Izquierda Unida”.
En estas elecciones, como ya adelantamos, a diferencia de las anteriores elecciones parlamentarias, el número de diputados a ser electos aumentó a un total de 277, lo que amplía la base de la participación electoral ciudadana en su parlamento.
Los nuevos diputados han sido elegidos por un término de cinco años a partir del 5 de enero de 2021.
Da vergüenza ajena la reacción habida por parte del gobierno de los Estados Unidos indicando que no va a reconocer el resultado por la reducción en la participación popular en estas elecciones, cuando con menos votos se han validado en el pasado los procesos electorales en este país. Más aún, Estados Unidos debería verse en el espejo de la conducta desplegada por su aún presidente en su intento de desacatar la voluntad popular, pretendiendo atornillarse en la silla presidencial ante el resultado de una elección donde, a pesar de las maquinaciones de su gobierno republicano, no deja dudas la victoria del candidato demócrata. De hecho, es pertinente señalar que, como cuestión de hecho, a diferencia de Venezuela, en Estados Unidos quien elige a sus presidentes no es el pueblo con sus votos directos, sino un llamado “colegio electoral”. Para desgracia del actual presidente de los Estados Unidos, en estas elecciones, a diferencia de las pasadas, el colegio electoral también reflejó en sus votos y los tribunales han avalado, la victoria de Joe Biden sobre la de Donald Trump.
El resultado de las elecciones debe ser reconocido, tanto por la Oposición en Venezuela, como por la comunidad internacional. Corresponde al gobierno actual hacer la correspondiente evaluación, crítica y autocrítica, de su resultado y de los pasos a dar de cara al futuro. Es evidente que a los sectores de la oposición como al imperialismo, le cuesta reconocer otra victoria para el presidente Maduro y para la Revolución Bolivariana la cual, pese a la reducción en la participación popular en los pasados comicios, una vez más revalida electoralmente ante su pueblo.