El Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), una organización sin fines de lucro que aboga por que se utilicen mejores estrategias para combatir el abandono de propiedades en Puerto Rico realizó una llamada al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para que considere la reapertura de escuelas previamente cerradas como parte de las medidas de austeridad adoptadas por las pasadas administraciones.
“Considerando nuestra nueva realidad bajo el COVID-19,” indicó el codirector de la organización, Luis Gallardo Rivera, “es crucial bajar el número de estudiantes por salón e implementar medidas para garantizar el distanciamiento social, por lo cual nos parece lógico evaluar la posibilidad de reutilizar las escuelas cerradas antes de la pandemia”.
Según una investigación que publicó el CRH junto a la Universidad de Berkeley California y el Othering and Belonging Institute, se determinó que el 59% de los planteles cerrados entre el 2007 y 2018 todavía están en “óptimas” condiciones. Dichos planteles están estructuralmente estables y requieren mejoras menores que incluyen limpieza, pintura y mantenimiento de áreas verdes. Sin embargo, según el reporte, mientras más tiempo pasa, más se deterioran los planteles escolares, resultando en vandalismo, robo de puertas y ventanas y, eventualmente, vertederos clandestinos, filtraciones y daños a la estructura.
“Encontramos escuelas que todavía tenían los rótulos que anuncian la inversión de grandes cantidades de fondos públicos de las pasadas administraciones. Inclusive, encontramos planteles antiguos, en buenas condiciones, y que fueron cerrados para construir escuelas modernas que colapsaron con los terremotos.” El reporte de la investigación está disponible en la página web del CRH en www.crhpr.org.
Desde el 2007 el gobierno central ha cerrado 673, o el 44%, de las escuelas públicas con el fin de generar ahorros o ingresos nuevos para el erario público. Sin embargo, según el reporte solamente el 1% de las escuelas han sido vendidas, generando solo $4.1 millones en ganancias. En el verano del 2019, la Junta de Control Fiscal también anunció que objetaba la propuesta de cerrar 300 escuelas más dado que los cierres masivos no habían logrado generar los ahorros esperados. “Lo que no contemplaba la estrategia fue la pérdida de bienes públicos, los cuales están destinados a la ruina si no los usamos'', expresó Gallardo.