Hace ya siete años señalamos que de acuerdo con una de las leyes de la dialéctica materialista, los grandes cambios cualitativos siempre han estado precedidos de numerosos cambios cuantitativos. Estos últimos en muchas ocasiones se desarrollan de manera casi imperceptibles; los primeros siempre llaman la atención. De ahí que cuando se produce un cambio cualitativo, en la mayoría de los casos nos sorprenda preguntándonos cómo ha sido posible llegar al mismo sin percatarnos de su eventualidad.
Los cambios cualitativos constituyen importantes hitos en el desarrollo de las relaciones sociales, políticas y económicas. Impactan la historia con tanta fuerza que sus efectos suelen medirse a través de generaciones hasta que otros cambios de igual contenido y naturaleza ocupen un nuevo escenario histórico. Esta reflexión fue la hicimos en momentos en que se anunciaba al mundo aquel 17 de diciembre de 2014 los pasos dados por los principales dirigentes de Cuba y de los Estados Unidos, Raúl Castro y Barack Obama, anunciando el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
A raíz del triunfo de la Revolución Cubana, diversas medidas de naturaleza económica y política adoptadas por el nuevo Gobierno Revolucionario llevaron al deterioro de las relaciones entre Estados Unidos de América y la República de Cuba, provocando la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos a partir de enero de 1961. A partir de este evento, le siguieron otras medidas de naturaleza económica y militar con las cuales Estados Unidos pretendía someter la voluntad de lucha del pueblo cubano y revertir el proceso revolucionario iniciado.
Entre las medidas económicas, efectivo a las 12:01 de la mañana del día 7 de febrero de 1962, el gobierno de los Estados Unidos de América tomó la decisión de imponer sobre la República de Cuba un embargo de sus bienes financieros dentro del territorio estadounidense y de bloqueo económico contra el país.
Las medidas de bloqueo establecidas por el gobierno de Estados Unidos a lo largo de más de medio siglo, además de violar la legalidad internacional, conllevaron para la República de Cuba efectos económicos que se calcula ascendían para el año 2017 a más de 116,800 millones de dólares; mientras que las multas impuestas por los Estados Unidos a entidades que habían mantenido relaciones con Cuba sobrepasaban la suma de 11,500 millones de dólares.
La discreción con la cual contó en un momento el Presidente de Estados Unidos para levantar totalmente las sanciones económicas contra la República de Cuba, quedó limitada mediante la Ley para la Democracia en Cuba (Ley Torricelli) de 1992 y la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática (Ley Helms Burton) de 1996.
Resulta del todo contradictorio que estados políticos con sistemas económicos diferentes al sistema económico de los Estados Unidos, particularmente países con los cuales este último sostuvo profundas discrepancias de naturaleza política, económica, ideológica y militar como son los casos de la República Popular China y la República Socialista de Vietnam; a pesar de ese pasado conflictivo, hoy el gobierno de los Estados Unidos sostiene relaciones políticas, comerciales y diplomáticas plenas, con beneficio común con cada uno de dichos Estados, habiendo normalizado sus relaciones.
El diferendo político entre los Estados Unidos y la República de Cuba al presente, constituye un resabio de la Guerra Fría ya concluida desde finales del pasado siglo entre las principales potencias a escala global. El discurso oficial que el gobierno de los Estados Unidos ha articulado hacia Cuba desde la década de 1960,luego de seis décadas sigue sosteniéndose en la histeria anti comunista típica de la era el macartismo en dicho país.
La normalización de las relaciones políticas, económicas, diplomáticas y comerciales anunciado en el año 2014 fue un paso positivo en el desarrollo de ambos Estados y ciertamente de beneficio recíproco para ambos pueblos. Fue, además, un paso importante en la distensión de los conflictos y en las aspiraciones de paz para la región. Se trató de un cambio cualitativo en la historia, constituyendo posiblemente el evento de mayor significado en las relaciones entre ambos pueblos en más de medio siglo.
Los asuntos negociados por ambos gobiernos, con la intervención como mediador de su Santidad el Papa Francisco y el apoyo en dicha gestión del gobierno canadiense al facilitar su territorio para el desarrollo de las negociaciones, incluyeron también un acuerdo para la excarcelación por parte de la República de Cuba del prisionero estadunidense Allan Gross, ex funcionario de la USAID y de otro prisionero acusados y condenados por actos contra la seguridad del Estado cubano; así como por la parte estadounidense, de los prisioneros políticos cubanos en cárceles de los Estados Unidos Antonio Guerrero Rodríguez, Ramón Labañino Salazar y Gerardo Hernández Nordelo.
