El tema del aborto ha dividido a la familia dominicana y de paso fricciones entre los diferentes actores políticos, incluyendo a legisladores y otros sectores del país que se han manifestado a favor y en contra del polémico caso, mientras llueven las presiones sobre el gobierno para que adopte una posición coherente al respecto.
Las discrepancias fundamentales se observan entre las iglesias que piden la prohibición del aborto y las organizaciones feministas que abogan para que se despenalice la interrupción del estado de gravidez en tres causales.
Las tres causales son las siguientes: Cuando el embarazo es producto de una violación o incesto; que la vida de la madre esté en peligro; y que el feto tenga una malformación congénita incompatible con la vida extrauterina.
La decisión final de este conflicto está en la cancha del Congreso Nacional, donde permanece un proyecto de modificación a varios artículos del Código Penal Dominicano. Congresistas de los distintos bloques políticos no tienen aún una postura consensuada en torno a esa situación, aunque ya se ven señales de que la decisión final se inclinaría hacia los reclamos de las entidades religiosas.
Ante ese percance, organizaciones cristianas y de la sociedad civil convocaron a una marcha a desarrollarse el 27 de este mes para que en el proyecto de reforma al Código Penal no se incluyan las tres causales que despenalizan la muerte fetal en el país, como demandan grupos feministas y otros sectores que exigen el respete al derecho que tiene la mujer consagrado en la Constitución.
En tanto que representantes de algunas provincias se mantienen, desde hace cinco días, acampando frente al Palacio Nacional exigiendo que se incluya en el nuevo Código Penal la interrupción del parto con sus tres causales.
Los manifestantes advirtieron que no se retirarán del lugar hasta que se apruebe esta medida, alegando que no permitirán que se promulgue una ley “que viole los derechos constitucionales a la vida, la salud y la integridad de las niñas y mujeres”.
La protesta la integran damas de la Federación de Los Llanos, un grupo de jóvenes de San Cristóbal, y una delegación de San Francisco de Macorís, de las regiones este, sur y noreste.
Las reclamaciones se producen tras la aprobación de un informe por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en el que recomienda mantener la penalización del abortamiento, sin excepciones.
En una acción curiosa, estas organizaciones feministas las enfrentan un grupo de mujeres que responden a las corrientes religiosas aupadas por la Iglesia católica y las evangélicas.
Con el grito “República Dominicana es provida”, esta coalición también se instaló este martes frente al Congreso Nacional para anunciar la “Caravana celeste por la vida”, que se efectuará este 27 de marzo en el Estadio Quisqueya y después desplazarse en vehículos hasta la sede del parlamento.
Damaris Patrocinio, presidente del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi), destacó que el desfile es una iniciativa cuyo propósito es celebrar el “Día del Niño por Nacer”, a la que invitó al pueblo dominicano a unirse en una sola voz a ese movimiento.
Considera que “las causales son la puerta para la aprobación del aborto libre y que es un negocio que mueve millones de dólares a nivel mundial, donde la principal víctima es la mujer”.
Entre los grupos participantes, además de Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia se encuentran, Juventud con una Misión (Jucum), que es un movimiento internacional de voluntarios cristianos de diferentes trasfondos, culturas y tradiciones religiosas, dedicados a servir a Jesús en todo el mundo; Acción Cristiana, Familia Sana, Latidos Provida, Colectivo de Abogados en Defensa de la Vida y de la Constitución, República Dominicana Defiende, Comisión nacional Pastoral Juvenil, Dominicanos por la Vida, Alianza Vitae.
También, Médicos por la Vida, Twiteros por la Vida RD, Matrimonio Feliz, Pronación, entre otras. Así mismo, La Batalla de la Fe, Consejo de Unidad Evangélica (Codue), Mesa del Diálogo, Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (Conacope), Red Pastoral, Red Internacional de Iglesias Shekinah y la Iglesia Católica en Pleno.
La postura del gobierno local frente a estas contradicciones la asumió designando a una comisión de juristas que sometieron algunas observaciones al Código Penal, aunque no revelaron detalles sobre su contenido.
El 26 de diciembre del 2020, el presidente dominicano, Luis Abinader, dijo que desde hace mucho tiempo ha pensado que, aunque está en desacuerdo con el aborto libre, sí piensa que debe haber causales que permitan la interrupción.
En iguales términos se pronunció el entonces mandatario Danilo Medina, el 26 de diciembre del 2016, cuando objetó la reforma aprobada el 15 de diciembre para reformar el Código Penal, la que se volvió a penalizar de forma absoluta todo fracaso del estado de preñez.
Un estudio publicado en el 2013 por la entidad no gubernamental Profamilia reveló que en República Dominicana pueden ocurrir 90 mil abortos al año y se estima que uno de cada cuatro engendros termina interrumpido,
Estimó preocupante la proliferación del acoso sexual y citó algunas investigaciones que indican que el 40% de las universitarias han sido las víctimas de esa realidad, mientras que en las empresas públicas es 31.9% y en las privadas 31.4%.
Otro estudio divulgado en el 2020 por la Oficina Nacional de Estadística precisa que en la nación caribeña, tres de cada cuatro cuadros de gestación en adolescentes, no son intencionales.
Algo que los grupos feministas argumentan es que la prohibición del aborto solo se aplica a las mujeres de clase baja y media, no así a las damas que pertenecen a estratos adinerados.
Reclamo de la Finjus
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó observaciones al proyecto de nuevo Código Penal que se discute en esa Cámara de Diputados. A la institución, dirigida por el abogado Servio Tulio Castaños Guzmán, le sorprende que los legisladores no incluyan el aborto cuando está en riesgo la vida de la mujer
Destaca que esas observaciones resultan necesarias a fin de lograr una configuración adecuada de ciertos tipos penales.