Los acreedores de Wall Street de la deuda pública de Puerto Rico están poniendo los ojos en los bienes raíces de las agencias deudoras del gobierno.
Eso es lo que refleja una una moción de Ambac Financial Group en el tribunal federal, una aseguradora de bonos municipales, solicitando autoridad legal para exigirle los documentos necesarios para identificar las propiedades inmuebles de seis agencias gubernamentales.
Conforme a su petición, los acreedores están imposibilitados de evaluar el estado financiero del gobierno central sin tomar en consideración las propiedades de las agencias del gobierno, y es por eso la razón de la moción.
También, según una crónica de Abner Dennis en el medio digital Littlesis, Ambac solicita en la moción la potestad para pedirle a esas seis agencias que designen a un representante para que comparezcan a un interrogatorio respecto a las propiedades.
La moción está relacionada con las negociaciones entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los acreedores, particularmente los fondos buitre, para lograr un acuerdo que sirva de base al plan de ajuste, último paso para salir de la quiebra.
La JSF anunció que logró un acuerdo con un grupo de bonistas el 9 de febrero, pero que todavía continúa en negociaciones con otras partes, incluyendo a las aseguradoras de bonos, para integrarlos al nuevo plan de ajuste.
Ambac todavía no es parte del acuerdo, pero su movida pudiera muy bien ser un anticipo para aumentar los recursos de cobro de los acreedores, mediante mayores presiones de pago al gobierno de Puerto Rico, se indicó.
Siendo Ambac una de las partes más litigantes en el proceso de quiebra, en mayo 2020 demandó a la JSF con el argumento de que la ley Promesa viola la cláusula de quiebra de la constitución de los Estados Unidos, que establece que el Congreso tiene la potestad de aprobar leyes de quiebra que sean uniformes para todos sus territorios.
Su ofensiva acerca de las propiedades inmuebles del gobierno se remonta a octubre de 2019 cuando presentó su moción en el tribunal federal para solicitar que la JSF y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) divulgaran los documentos necesarios para identificar las propiedades públicas.
Luego de múltiples entregas de documentos y de reuniones con funcionarios de Aafaf, Ambac concluyó que existen seis agencias gubernamentales de alto interés cuyos documentos no le fueron entregados: Administración de Terrenos; Autoridad de Carreteras y Transportación; Autoridad de Edificios Públicos; Autoridad de Tierras; Compañía de Fomento Industrial y Departamento de Transportación y Obras Públicas.
Para hacer un análisis del valor de algunas de las propiedades del gobierno, se indicó que Ambac contrató a Christiansen Commercial Real Estate, una firma de corredores de bienes raíces.