Era para muchos la esperanza que este paso inicial, pero significativo en las relaciones entre ambos Estados, marcara la etapa final en un proceso de normalización absoluta de las relaciones entre ambos países y contribuyera al fortalecimiento de los lazos de amistad y solidaridad entre ambos pueblos. Confiamos entonces en que el paso dado sirvieran de base y experiencia a ambos países para crear el clima necesario que les llevara a un total y absoluto restablecimiento de relaciones políticas, que a su vez, condujera a la eliminación de todas las sanciones establecidas por los Estados Unidos al gobierno de la República de Cuba, poniendo así final al Bloqueo impuesto desde el año 1962.
A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos por voz de su presidente indicó no renunciaba a forzar por otros medios cambios políticos en Cuba; en el proceso reconoció que los medios que históricamente había utilizado su país para impulsar los mismos, sencillamente no habían funcionado. Si bien el propósito central en la agenda de la Administración Obama hacia Cuba se mantuvo incólume, insistiendo en cambios en sus instituciones, a partir de los anuncios, ambas partes dieron pasos adicionales de acercamiento, incluyendo en el caso de los Estados Unidos, flexibilizar algunas restricciones impuestas a sus propios ciudadanos como parte de su política hacia Cuba.
Con la llegada de Donald Trump a Casa Blanca se inicia un proceso de reversión de los cambios impulsados por el gobierno de los Estados Unidos durante la Administración Obama. Durante los cuatro años de su mandato, entre otras medidas, Trump intervino: (a) limitando los viajes de estadounidenses a Cuba; (b) limitando y obstaculizando el envío de remesas económicas desde los Estados Unidos a residentes en Cuba, incluyendo el cierre de más de 400 oficinas de Western Union; (c) adoptando medidas dirigidas a afectar la inversión extranjera en Cuba por parte de empresas acogidas a la “Ley de Inversión Extranjera en Cuba”, prohibiéndoles transacciones con el Banco Financiero Internacional de Cuba e incluyendo a dicha entidad en la lista de empresas cubanas con las cuales los estadounidenses no pueden hacer negocios; (d) estableciendo una prohibición a ciudadanos estadounidenses que viajaran a Cuba de alojarse en hoteles cubanos propiedad del Estado; (e) prohibiendo la llegada de cruceros, propiedad de o que partieran de, los Estados Unidos hacia Cuba; y la peor, que en el pasado ya se tuvo y se había derogado, (f) incluir a Cuba en una lista que compartiría con la República Popular Democrática de Corea, la República Árabe de Siria y la República Islámica de Irán, como “Estados que promueven el terrorismo.” Esta medida permite la aplicación adicional de sanciones económicas y políticas a Cuba.
Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, se comenta que se iniciaría un nuevo giro de timón por parte de su administración en torno al tema cubano. Los medios de comunicación han recogido declaraciones escuetas y sin mayores detalles de parte de su Secretaria de Prensa, Jen Psaki, a los efectos de que la administración entrante se formula la necesidad de “una nueva política hacia Cuba.” Tal política, se señala, estaría orientada por dos principios: primero, “el apoyo a la democracia y los derechos humanos”, que ha sido el discurso oficial de los Estados Unidos, sobre todo a partir de la Administración de Jimmy Carter; y segundo, el argumento de que los cubanos residentes en los Estados Unidos, “son los mejores embajadores de la libertad en Cuba.”
Algunos medios noticiosos se han aventurado a señalar posibles cambios en la política de los Estados Unidos hacia Cuba, entre ellos: (a) permitir el envío de remesas; (b) eliminar la prohibición de vuelos directos y la llegada de cruceros hacia Cuba; (c) la reapertura de consulados; (d) reestablecer la política de intercambio “people to people”; y (e) restablecer los llamados “Viajes de enriquecimiento cultural”, que facilitaban los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.
Durante su campaña electoral, al referirse al impacto o a la efectividad de las medidas de Trump, Biden señaló que con este Cuba no estaba “más cerca de la libertad y la democracia que hace cuatro años.”
A la hora de formular un juicio crítico sobre la postura oficial de los Estados Unidos hacia Cuba, ciertamente podemos afirmar que no ha habido una rectificación histórica sustantiva. Como antes indicamos, incluso el presidente Barak Obama al implantar sus cambios en la política de su administración hacia Cuba, hizo claro que el objetivo de las nuevas medidas promovidas por su Administración sería alcanzar los mismos objetivos históricos, aunque por otros medios.
