(San Juan, 11:00 a.m.) Recibí una llamada interesante de un gran amigo que reside en uno de los 50 estados. Esta persona, cuyo nombre me reservo, me llama ocasionalmente para compartir sus puntos de vista sobre las eventualidades que enfrentamos los puertorriqueños residentes en el archipiélago.
Mi amigo es el prototipo del guaynabito, tez clara, estadista y republicano, por no decir trompista (seguidor de Trump, con la libertad de interpretar el sonido vocálico de la u cercano a una o en inglés). Las conversaciones suelen ser intensas. Podríamos decir que los debates son continuos, pero tengo la ventaja de ser mayorcito y tener mucho camino recorrido. Usualmente termina aplastado por mi verborrea, pero en esta ocasión me dejó petrificado.
En esta llamada me dijo, “Puerto Rico no puede ser estado”.
Le pregunté si estaba enfermo. No es común escuchar a un estadista arrepentido, resulta más común escuchar a populares o independentistas que se han convertido en anexionistas.
Me contó mi amigo que gana $85,000 al año, pero este salario no le da para vivir debido a las altas contribuciones que cobran en el estado donde reside. Para subvencionar sus gastos obtuvo trabajo como chofer de UBER.
“Aquí pagas por todo”, indicó mi consternado amigo. “Imagínate, pago un impuesto por recoger la lluvia que cae del cielo. Todos los años me suben las contribuciones sobre la propiedad para balancear los presupuestos municipales, del condado y el sistema educativo”.
“No hago más que pagar. Impuestos y seguros para todo. Para tener una vida decente necesito generar un mínimo de $150,000 y aun así me quedo corto. Esto es terrible”.
“Nadie me había dicho que la estadidad era pagar y pagar, bueno tú me lo dijiste muchas veces, pero no te creía”.
“Para completar la comida está cada vez más cara y las utilidades suben descontroladas”.
“La pandemia ha dejado a mucha gente desempleada. Las colas en las “soup kitchen” (comedores donde sirven alimentos a las personas sin hogar o en extrema pobreza) son cada vez más largas. Los “homeless” (deambulantes) pululan por todos lados. La pobreza y la necesidad imperan por doquier”.
“Nunca imaginé que aquí hubiese pobreza, pero la había antes de la pandemia y ahora se ha incrementado”.
“Los puertorriqueños no están preparados para este sistema, allí el gobierno cubre muchos de los costos que aquí se pagan y los salarios no alcanzarían para costear todas las contribuciones”.
“Solo pienso como una persona que vive en una casa en una barriada podrá costear las contribuciones para costear los gastos gubernamentales”, concluyó el inocente amigo.
Escuché el discurso del desencantado amigo al enfrentar una realidad, la Luna no es de queso ni se come con melao, mucho menos los perros se amarran con longaniza ni las chinas se cambian por botellas.
El discurso anexionista en Puerto Rico vende un sueño ilusorio basado en una lluvia de millones que no se materializará. Un estado ni siquiera recibe la bonanza de milloncitos que la colonia recibirá ahora a consecuencias de los estragos dejados por el paso del huracán María. Los estados deben ser autosuficientes, autosustentables y autonómicos por eso tienen doble soberanía, la estatal, que pone freno a la soberanía federal que cobija a los estados y territorios.
La anexión es un proceso complejo. Todos los estados han pasado por un periodo de ajuste que llaman territorio incorporado que no tiene otro fin que obligar al potencial candidato a organizar su sistema contributivo acorde a las exigencias federales, autosuficiencia.
Los estados tienen cuatro sistemas de gobierno y un sistema educativo municipal cuyos gastos se sostienen a base de las contribuciones, ya sean estas salariales, sobre los productos (IVU) o la propiedad. Además de esto, existen otros gastos que se le suman a la factura para costear el mantenimiento de carreteras, sistemas pluviales, recogido de basura, limpieza de nieve, recogido de escombros, reciclaje, etc. (la lista es interminable).
Usualmente el gobierno federal deduce sus impuestos del salario, igual pasa con algunos estados y ciudades. La mayoría de los estados cobran impuestos por la venta y compra de productos, llamado IVU en Puerto Rico.
Además de esto, todos los estados cobran impuestos sobre la propiedad para costear los gobiernos municipales, de los condados y el sistema escolar que es municipal.
Sorpresivamente, mi amigo desconocía que en Puerto Rico todas las propiedades pagan contribuciones, solo que los dueños de casa pueden solicitar una exención sobre su hogar principal, pero pagan por las mejoras que hagan. Tengo una amiga que ahora está pagando la friolera suma de $2,400 en contribuciones anuales sobre su hogar porque en su área la mayoría de las casas tiene piscina y la de ella fue incluida, aunque no tiene. La explicación que le dieron fue tan inverosímil que no vale la pena contarla, el caso está en los tribunales.
En Puerto Rico no se hace una reevaluación del costo de la propiedad desde la sexta década del siglo pasado, en otras palabras, con excepción de las propiedades construidas desde los 1980, la mayoría de las construcciones están tasadas por debajo de su costo actual. Debemos recordar que la gran explosión del desarrollo urbano ocurrió entre 1955 y 1975.
Los gobiernos de turno han evitado hacer una tasación generalizada porque saben que esto les costará votos. Esta táctica política sería imposible si los puertorriqueños deciden integrarse a la Unión.
No existe mucha diferencia entre el gobierno estatal y el embeleco que llamamos Estados Libre Asociado de Puerto Rico. Administrativamente ambos gobiernos funcionan de la misma manera, con la diferencia que aquí no se pagan contribuciones federales, se protege el hogar principal y se reciben ayudas federales, que para los estados son inaccesibles.
La colonia se ha malacostumbrado a las falsas promesas y a soñar con pajaritos preñaos. El Partido Nuevo Progresista no tiene en su agenda la educación del pueblo sobre los costos reales y las implicaciones de la anexión porque hacerlo significaría enfrentar la dura realidad, estadidad es sinónimo de pagar, pagar y pagar.
Los costos de la estadidad son igual de altos que los de la independencia, con la diferencia de que, en la primera, la palabra final la tendrían otros y no nosotros.
Busquemos respuestas verdaderas. Es importante educar a los puertorriqueños sobre sus responsabilidades y lo que implica el final del coloniaje en términos políticos, económicos, sociales y culturales.
Debemos estar claros que el Congreso tiene en su haber la decisión final sobre el estatus. Existen movimientos en favor de la anexión entre el ala neo progresista del Partido Demócrata para asegurarse el control absoluto del Senado federal. Este movimiento es similar al que nos impuso la ciudadanía estadounidense en 1917.
La ciudadanía estadounidense fue impuesta bajo el mandato del presidente demócrata Woodrow Wilson cuando ambas cámaras legislativas eran demócratas, el Senado presidido por Thomas R. Marshall (D) y la Cámara de Representantes por Champ Clark (D). La famosa Ley Jones- Shafroth, firmada el 2 de marzo de 1917, fue una manipulación demócrata impulsada por intereses estadounidenses que se preparaban para el conflicto bélico mundial.
¿Observan alguna similitud? Los demócratas, al igual que los republicanos, buscan perpetuarse en el poder, sin importar los medios. Puerto Rico es una pieza más en el tablón del juego político estadounidense. Es importante mantenernos atentos y prepararnos para maquinaciones futuras que determinarán el futuro del archipiélago borincano sin contar con el aval de todos los puertorriqueños.