Tal como anticiparon durante la campaña electoral, los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la nueva Asamblea Legislativa, el representante Denis Márquez Lebrón y la senadora María de Lourdes Santiago, iniciaron el cuatrienio con la presentación de un conjunto de más de 20 medidas que abordan, entre otros, los temas de estatus, de ordenamiento electoral, protección de las trabajadoras y el ambiente.
Los portavoces independentistas presentaron sendas resoluciones en Cámara y Senado para crear en cada cuerpo legislativo una Comisión Especial con la tarea de recomendar legislación que conduzca a una Asamblea para la Descolonización, que eventualmente, tras un proceso de deliberación y negociación, permita que el pueblo puertorriqueño escoger el futuro de su relación con Estados Unidos, entre alternativas no coloniales y no territoriales.
“Todos los asuntos importantes para nuestro país están ligados, de una u otra forma, a nuestra condición colonial. Tan cierto como ese hecho es que para llevar al Congreso de Estados Unidos a asumir su responsabilidad histórica, tenemos que encontrar un espacio de consenso que envíe un mensaje claro”, indicó la senadora Santiago.
Argumentó que “la experiencia nos ha enseñado que insistir en iniciativas unilaterales es querer condenar al país a la perpetuación de la colonia”.
Santiago anticipó, además, que presentaron legislación para derogar la Ley 165-2020 que permite que el Gobernador convoque a una consulta de estatus por decreto, imponiendo su arbitrio y sin intervención de la Asamblea Legislativa y la Ley 167-2020, que ordena la celebración de una elección el 16 de mayo para escoger los cabilderos a favor de la estadidad, pagados con fondos públicos.
Con relación a otra pieza legislativa y, con el fin de derogar la “deforma laboral” que resultó en la eliminación de derechos de trabajadores y trabajadoras, sometieron un proyecto que, en cada estatuto pertinente, restituiría las protecciones.
Sobre la referida medida el representante Márquez Lebrón expresó que “le hacemos justicia a la clase trabajadora, devolviendo múltiples derechos laborales que tuvieron por décadas y que les fueron arrancados por la pasada Legislatura a instancias de la Junta de Control Fiscal”.
El portavoz cameral del PIP también subrayó la dimensión de justicia social y laboral que representa el proyecto que propone un Plan Nacional de Salud que contempla, no sólo una cubierta médica universal, la promoción de la salud y la integración comunitaria sino, también, la visión de abordar el asunto de la salud como un derecho humano fundamental.
Otras dos medidas atienden, una de forma inmediata, y otra a largo plazo, problemas creados por el Código Electoral que entró en vigor apenas unos meses antes de las elecciones generales.
La primera propone que los partidos por petición conserven todos aquellos derechos que adquirieron al momento de inscribirse para el pasado ciclo electoral.
De aplicarse la ley vigente, tanto Proyecto Dignidad (PD) como el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) perderían su representación en la Comisión Estatal de Elecciones, pues no cumplieron con el requisito -–impuesto tras su inscripción— de presentar candidatas en al menos la mitad de las alcaldías, con sus respectivas planchas de legisladoras municipales.
Esto, señaló la senadora Santiago, “constituiría una grave injusticia y un desplante imperdonable al mensaje que envió el país el 3 de noviembre”.
Junto con ese proyecto de ley, se presentó una Resolución para confiar a una comisión especial la responsabilidad de redactar un nuevo ordenamiento electoral, que recoja la experiencia de pasados comicios y que supere las deficiencias del Código vigente.
Uno de los temas legislativos más importantes durante el pasado cuatrienio fue la investigación sobre la fallida compra de pruebas para detectar el coronavirus, que pudo haber despojado al pueblo puertorriqueño 39 millones de dólares en una maniobra de corrupción.
“No hay justificación para las incongruencias en las respuestas a los referidos que enviamos a las entidades con jurisdicción, como el Departamento de Justicia, el Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de la Contralora”, apuntó el representante Márquez Lebrón.
Agregó que “las disparidades entre estos organismos deben ser investigadas, para documentar qué criterios median en esas determinaciones y acordar qué debe hacerse para garantizar imparcialidad, transparencia y justicia en las entidades a cargo de fiscalizar la gestión pública y encausar a quienes actúen en violación a la ley”.
Ambos legisladores independentistas sometieron otras medidas en Cámara y Senado dirigidas a la áreas ecológicas y de salud, además de control ambiental.