Ante el resultado de las elecciones, la jura de Joe Biden y las expresiones hechas a partir de la misma, el gobierno de Cuba ha asumido una posición de extrema cautela. Como hemos indicado antes, es más fácil destruir que construir, y en este caso, hablamos de reconstrucción de la política estadounidense hacia Cuba al menos revirtiéndola al estado que se encontraba previo a Donald Trump. De ahí que la posición del gobierno cubano al presente, se inscriba en el mismo cuidado observado antes por parte de sus funcionarios ante el anuncio del restablecimiento de relaciones. Su presidente, Miguel Díaz-Canel, ha indicado: “Creemos en la posibilidad de una relación bilateral constructiva y respetuosa de las diferencias.”
De acuerdo con el ex embajador cubano ente la Unión Europea, Carlos Alzugara, algunos de los nombramientos hechos por la Administración Biden tendrán importancia en cuál ha de ser esa “nueva” política hacia Cuba. Para ello se refiere a la participación de funcionarios de la Administración Obama en lo que fue el manejo de los acuerdos y negociaciones con Cuba y que hoy figuran en el equipo de trabajo del presidente Biden. Menciona entre ellos a Alejandro Mayorkas, nacido en La Habana y nombrado Asesor de Seguridad Nacional; a Anthony Blinken, nombrado Secretario de Estado; y Samantha Power, nombrada a la dirección de USAID. Alzugara nos recuerda, además, el viaje hecho por la esposa de Biden a Cuba en el año 2016.
Por otra parte, analistas sobre las relaciones cubano-estadounidenses como Jesús Arboleya Cervera y Rafael González Morales, también se han expresado recientemente sobre el tema. Así las cosas, en la edición del pasado 31 de enero de 2021 de la página electrónica Progreso Semanal, Arboleya Cervera indica su sentir en torno a lo difícil que será para Biden “revisar las más de 200 sanciones impuestas por el gobierno de Trump”; aunque también considera que no será necesario hacerlo una a una, sino “establecer un marco general que las elimine de facto”, ello a partir de las directrices generales elaboradas bajo la Administración Obama y los “22 acuerdos de mutuo interés aún vigentes.” Para Arboleya Cervera, en esta ocasión intervienen otros factores a considerar que no estaban presentes bajo Obama. Estos son la pandemia de la COVID-19; la credibilidad de la política exterior estadounidense, la que se ha visto lacerada más recientemente demostrando “su fragilidad frente a coyunturas políticas”; y el nuevo entorno latinoamericano y caribeño en desarrollo, lo que a su juicio, “limita el peso de sus iniciativas políticas.”
González Morales, por su parte, señala en su lectura de la situación, que existe “una clara intención de destacar que la política hacia Cuba está comprendida dentro de las áreas de seguridad nacional” de Estados Unidos; lo que entiende significa rebasar “la visión estrecha y politizada de que Cuba es un asunto de política interna que está anclada en el Sur de la Florida.” A partir de lo anterior, González Morales concluye que el gobierno de los Estados Unidos bajo Joe Biden, procurará un enfoque a tono con lo que serán los intereses de seguridad nacional de los cuales parta el nuevo gobierno. Para él, esto no es negativo en sí mismo; sino que puede abrir paso a una nueva política basada en “costos-beneficios y apegada a una interpretación seria y responsable de los intereses nacionales de Estados Unidos” en el que finalmente los Estados Unidos reconozca, aún dentro de las diferencias, la necesidad del diálogo y la cooperación entre ambos países.
De otra parte, la página electrónica oncubanews.com del pasado 3 de febrero informa el nombramiento de Emily Mendrala como Subsecretaria Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. La página destaca también sus anteriores funciones como Directora de Asuntos Legislativos del Consejo de Seguridad Nacional y Asesora Especial en Asuntos Cubanos, posición que antes ocupó en relación a Centroamérica. Señala la publicación que Mendrala también dirigió el Centro para la Democracia en la Américas y fue alumna en la Universidad John Hopkins del ex jefe de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana durante los años 1979-1982. Es considerada como una experta en asuntos cubanos, por lo que se espera sea una funcionaria que jugará un papel de importancia en el diseño de la política que hacia Cuba elabore el nuevo presidente de los Estados Unidos.
Finalmente, es significativo también las expresiones hechas por la Secretaria de Prensa del presidente Biden, Jen Psaki, indicando lo siguiente:
“Estamos revisando las políticas de Trump en varios temas de seguridad nacional para asegurarnos que nuestra visión se ajusta a eso. Vamos a marcar nuestro propio camino.” (Énfasis suplido)
Cual será ese camino, hacia dónde conduzca, cuáles han de ser los obstáculos y cuanto tiempo tome recorrerlo entre otros elementos de incertidumbre, es la gran incógnita. En lo que no debe haber dudas es que la política de los Estados Unidos, tal y como la entendió y aplicó Donald Trump bajo su mandato, no será igual. Los cambios, sin embargo, en apariencia o realidad, están por verse.